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El congresista Rob Bishop. (GFR Media/Archivo)

Faltando menos de dos semanas para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tenga que pagar sobre $355 millones a sus bonistas, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no ha completado el análisis del Acuerdo de Reestructuración (RSA, en inglés) de esa corporación pública, lo que ha desatado una puja entre el organismo federal, varios congresistas y senadores estadounidenses.

Esa lucha de fuerzas, que El Nuevo Día reveló esta semana, subió ayer de tono cuando el presidente del comité de Recursos Naturales en el Congreso, Rob Bishop (R-Utah), pareció acusar a la JSF de adoptar “tácticas dilatorias” con el RSA y actuar en contra de la ley federal PROMESA. Ello, al punto de que el congresista dijo al organismo federal que podría perder “la confianza” de ese cuerpo legislativo.

“El miedo es que esto resulte en efectos adversos y severos para la Isla, incluyendo disminuir la capacidad de la Junta para negociar de buena fe con los acreedores y la erosión de la confianza congresional en la Junta”, dijo Bishop en una carta dirigida al presidente de la JSF, José Carrión. El congresista encabezó la discusión y aprobación de la ley federal PROMESA, estatuto aprobado hace un año y que autorizó a Puerto Rico a renegociar su deuda pública. Ello, a cambio de imponer a la Isla el regente fiscal federal que Bishop ayudó a crear a instancias de los acreedores de la isla, con el aval del Tesoro estadounidense y la aceptación del gobierno local.

Según Bishop el RSA debe seguir su curso, pues éste se adoptó antes de la vigencia de PROMESA.

Responde Carrión

Anoche, Carrión acusó recibo de la misiva de Bishop.

“He recibido la carta del presidente Bishop y le agradezco su liderazgo y su continuo interés en la agenda de PROMESA para Puerto Rico. Entendemos sus preocupaciones y su posición y le contestaremos próximamente”, dijo Carrión en declaraciones escritas.

La misiva de Bishop confirma reportes de El Nuevo Día en torno a las presiones que ha recibido la JSF para que  apruebe el RSA de la AEE.

El RSA de la AEE se pactó inicialmente a finales del 2015 y desde entonces, el grupo Ad Hoc-AEE -que incluye a bancos, aseguradoras municipales y bonistas- ha extendido las fechas del pacto en 16 ocasiones. 

El acuerdo es el único de tipo voluntario que se ha alcanzado y según el plan fiscal de la AEE, éste debe presentarse bajo el Título VI de PROMESA el próximo 1 de julio.

El retraso en el proceso analítico del RSA y del plan Fiscal de la AEE supone una complicación para el Gobierno. Los bonistas de la AEE son, en esencia, los únicos que no han acudido a la corte. El año pasado las aseguradoras municipales prestaron dinero para que la AEE pagara a sus bonistas, acuerdo que estarían dispuestas a repetir  bajo los nuevos términos del RSA.

A partir de julio próximo, el servicio de la deuda de la AEE rondará unos $762 millones y de esacifra, se estima que unos $355 millones deben pagarse el mes entrante.

Retrasado el plan fiscal

De otra parte, el retraso en el análisis del RSA no solo responde a la lucha porque se concrete tal acuerdo.

Esta semana, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) confirmó a El Nuevo Día que no ha presentado los cambios al plan fiscal de la AEE que le pidió la JSF el pasado 28 de abril.

“La Aafaf y la AEE continúan trabajando con la JSF y sus asesores para finalizar las modificaciones requeridas al plan fiscal de la AEE”, indicó la Aafaf en declaraciones escritas.

La ficha del tranque

En abril pasado, la JSF aprobó el plan fiscal de la AEE, pero estableció varias condiciones. Entre las condiciones impuestas, la JSF requirió a la AEE que el costo promedio del kilovatio hora (kvh) en Puerto Rico no exceda 21 centavos kvh hacia el 2023.

Según fuentes de El Nuevo Día el requisito de 21 centavos kvh haría invíable el RSA.

“La tarifa objetivo establecida por la JSF es un factor en el proceso de trabajo del plan fiscal”, dijo la Aafaf.


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