Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

El reclamo de la APRUM en contra de la JSF es el décimo cuarto recurso adversativo que enfrenta la JSF luego de radicar la petición del Título III para el Gobierno central y Cofina. (horizontal-x3)
El reclamo de la APRUM en contra de la JSF es el décimo cuarto recurso adversativo que enfrenta la JSF luego de radicar la petición del Título III para el Gobierno central y Cofina. (Archivo / GFR Media)

Ahora, no son los bonistas.

La Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (APRUM) se ha convertido en la primera organización no vinculada con los bonistas del territorio estadounidense en reclamar que el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR), avalado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es contrario a PROMESA.

A diferencia de los bonistas, quienes alegan que el PFPR es ilegal porque no dispone suficientes recursos para el pago de la deuda pública, la APRUM el programa de austeridad impuesto y que al cabo de tres años será equivalente a casi el 6% del producto bruto de la isla, es contrario a PROMESA. Ello, porque el PFPR “corta significativamente” las inversiones del gobierno en la educación, lo que es necesario para que la economía crezca y esto, a su vez, es condición indispensable para que Puerto Rico tenga acceso a los mercados de capital.

Dicho en otras palabras, según la APRUM, la Universidad de Puerto Rico (UPR) es un servicio indispensable para la actividad económica y a esos efectos, la organización ha pedido a la jueza Laura Taylor Swain varios remedios.

Entre ellos, solicitaron a Swain que identifique a la UPR como un servicio esencial; declare que el PFPR es ilegal y descansa en parámetros arbitrarios al tiempo que ordene la reconfiguración del presupuesto vigente para que se financien todos los servicios esenciales.

El reclamo de la APRUM en contra de la JSF es el décimo cuarto recurso adversativo que enfrenta la JSF luego de radicar la petición del Título III para el Gobierno central y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y se produce justo cuando ha transcurrido la mitad del período de 120 días de suspensión automática de litigios que disfruta Puerto Rico.

“Traición generacional”

Según la APRUM, lo hecho por la JSF, al instruir un recorte de $201 millones, es “una traición generacional sin paralelo” que debe evitarse y por ello, la corte no debe permitir que la JSF -a nombre del Gobierno- presente un plan de ajuste de deudas sin que el PFPR sea reformulado para cumplir con PROMESA.

Las determinaciones de la (JSF) resumidas en el plan fiscal e impuestas en el presupuesto (del año fiscal) 2017-18 son arbitrarias, carecen de base racional y en clara y abierta violación a los requisitos de la sección de 201 de PROMESA”, reza el recurso de la APRUMm, radicado por su representante legal Rolando Emmanuelli.

De acuerdo con la demanda, un plan fiscal contrario a PROMESA impediría que el plan de ajuste de deudas que resultaría del proceso judicial que encabeza la jueza de distrito federal Swain.

Para demostrar la gravedad del asunto, en la demanda se indica que como secuela del recorte de $201 millones a la UPR aplicable por fórmula, el recinto mayagüezano experimentaría un recorte de $47 millones. De esa cifra, el recinto mayagüezano tendría que recortar unos $9.7 millones para gastos de nómina. Según la demanda, esa reducción equivaldría a 155 profesores a tiempo completo y siete profesores a tiempo parcial.

El impacto neto de lo anterior es que cada profesor tendría que aumentar su carga de trabajo por aproximadamente 25% en cada semestre académico recibiendo la misma paga $60,000 anualmente en promedio”, alega el recurso.

Al desmenuzar las fallas del PFPR y del presupuesto vigente (el primero para implementar el programa de balance fiscal que exige la JSF), la APRUM ha hecho planteamientos similares a los argumentos de grupos de bonistas. Entre estos, alegan que el PFPR parte de supuestos económicos no corroborados, no hay una definición de servicios esenciales y cuestiona que en el presupuesto haya una reserva de $205 millones, que incluye unos $15 millones para el Fondo de Emergencia y una segunda reserva de $750 millonesdispersa” por el presupuesto. Esta última es requerida por la JSF para cubrir gastos no presupuestados de años anteriores.

De igual forma, la APRUM cuestionó que se provisionaran otros $585 millones en la llamada partida de reconciliación.

La demanda de los académicos lista las iniciativas de investigación que se realizan en el centro docente, los proyectos con impacto directo a la comunidad e iniciativas culturales y de salud que se gestionan desde las distintas unidades del Sistema.

El Plan SoS

En contrapeso a los recortes, la APRUM invoca las conclusiones de un estudio efectuado por Edwin Irizarry Mora, José Alameda, José Caraballo y otros académicos y que dieron pie al llamado Plan SoS (de Sostenibilidad) que al presente es objeto de discusión en el seno de la comunidad universitaria. El Plan SoS propone que el presupuesto de la UPR se cubra imponiendo contribuciones adicionales a la población y no contempla recortes a sus operaciones. Ello, porque proceder con los recortes contenidos en el presupuesto serían un golpe adicional al recorte establecido en la Ley 66 de 2014 y que desde entonces, congeló la asignación presupuestaria por fórmula.

En este año fiscal, el primer centro docente de Puerto Rico, tiene un presupuesto de unos $1,270 millones. La UPR tiene una matrícula aproximada de 60,000 estudiantes y emplea unas 12,000 personas de manera directa. Ello implicaría que el sistema emplea una persona en un cargo docente o administrativo por cada cinco estudiantes.


💬Ver 0 comentarios