Omar Marrero, director de la Aafaf. (GFR Media)

Washington - El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, entiende que el Tesoro no le ha pedido un plan ni establecido un plazo fijo para buscar alternativas al crédito temporal federal que permite a las empresas foráneas deducir el 100% del arbitrio sobre las ventas que impone la ley 154 de 2010 de Puerto Rico y ha dejado al erario de la isla hasta $2,000 millones.

“Eso no se dijo de manera tajante”, indicó hoy Marrero, en entrevista con Radio Isla 1320 AM, al insistir en que no se fijó un término para entregar una propuesta del gobierno de Puerto Rico.

Dos fuentes de El Nuevo Día han indicado que en su reunión del pasado martes con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, su equipo y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, indicó que quisiera ver un plan de como acabar con el crédito federal y que ese es un asunto con el que no quisiera tener que lidiar “en seis meses”.

Marrero sostuvo que están conscientes de que la decisión está en manos del Tesoro y que probablemente la oficina del secretario Mnuchin tiene “una idea” de como impulsar una transición del crédito federal a algún otro mecanismo que permita “mitigar” un cambio en la forma de imponer contribuciones a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) con base en Puerto Rico. “Se acentuó la necesidad de estudiar esto detenidamente”, expresó el director ejecutivo de AAFAF.

El interés del Tesoro federal en buscar como acabar con un crédito que fue creado para que existiera solo seis años, no es nuevo.

En julio de 2018, Mnuchin indicó a El Nuevo Día que el “Servicio de Rentas Internas (IRS) ha indicado que la intención era que ese crédito sería temporal”. A los asesores del pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares le dieron también otro recordatorio poco después. Pero, el gobierno de Rosselló Nevares buscaba que se le diera un período de gracia de cinco años.

Marrero ha indicado que existe un grupo de trabajo federal y puertorriqueño sobre el crédito federal y la ley 154 de 2010 de Puerto Rico, que es la que creó el arbitrio de 4% sobre las ventas de las CFC. Y dio a entender en la entrevista radial que quisieran ver una expresión oficial del Tesoro sobre los comentarios hechos la semana pasada en la reunión con la gobernadora.

La oficina del secretario del Tesoro no ha hecho comentarios públicamente sobre esa reunión.

Cuando el gobierno de Puerto Rico hizo ajustes recientes en el sistema contributivo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo en octubre de 2018 que una de las alternativas que debían examinarse era cambiar el arbitrio sobre las ventas de la 154 a un impuesto sobre ingresos, que pudiera deducirse en un 80% a través del nuevo tributo de 10.5% sobre la propiedad las foráneas que impuso la reforma federal de 2017. El gobierno de Puerto Rico, sin embargo, no hizo ningún cambio en ese sentido. Un nuevo impuesto sobre los ingresos de las empresas requeriría revisar los decretos contributivos que tienen con el gobierno de la isla.

El presidente del grupo Alianza Privada para el Crecimiento Económico de Puerto Rico, Rodrigo Masses, sostuvo que le parece ilógico que se quiera presionar al gobierno de Puerto Rico en torno a la búsqueda de una alternativa al crédito federal, en momentos en que la gobernadora Vázquez Garced solo lleva poco más de un mes en su puesto y la isla aún tiene que lidiar con una crisis fiscal y de deuda pública que ha implicado la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal.

Por ello espera que el tono del secretario Mnuchin haya sido más de advertir que el tema está aún sobre la mesa. “Si fue un ultimátum me parece una canallada, si fue un recordatorio lo puedo entender”, sostuvo Masses.

Martin Sullivan, quien fue economista en el Departamento del Tesoro y es el Economista en Jefe de Tax Analyst, publicó un artículo en 2014 en el que cuestionó la constitucionalidad del estatuto, por entender que viola la cláusula de comercio interestatal. Para Sullivan, es evidente que el efecto del impuesto lo sienten las corporaciones realmente en EE.UU., no en Puerto Rico.


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