El gobierno de Ricardo Rosselló tiene planes de convertir de petróleo a gas natural  las unidades #5 y #6 de la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica. (semisquare-x3)
El gobierno de Ricardo Rosselló tiene planes de convertir de petróleo a gas natural las unidades #5 y #6 de la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Washington - El reclamo a favor de una exención temporal en las normas federales de cabotaje, para el transporte marítimo de productos relacionados con la industria de energía o por lo menos de gas natural, es una evidencia de que los daños que causa esa legislación “van mucho más allá de la carga general”.

Según el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, la presión que avivan el gobierno de Ricardo Rosselló, líderes del Senado de Puerto Rico y la Junta de Energía de los Estados del Sur es un reconocimiento de que las normas de cabotaje también afectan adversamente el costo de la energía, tanto para el transporte de gas natural como hasta para “la gasolina que usamos a diario en casas y carros”.

Aunque no toman posición sobre los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para incentivar la producción de energía por medio del gas natural, Reyes Alfonso sostuvo que los esfuerzos estarán incompletos sin una exención “para todas las mercancías”. “Todas las exenciones han sido efectivas, lo cual obliga a concluir la necesidad de derogarlas por completo”, indicó.

Hizo referencia a la dispensa que tiene la industria de cruceros, que ha generado crecimiento en la isla. Por eximirse de las normas a barcos internacionales confiscados, dijo, también hay un buque que ofrece servicio de transporte de carga entre Houston (Texas) y Puerto Rico.

Además, Reyes Alfonso insistió en que la limitada exención de 10 días que el presidente Donald Trump otorgó después del huracán María sirvió de ayuda, pues “logró que al menos 10 barcos internacionales nos pudieran dar alivio en ese momento tan crítico”.

Las normas federales de cabotaje, basadas en la Ley Jones de 1920, exigen el uso de barcos propiedad, matrícula y tripulación estadounidenses, que son considerados los más caros.

En momentos en que el gobierno de Puerto Rico quiere convertir el uso de plantas eléctricas para la producción de gas natural, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, ha advertido que no hay suficientes barcos estadounidenses para transportar ese combustible desde puertos de Estados Unidos a Puerto Rico.

Funcionarios del gobierno de Puerto Rico tienen previsto discutir el tema este miércoles en la Casa Blanca, mientras la Junta de Energía de los Estados del Sur puede aprobar en su reunión del 16 al 18 de septiembre en Biloxi, Misisipi, una resolución que pide una orden ejecutiva de Trump que exima el transporte marítimo hacia Puerto Rico de productos de energía de las normas federales de cabotaje. La resolución también pide al Congreso una exención permanente.

En el plan de recuperación para Puerto Rico presentado al Congreso tras la devastación causada por el huracán María, el gobernador Rosselló afirmó que las normas federales de cabotaje pueden “limitar la capacidad de Puerto Rico de importar una variedad de bienes y servicios a un nivel de precios más competitivo”.

De todos modos, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez, rompió filas con el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) y dijo que defenderá la permanencia de las normas federales de cabotaje, custodiadas por la industria marítima, tanto navieros como sindicatos.

Aunque no hay ambiente en el Congreso para echar hacia delante legislación, si puede ganar impulso la idea de una dispensa temporal administrativa, indicó el estratega demócrata Federico de Jesús Febles, quien trabajó en Departamento de Transportación de EE.UU. durante el gobierno del presidente Barack Obama.

De acuerdo a la Oficina de Contraloría General (GAO), para una orden administrativa de Trump se tiene que argumentar que es en beneficio de la defensa nacional estadounidense.

“Tiene que haber una alianza con la industria de gas natural”, indicó de Jesús, al señalar que “es cierto que el tema se ha estudiado durante los últimos meses”. “No es que vaya a suceder, pero se le está dando consideración”, sostuvo de Jesús Febles.

No solo para la industria energética, pero en otras áreas, Febles de Jesus considera que todavía se puede justificar que Puerto Rico vive aún una emergencia después del huracán María, ante la fragilidad del sistema eléctrico y la economía, y que debe haber una exención en las normas federales de cabotaje.

Para el representante de MIDA, “debe evitarse generar confusión y dividir el activismo y apoyo masivo de todos los sectores a una exención amplia que aplique a todos los productos”.

“Los argumentos básicos para eximir el gas natural, al igual que la carga aérea, son los mismos que para la carga general.  La única diferencia es que en el caso de la carga general existe un pequeño pero poderoso grupo cabildeando para defender su mercado cautivo.  Esperamos que esta petición sea parte de una estrategia mayor donde el gobierno continúe pidiendo derogación o exención para toda la carga, sea gas natural, combustibles como carga general aérea o marítima”, subrayó, por su parte,  Reyes Alfonso.


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