Marrero indicó que la iniciativa formará parte de la asignación de $8,200 millones para reforzar a Puerto Rico como destino de inversión bajo el programa federal de Zonas de Oportunidad. (Ramón “Tonito” Zayas)

Omar Marrero, director de la Oficina de Recuperación y Reconstrucción (COR3), confirmó ayer que el Departamento del Tesoro avaló la intención de que un ente no gubernamental maneje el desembolso de $400 millones de fondos CDBG-DR que se usarían para establecer un fondo de préstamos rotativos.

Tal programa formará parte de la asignación de $8,200 millones en fondos CDBG que está aprobada y tendría el fin de reforzar el atractivo de Puerto Rico como destino de inversión bajo el programa federal de Zonas de Oportunidad (OZ, en inglés), indicó Marrero. Otros $400 millones se destinarían a apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura, mencionó.

El concepto está aprobado, estamos creando la estructura para hacerlo y hay detalles por finiquitar”, resumió Marrero sobre las negociaciones, que incluyeron reuniones del funcionario en Washington D.C. la semana pasada.

“Está el concepto de contar con una junta asesora que tenga el peritaje y podamos confirmar qué actividades elegibles redunden en el mejor desarrollo económico y se le pueda dar credibilidad al proceso de selección”, abundó Marrero en entrevista con Negocios.

Sobre cuán rápido podría darse este y otros desembolsos de la asignación de $8,200 millones dado el clima de incertidumbre que permea en Puerto Rico, Marrero reconoció que “lamentablemente no depende de nosotros”. Sí recalcó que el plan está aprobado y resta el paso crítico de firmar el contrato de subvención.

Para aprovechar los beneficios del programa de OZ, los contribuyentes federales —sean individuales o corporativos— venden un activo que les genere una ganancia de capital. Si la reinvierten en 180 días o menos en un fondo de zona de oportunidad cualificado (conocido como QOF), difieren el pago de impuestos sobre esa ganancia. Los contribuyentes locales tienen iguales beneficios gracias a la Ley 21-2019 que replica los incentivos en la esfera local y se integró al Código de Incentivos.

Según Marrero, el mecanismo no gubernamental se limitaría, en principio, a las decisiones ligadas al mencionado programa de préstamos. Sin embargo, en el contexto de una petición de renuncia al gobernador Ricardo Rosselló, ayer la Asociación de Constructores recomendó el uso de un mecanismo similar para el manejo de todos los desembolsos.

“Ante un escenario falto de credibilidad, se debe considerar aceptar que el gobierno federal establezca una entidad para manejar los fondos de nuestra reconstrucción. Esta autoridad de reconstrucción debe contar con representación de todos los sectores y dar estabilidad a los procesos además de certeza a quienes participen de los distintos programas”, planteó el presidente de la ACPR, Emilio Colón Zavala, en la misiva pública a Rosselló.

Según Colón Zavala, la ACPR lleva desde diciembre de 2017 sugiriendo este mecanismo, que se considera una adaptación del grupo de trabajo encargado de la recuperación tras el huracán Sandy que devastó costas de Nueva Jersey y Nueva York.

En ese caso, las tareas de recuperación estuvieron lideradas por agencias federales, “con el apoyo de un grupo asesor compuesto por líderes estatales, tribales y funcionarios electos de las localidades más impactadas”, según se explica en un reporte del Congressional Research Service sobre la iniciativa que incluyó establecer una oficina de manejo de proyectos (PMP, en inglés) para manejar el flujo de trabajo y cumplimiento.

A raíz de investigaciones por mal uso de fondos y reclamos fraudulentos en Nueva York, el gobierno de la ciudad promulgó por ley un portal de transparencia (“Sandy Funding Tracker”) en el que se publica el monto de asignaciones por vecindario, su uso y contratos asociados.


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