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Tribunal federal en Hato Rey. (GFR Media/Archivo)

En un claro indicio de que el proceso conducente a renegociar la deuda de la isla no se ha detenido a pesar de los estragos causados por el huracán María en Puerto Rico, la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, consolidó procesalmente las cinco peticiones de bancarrota que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha presentado en nombre del gobierno invocando el Título III de la ley federal PROMESA.

De igual forma, Swain permitió a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cancelar sus obligaciones contractuales con la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) y acogió la decisión del inversionista Interamericas Turnkey de retirar una demanda contra la JSF. Mientras, la jueza fijó para enero de 2018 la audiencia en que escuchará los argumentos de la Unión Independiente de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y el fondo de inversiones Aurelius Management, entidades que reclaman por separado la inconstitucionalidad del organismo que controla las finanzas públicas de la isla.

Luego de que el huracán María embistiera a Puerto Rico el pasado 20 de septiembre y Swain suspendiera la audiencia general del pasado 4 de octubre, la radicación de mociones y la toma de decisiones por parte de Swain, así como de la magistrada Judith Dein, pareció detenerse.

Sin embargo, la semana pasada, las diversas partes que intervienen en los casos de Título III, así como las juristas, parecieron retomar los trabajos del complejo proceso de ajuste de cuentas, parecido al remedio de bancarrota al que tienen acceso condados y ciudades en todo Estados Unidos.

El pasado viernes, Swain determinó que actuaba en los mejores intereses de Puerto Rico y las demás partes al consolidar para efectos de trámite y procesal, las peticiones de bancarrota del gobierno central, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Administración de los Sistemas de Retiro (ACT), la AEE y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Hasta antes de la decisión de Swain, los casos de Título III se consideraban consolidados, pero solo para efectos administrativos. En síntesis, la decisión implica que cualquier remedio o fallo que se tome podrá incidir en otros emisores de deuda o sus acreedores.

La decisión se produjo el pasado viernes, cuando Swain también permitió que el inversionista Interamericas Turnkey, que buscaba frenar la reducción de la jornada laboral que instruyó la JSF como medida de ahorros para el fisco, y dio su visto bueno a que la AEE anule sus contratos con Pridco.

Viva la demanda RICO

“El arrendamiento de Pridco, queda por este medio, rechazado al 12 de septiembre de 2017”, indicó Swain al dar paso al pedido de la AEE.

El visto bueno que recibió la AEE para cancelar el contrato con Pridco, sienta las bases para que la utilidad pública -que en esencia, se encuentra inoperante porque no ha podido restablecer su red eléctrica desde hace casi tressemanas- también pueda recibir el aval de Swain a otro procedimiento separado que presentó la corporación pública para cancelar o renegociar los contratos pactados con sobre una veintena de generadores de energía solar con los cuales mantenía acuerdos de compra de energía.

Sin embargo, la utilidad pública no pudo zafarse del litigio que incoaron varios de sus abonados, encabezados por Ismael Marrero Rolón, Anne Catesby Jones y otros, quienes hace dos años demandaron a la AEE y a varios de sus suplidores. Los abonados alegan que estos habrían cometido fraude al idear un plan para que la corporación pública comprara millones de barriles de combustible que no cumplían con la normativa de la Agencia federal de Protección Ambiental. Los demandantes reclaman violaciones a la ley federal de enriquecimiento ilícito (RICO, en inglés).

En ese caso, Swain determinó acoger una estipulación entre los demandantes y la AEE, para levantar la suspensión automática de litigios que provee PROMESA. Pero ello, únicamente para que la AEE pueda responder a los planteamientos relacionados con la certificación de la clase demandante.

Procedimientos en Nueva York

Si bien Swain ha continuado con el manejo de los casos de Título III, al parecer ante los estragos causados por el huracán María en Puerto Rico, varias de las audiencias y vistas judiciales que se avecinan se darán en la corte del Distrito Sur de Nueva York.

Tras el azote del huracán, y a pesar de haber transcurrido casi tres semanas desde el paso del fenómeno atmosférico, la isla se encuentra esencialmente incomunicada y la corte de distrito federal de Puerto Rico no ha abierto sus puertas al público, tras haber recibido daños físicos.

Uno de esos casos a verse en Nueva York será la audiencia para dirimir los reclamos de la UTIER y Aurelius Management.

Swain determinó que el próximo 3 de noviembre será la fecha límite para que todos los interesados presenten sus argumentos a los recursos incoados por la UTIER y Aurelius. Ambas entidades solicitan a la jueza que declare inconstitucional la JSF y el plan fiscal que busca implementar. Ello, porque según alegan el sindicato y el fondo de inversiones, los integrantes de la JSF fueron nombrados por el presidente de los Estados Unidos sin haber recibido el consentimiento del Senado de Estados Unidos.

Swain pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que presente sus argumentos no más tarde del 6 de noviembre próximo y el ministerio público tendrá otros 30 días para contestar argumentos de otras partes. El caso de Aurelius y la UTIER se verá el 10 de enero de 2018, en la ciudad de Nueva York.


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