Emilio Colón-Zavala, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares. (GFR Media)

Si el Senado hubiera celebrado hoy la vista de confirmación de Pedro Pierluisi, la Cámara alta habría tenido ante sí una nominación respaldada por al menos dos de las principales asociaciones empresariales de Puerto Rico, las cuales insistieron en la urgencia de poner fin al cuadro de inestabilidad que la crisis de gobernanza de la isla supone para la sociedad y la actividad económica.

Empero, dicho respaldo ahora solo queda en papel, pues será la Judicatura la que esta tarde comenzaría el proceso para determinar si la juramentación del excomisionado residente como gobernador es cónsona con la Constitución.

Ello, tras el pedido de sentencia declaratoria e interdicto que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó ayer en el Tribunal de Primera Instancia y que persigue invalidar la juramentación de Pierluisi como gobernador. Si ello no procede, Rivera Schatz solicitó al Tribunal que declare como inconstitucional la Ley 7 de 2005. La ley 7 de 2005 enmendó la Ley 7 de 1952 que estableció el orden de sucesión y sustitución para el cargo de gobernador inconstitucional.

“Hemos dado el espacio necesario para la reflexión, pero es hora de tomar decisiones firmes que nos reenfoquen como sociedad para retomar los trabajos productivos iniciados hacia la reconstrucción de Puerto Rico. Asimismo, es responsabilidad de las diversas ramas de gobierno dar estabilidad a nuestras instituciones y devolver la calma a la ciudadanía”, reza la carta suscrita por el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Carlos M. Rodríguez.

La carta de Rodríguez con fecha del 1 de agosto y dirigida a los presidentes legislativos, dio un espaldarazo a Pierluisi, describiéndolo como una persona con “amplia experiencia” tanto desde sus roles previos en la comisaría residente y la secretaría de Justicia como abogado en la práctica privada.

“Sus pasadas experiencias profesionales y en gobierno le cualifican para ocupar la posición del departamento de Estado y asumir el cargo de primer ejecutivo”, escribió Rodríguez al tiempo que advertía que se necesitaba “un punto final” en “el mando y dirección del gobierno”.

“De lo contrario, nos veremos inmersos nuevamente en más protestas masivas que seguirán abonando a una proyección internacional de inestabilidad en nuestro gobierno”, agregó el ejecutivo.

En términos similares y en una carta separada, se expresó Emilio Colón-Zavala, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares.

“Es esencial que se restituya la credibilidad y confianza en la dirección del gobierno de Puerto Rico, en momentos en que nuestro pueblo necesita y merece que se agilice y se completen los procesos necesarios para la implantación de los controles necesarios para comenzar la operación de los programas federales de reconstrucción y recuperación, que viabilizarán la rehabilitación y construcción de vivienda, la edificación de la infraestructura y la mitigación de retos ambientales, críticos para la recuperación social y económica que nuestra población merece”, indicó Colón-Zavala.

En la carta de respaldo a Pierluisi, Colón-Zavala pidió a los legisladores anteponer “el interés público de Puerto Rico de lograr estabilidad y certeza en su gobierno, sobre cualquier interés personal inmediato”, y a proceder con el análisis del excomisionado residente con el rigor que requiere el proceso legislativo.

La Asociación de Agricultores también se expresó a favor de Pierluisi.

En tanto, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) decidieron no expresarse por escrito sobre la designación de Pierluisi.


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