El estudio del gobierno de Puerto Rico contrasta marcadamente con otro estudio comisionado por  la Sociedad Marítima Americana, el cual sostiene que la Ley Jones no encarece el precio de los bienes en la isla. (semisquare-x3)
El estudio del gobierno de Puerto Rico contrasta marcadamente con otro estudio comisionado por la Sociedad Marítima Americana, el cual sostiene que la Ley Jones no encarece el precio de los bienes en la isla. (Ramón “Tonito” Zayas)

Todo apunta a que el gobierno de Puerto Rico, con el respaldo del sector privado y agencias federales, le solicitará al Congreso próximamente que exima a la isla de la Ley Jones.

Esto, a juzgar por el plan que el gobierno ha redactado sobre cómo levantar al país tras la devastación del huracán María, y en donde el tema de las leyes de cabotaje está incluido. El documento, llamado “Transformación e innovación en el despertar de la devastación: un plan de recuperación económica y de desastre para Puerto Rico”, no es final -está en la etapa de borrador-, contiene más de 400 páginas y tiene fecha del 9 de julio.

El objetivo del plan no es reconstruir a Puerto Rico para llevarlo a como estaba antes de los huracanes Irma y María, “sino levantarlo para que en el futuro sea un país más resiliente a impactos naturales y económicos”, lee parte del documento, del cual El Nuevo Día obtuvo una copia.

La Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (CRRO, por sus siglas en inglés), establecida por orden ejecutiva en octubre de 2017 y adscrita a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, es la entidad a cargo de desarrollar el plan. La misma tuvo el apoyo de FEMA y de RAND Corporation -empresa que tiene contrato con Homeland Security-, así como de alcaldes, otros representantes de agencias estatales y federales, y del sector privado.

Aunque el documento no es exclusivamente sobre las leyes de cabotaje, los proponentes del plan recomendarán la exención de las mismas para la isla. En una de las secciones exponen que si el Congreso federal altera la Ley Jones para Puerto Rico, ello tendría “implicaciones significativamente positivas para la economía local”.

El documento hace referencia a un estudio de 2018 del Banco Mundial que señala que los costos financieros y no financieros de hacer negocios “son relativamente altos en Puerto Rico”. Una de las maneras que el Congreso tiene para ayudar a bajarlos es otorgándole la exención total, o en su defecto, darle una exención especial para ciertas zonas económicas, como por ejemplo el puerto de Ponce.

Otra alternativa es incluir a Puerto Rico en la enmienda Stevens para que permita a aviones extranjeros de carga y de pasajeros continuar su viaje a los Estados Unidos continentales tras hacer una parada en Puerto Rico. Explican que el título 49 Sección 41703(e) del Código federal permite a las aeronaves de carga extranjeras que se detienen en los aeropuertos de Alaska a que puedan dirigirse a otros aeropuertos de carga dentro de EE.UU.

“Desde la aprobación de la ‘Enmienda Stevens’, Alaska es ahora un importante centro internacional de carga aérea que ofrece vuelos en las rutas entre Asia y América del Norte”, reza parte del documento.

Por otro lado, este mes la Sociedad Marítima Americana (AMP, por sus siglas en inglés) dijo que, según un estudio que comisionó, la Ley Jones no encarece el precio de los bienes en la isla.

Mientras, el congresista Duncan Hunter, representante republicano del distrito 50 de California y presidente del subcomité de la Guardia Costera y Transportación Marítima, le envió en días recientes una carta a los que trabajaron el Plan de Recuperación urgiéndoles a eliminar mención alguna de eximir a Puerto Rico de la Ley Jones.

Hunter celebrará una mesa redonda en el Congreso mañana, en la que presentará el estudio de la AMP, e insistirá en que la exención de la Ley Jones a la isla no se justifica, señalaron fuentes que prefirieron no ser identificadas.


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