La jueza Laura Taylor Swain. (GFR Media) (semisquare-x3)
La jueza Laura Taylor Swain. (GFR Media)

En nombre de casi 100,000 empleados públicos y educadores de Puerto Rico, la Federación Americana de Maestros (AFT, en inglés) y la Federación Americana de Empleados Estatales, Condados y Municipios (AFSCME) han acudido este jueves a la jueza Laura Taylor Swain para solicitar que se tome acción contra el gobierno ante el posible mal manejo de los ahorros que los trabajadores han acumulado para la jubilación.

En un proceso adversativo bajo los casos de Título III, la AFT y AFSCME han solicitado a Swain que emita un interdicto contra la administración de Ricardo Rosselló y una sentencia declaratoria en la que se establezca que el gobierno puertorriqueño ha incumplido con la Ley 106 de 2017. El estatuto aprobado por la actual administración requería que el Ejecutivo protegiera y custodiara por separado el dinero que cada empleado público aporta para su jubilación, pero el gobierno no ha cumplido con ello.

Ambos sindicatos reclaman al menos $300 millones, así como el rendimiento por intereses que los empleados públicos debieron haber recibido si sus respectivas cuentas de retiro se hubieran invertido en el mercado de valores.

“Hoy estamos tomando esta acción legal porque la indiferencia del gobierno y de la Junta (de Supervisión Fiscal o JSF) hacia los trabajadores de Puerto Rico constituye una violación de ley y un ataque vergonzoso en contra de su libertad de jubilarse con dignidad”, indicó en declaraciones escritas, Lee Saunders, presidente de AFSCME.

“Un año después de que el huracán María azotara y devastara a Puerto Rico, los maestros siguen realizado innumerables sacrificios para proteger a sus hijos y a sus salones de clase. Durante ese año, los inversionistas, banqueros y bonitas han protegido gran parte de sus propios intereses. Mientras tanto, los maestros creyeron que sus fondos de retiro también estaban siendo protegidos e invertidos de manera justa, como prometía la ley. Estaban equivocados”, dijo por su parte la líder de los educadores agrupados en la ATF, Randi Weingarten.

A juicio de los líderes, la JSF es responsable de los daños que experimentan los empleados públicos, pues el organismo federal no ha procurado que el gobierno separe el dinero que cada quincena se saca del cheque de estos trabajadores.

El año pasado, el gobierno aprobó la Ley 106 con dos propósitos. El primero era asegurar el pago de las pensiones bajo el sistema“PayGo” y el segundo fin de la ley era crear un plan de contribución definida, donde cada trabajador tendría una cuenta individual y a esta se transferiría el dinero que se retiene a los trabajadores.

Empero, dichas cuentas no han sido creadas y al presente, el dinero que se retiene a los trabajadores que se integraron al gobierno a partir del año 2014, parece estar mezclado en las cuentas del gobierno central y depositado en Banco Popular sin devengar intereses.

El reclamo de la AFT y AFSCME solo abarca el dinero que debió custodiarse por la Ley 106, lo que sería separado del resto de las aportaciones que otros trabajadores hicieron y que se extinguió en la Administración de los Sistemas 


💬Ver 0 comentarios