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Una carretera en Jayuya. (Xavier J. Araújo Berríos)

Aunque Puerto Rico no experimenta los estragos que el huracán Irma dejó en el estado de la Florida o las Islas Vírgenes estadounidenses, el evento tendrá consecuencias mixtas para los bonistas del territorio que busca reorganizar sus finanzas bajo la ley federal PROMESA.

Según el analista de Municipal Market Analytics (MMA), Matt Fabian, el paso del huracán Irma puede hacer más difícil que la corte apruebe un plan de ajuste de deudas que desvíe recursos adicionales del gobierno puertorriqueño hacia los bonistas.

Pero del otro lado, según Fabian, los daños experimentados en la red eléctrica terminarían acelerando el nombramiento de un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como han solicitado al Tribunal federal ciertos bonistas y aseguradores municipales de la utilidad pública.

“MMA percibe nuevos daños a los actuales bonistas de Puerto Rico por la vía de los efectos de (el huracán) Irma en la jueza federal y en la empatía legislativa hacia el gobierno vis a vis sus acreedores en los mercados de capital”, indicó Fabian en un reporte al mercado y en el que anticipó que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) utilizarán los eventos asociados al fenómeno atmosférico como argumentos en los procesos de Título III en curso.

El huracán Irma azotó el litoral norte de Puerto Rico el pasado 6 de septiembre. Ese día, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) presentó una notificación a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain para hacerle partícipe del paso del fenómeno atmosférico por Puerto Rico e indicar que se reservaba el derecho de solicitar extensiones a las fechas establecidas por el tribunal para la presentación de mociones, objeciones o recursos similares.

No obstante, mientras el huracán Irma rozaba a Puerto Rico y casi toda la isla quedaba sin electricidad, Swain continuó adelante con el proceso judicial. Esto, al avalar el calendario de descubrimiento de prueba para la controversia entre los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

El fallo adverso a Peaje

La jueza, además, falló en contra de Peaje Investment, dueño de unos $65 millones en bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Esto, al concluir que Peaje no presentó evidencia que justificara un interdicto contra el gobierno. Peaje buscaba que la ACT reanudara el envío de los recaudos de peaje a las cuentas de reserva para pagar los bonos de la corporación pública.

El sábado pasado, El Nuevo Día reportó el fallo de Swain, quien concluyó que los bonistas de la ACT no tienen derecho absoluto a los recaudos de peajes mediante un gravamen establecido por ley. El fallo de Swain supone la continuación del impago de la deuda de la ACT, pues los ingresos de peaje se utilizan para operar la red vial de la isla. Una vez concluya la renegociación bajo el Título III, reza el fallo, se reanudaría el pago a los bonistas.

Para Fabian, el fallo adverso a Peaje deja a la luz dos problemas del mercado municipal estadounidense: la inconsistencia en el lenguaje de las leyes estatales en el tema y del otro lado, la percepción de los inversionistas de que poseen protecciones legales independientemente del lenguaje que respalda sus instrumentos.

Según Fabian, a la fecha, los fallos emitidos por Swain no parecen favorecer a los bonistas. “Los inversionistas de Puerto Rico están recibiendo continuamente (al menos, en su aplicación temporal) limitaciones a las protecciones de sus valores y que se creían eran mucho más fuertes”, indicó en analista.

Ese sería el caso de los bonistas de GOs, que llevan más de un año buscando remedios de pago bajo la premisa de que poseen una primera prioridad establecida en la Constitución de Puerto Rico. También es el caso de los bonistas de Cofina, quienes alegan propiedad sobre los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Según Fabian, tras el paso del huracán Irma, el gobierno insistirá en acceder a los recaudos del IVU en manos de Cofina.

Mientras, dijo Fabian, el colapso de la red eléctrica destacó el poco valor de muchos de los activos de la AEE. De ser el caso, en un proceso de privatización, el gobierno levantaría menos efectivo con esa transacción, afectando a su vez, a los bonistas.


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