Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media) (semisquare-x3)
Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Washington - La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le pidió al gobernador Ricardo Rosselló y el liderato legislativo que presenten un listado de las iniciativas que van a proponer para mitigar durante los próximos cinco años cualquier reducción en ingresos que contemple la reforma contributiva local.

En una carta al gobernador y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que la Legislatura debe proporcionar “la lista final de enmiendas propuestas para revisión junto con una estimación detallada de los costos para cada uno de los cambios”.

En busca de tener un “alto grado de confianza”, Jaresko solicitó “una lista de las medidas específicas y cuantificables en los próximos cinco años” que permitirán “pagar cualquier reducción propuesta en los ingresos”.

“Todas las medidas propuestas para pagar las reducciones de ingresos propuestas también deben incluir ajustes adecuados de riesgo, por consideraciones tales como riesgos de comportamiento, riesgos económicos, riesgos demográficos, riesgos de sustitución y riesgos de implementación”, advirtió.

Según Jaresko, “propuestas con niveles inciertos de ganancias en ingresos se anotarán como cero hasta que haya ocurrido por lo menos un año de recaudación y los ingresos puedan ser medidos” y “mejoras en actividades relacionadas con el cumplimiento o los cambios generales que no se pueden cuantificar explícitamente, se calificarán como medidas para pagar por las propuestas reducciones en recaudos”.

“Por último, cualquier reducción propuesta al impuesto a las ventas y al uso en alimentos preparados será evaluado de cerca a la luz del plan de ajuste propuesto para Cofina”, agregó.

También advirtió que la reforma que impulsa el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) parece obviar la necesidad de convertir el arbitrio a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC ) que estableció la Ley 154 de 2010, que representa cerca de una quinta parte de los recaudos del gobierno y depende de un crédito federal temporal, en un impuesto más abarcador y  progresivo.

Jaresko destacó además que el plan del gobierno de Puerto Rico tampoco atiende  la necesidad de transformar la estructura contributiva como respuesta a la reforma tributaria federal de 2017. 

“Crear un entorno fiscal más sencillo, más amplio y competitivo sigue siendo un desafío para ser abordado en el futuro”, subrayó Jaresko.


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