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Rodrigo Masses. (GFR Media/Archivo)

Nuevas enmiendas a la ley de incentivos para la exportación de servicios, conocida como Ley 20, son evaluadas por la Asamblea Legislativa, a pesar de que cambios al estatuto fueron firmados esta misma semana por el gobernador.

En esta ocasión lo que se propone es obligar a los que reciban estos incentivos a permanecer operando en Puerto Rico cuando concluya el periodo que cubra el decreto de exención.

La propuesta fue rechazada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y por la Compañía de Comercio y Exportación (CCE).

La Asociación de Industriales también objetó la legislación y subrayó la necesidad de que todo lo que se relacione con incentivos se trabaje como parte del nuevo Código de Incentivos que está elaborando el DDEC.

A favor de la enmienda se expresó, aunque con cambios, la entidad Empresarios por Puerto Rico.

Lo que propone el Proyecto del Senado 376, de la senadora Rossana López León es que cualquier negocio que reciba un decreto bajo Ley 20 esté obligado a seguir operando en la Isla cinco años después de expirado el periodo de exención.

Incumplir ese requisito, según la enmienda bajo evaluación, conllevaría el cobro retroactivo de las contribuciones no pagadas.

“De adoptarse las enmiendas sugeridas, la Ley 20-2012, perdería su cualidad de herramienta efectiva para propulsar el desarrollo económico de Puerto Rico, en tanto estaríamos de facto aumentando la tasa contributiva de 4% significativamente, en la medida que obligamos a los negocios a permanecer en Puerto Rico luego de la vigencia del decreto, so pena de eliminar la exención contributiva retroactivamente”, dice la ponencia que presentó el DDEC ante la comisión senatorial de Revitalización Social y Económica.

“Dicha exigencia resulta irrazonable pues, luego de culminado el periodo de exención del decreto, un negocio habrá generado actividad económica en Puerto Rico por un período mínimo de 20 años”, sostuvo por su parte la ponencia de los industriales.

Estos, en escrito firmado por el presidente de la entidad, Rodrigo Masses, recalcaron que la Asamblea Legislativa “tiene la obligación de trabajar de la mano con la Rama Ejecutiva para que todos los esfuerzos estén dirigidos a la aprobación de un Código de Incentivos y una Reforma Contributiva bajo un enfoque integral”.

A favor de la enmienda

Empresarios por Puerto Rico endosó el proyecto y propuso una enmienda adicional.

La misma es para que se le exija a las empresas beneficiadas con este estatuto a reinvertir un porciento específico en la isla e igualmente requerirles que un porciento específico de de su capital esté depositado y permanezca en un banco local.

“Coincidimos con la intención de esta pieza legislativa de sentar las bases que propendan a la permanencia de las empresas que se acojan a los beneficios y las bondades de esta Ley, para que permanezcan contribuyendo a la economía de Puerto Rico”, dice laponencia firmada por la presidenta de la entidad, Enid Monge.

Según el DDEC existen al presente cerca de 600 decretos bajo la Ley 20.


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