En el 2011, el IRS dijo que reconocería el arbitrio del 4% como un crédito, pero solo temporalmente. (AP / Pablo Martínez Monsivais) (semisquare-x3)
En el 2011, el IRS dijo que reconocería el arbitrio del 4% como un crédito, pero solo temporalmente. (AP / Pablo Martínez Monsivais)

La secretaria del Departamento de Hacienda, Teresa Fuentes, afirmó ayer que el gobierno de Puerto Rico no tiene “ninguna preocupación” de que el Departamento del Tesoro revoque el crédito federal que otorga por el arbitrio de 4% que las empresas foráneas pagan en la isla.

Tras salir de una reunión en el Departamento del Tesoro, Fuentes dijo a El Nuevo Día que allí le indicaron que “no tienen ninguna intención de eliminar ese crédito”.

En julio pasado, cuando fue a Puerto Rico a reunirse con el gobernador Ricardo Rosselló, el secretario del Tesoro de EE.UU., Steve Mnuchin, dijo en una entrevista con este diario que el crédito federal por el arbitrio del 4% “es un asunto sujeto a discusiones en curso”.

Para Fuentes, aunque, como en los últimos años, “ellos siguen evaluando esto” y es algo que pudiera cambiar, “no hay ninguna intención de dejar de permitir el crédito”. “Pueden pasar años en lo que cambia la postura”, dijo Fuentes, quien asumió la secretaría de Hacienda este mes.

Antes de tomar la jefatura de Hacienda, Fuentes laboró como ayudante especial de su predecesor y ahora secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado.

Cabildean otro alivio

En San Juan, Rosselló aseguró ayer que trabaja con el Tesoro federal para dar certeza al crédito que surgió una vez Puerto Rico aprobó la Ley 154 de 2010 y que se identifican otras “medidas que sean de beneficio para Puerto Rico”.

“Aquí tenemos unas conversaciones con el Tesoro, que dicho sea de paso, tenemos una muy buena relación, para poder identificar medidas que sean de beneficio para Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares.

“Hay un sin número de otras iniciativas que se están llevando a cabo y no es un esfuerzo para detener que exista un cambio. Es más bien un esfuerzo holístico”, apuntó el gobernador.

La reforma federal

El año pasado, el impuesto a las foráneas aportó unos $1,900 millones o cerca de una quinta parte de los recaudos del fisco puertorriqueño.

Aunque el gobierno dice no tener preocupaciones en el tema, El Nuevo Día supo que el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) continúa teniendo reservas con el reconocimiento del arbitrio como un crédito en la planilla federal de las multinacionales que operan en la isla, en especial, ahora que se aprobó un nuevo código contributivo federal.

En el 2011, el IRS dijo que reconocería el arbitrio del 4% como un crédito, pero solo temporalmente.

Entonces, el IRS partió de la premisa de que sería un crédito a seis años por ser esta la vida inicial que tendría el arbitrio, según la Ley 154. Puerto Rico ha enmendado el estatuto en por lo menos dos ocasiones.

Ahora, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz ha planteado extender el alcance de la ley. La administración Rosselló “no tiene ninguna intención de hacer cambios en esa área”, supo este diario.

Aún si no se tocara el crédito, el contador y presidente de la Cámara de Comercio, Kenneth Rivera Robles, destacó que Puerto Rico necesita alguna ventaja que le permita competir con otras jurisdicciones.

Según Rivera Robles, la reducción en las tasas corporativas a nivel federal es tal que las empresas ya están modificando sus estructuras jurídicas para beneficiarse de estas.

Como resultado, el beneficio que antes suponía hacer negocios en un lugar como Puerto Rico se ha reducido o desaparecido.

En palabras sencillas, ante la falta de un elemento diferenciador, los recaudos del 4% que recibe el fisco puertorriqueño están destinados a reducirse, a medida que la atracción de nuevas inversiones o expansiones en Puerto Rico sea menos costoefectiva.

Según Rivera Robles, el sector privado de la isla ha cabildeado en la capital federal para se exima a las corporaciones que gestionen sus intangibles en la isla del impuesto conocido como GILT o que se reduzca la tasa de este y que ronda 12.5%. En síntesis, el GILT es una especie de penalidad a las empresas estadounidenses por llevar sus intangibles fuera de territorio estadounidense y hacer negocios con estos en jurisdicciones internacionales, como es el caso de Puerto Rico para fines contributivos.

Empero, Rivera Robles dijo que no se ha logrado esa concesión a la isla, lo que ahora busca cambiarse mediante la reglamentación que se adoptará para implementar la reforma federal.

La reforma en Puerto Rico

Los desarrollos en torno al crédito por el 4% surgen al tiempo en que el gobierno de Rosselló trabaja con una reforma contributiva local en la que estos recaudos son fundamentales.

Así las cosas, el gobierno dice estar en espera del reglamento de la ley de reforma contributiva federal, el cual se debe publicar antes de que termine 2018, para poder afinar sus estrategias contributivas en Puerto Rico.

Fuentes aseguró que en ese contexto, Puerto Rico busca legislar una reforma contributiva, pero a su vez, sostuvo que para la Isla “lo más importante es el crédito por el arbitrio a la ley 154”.

El plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apuesta a los recaudos de la Ley 154 como una de las piezas para alcanzar el balance presupuestario que se requiere según Promesa.

En dicho plan fiscal, sin embargo, las proyecciones de recaudos por la Ley 154 van a la baja, de unos $1,915 millones en el pasado año fiscal a unos $1,200 millones para los años fiscales 2022 y 2023. Según Fuentes, se trata de un cálculo “conservador”.


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