La Junta sostuvo que Rosselló firmó un presupuesto sin certificar por lo que no tiene ningún efecto. (horizontal-x3)
La Junta sostuvo que Rosselló firmó un presupuesto sin certificar por lo que no tiene ningún efecto. (GFR Media)

Aunque se trataría de un proceso expedito, Puerto Rico tendrá que esperar cerca de un mes y, de paso gastarse una millonada, para saber si el presupuesto que tendrá el gobierno este año fiscal será el certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) o el firmado por el gobernador.

Ayer, un día después de demandar por primera vez al organismo federal creado por la ley federal Promesa, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) pidió a la jueza Laura Taylor Swain -quien preside los casos de Título III- que atienda el pedido de interdicto que radicó contra la JSF en un plazo aproximado de tres semanas.

Hasta que la corte resuelva los asuntos legales presentados en la demanda, el gobierno permanecerá en un limbo fiscal y el gobierno electo no sabrá qué presupuesto gobernará sus operaciones para el año fiscal corriente que comenzó el 1 de julio de 2018”, reza la moción de la Aafaf.

Según la dependencia a cargo de asegurar la implementación de la ley federal Promesa a nivel del gobierno puertorriqueño, si se retrasa la controversia entre la JSF y el gobierno sobre la implementación del presupuesto, ello afectará el proceso de preparación de un plan de ajuste para renegociar la deuda pública de la isla.

“Mientras esta disputa continúe, los derechos del gobierno y la gente de Puerto Rico estarán en jaque”, reza la moción en la que se reitera que la JSF pretende “tomar control del gobierno”, abusando de sus poderes para certificar planes fiscales y presupuestos.

De inmediato, la JSF -por vía de sus abogados Martin Bienenstock y Hermann D. Bauer, socios de los bufetes Proskauer & Rose y O’Neill & Borges, respectivamente- objetaron a Swain el calendario de argumentación propuesto por el gobierno señalando que se trata de una agenda “irrealista”.

El pasado jueves, Rosselló Nevares demandó por primera vez a la JSF, alegando que ese organismo federal “usurpa” los poderes que el Congreso -a pesar de aprobar Promesa- preservó a los oficiales electos del gobierno puertorriqueño. La demanda busca que Swain establezca qué presupuesto prevalece y que prohíba al organismo federal que busque modificar o adoptar política pública incorporando tales estrategias o decisiones en el plan fiscal o el presupuesto.

Gasto millonario

Ayer, en una conferencia de prensa de Bayamón, donde se anunció un programa de mejoras al sistema de carreteras de la isla, Rosselló Nevares admitió que la demanda que presentó contra la JSF podría implicar un gasto significativo en servicios legales, pero aseguró que se trata de la defensa de las prerrogativas del gobierno electo de Puerto Rico.

Rosselló Nevares no ofreció detalles acerca de cuánto costaría el pleito, ahora ante la consideración de Swain, pero recordó que, bajo el estado de derecho actual, el gobierno paga no solo por sus abogados, sino que costea aquellos de la JSF y los de grupos de acreedores que, de algún modo,busquen inmiscuirse en la controversia.

“Puede ser decenas de millones al mes… Sí, (la demanda) tiene consecuencias en la liquidez del gobierno”, admitió el gobernador sobre el impacto económico que tendría el nuevo pleito.

En distintas versiones del presupuesto del año fiscal que recién comienza, se separaban sobre $250 millones en gastos legales asociados a los pleitos de bancarrota bajo el Título III de Promesa, pero esa cifra no contempla el costo del proceso adversativo incoado por Rosselló Nevares.

De acuerdo con la moción urgente de la Aafaf, la JSF tendría hasta el próximo 12 de julio para contestar la demanda del gobierno. Cuatro días más tarde, la Aafaf presentaría un recurso de sentencia sumaria. Luego, la JSF tendría otros cuatro días para responder al pedido de sentencia sumaria y el gobierno tendría como último turno al bate el 23 de julio.

De ser necesario, la Aafaf sugirió a Swain que incluya las argumentaciones orales en la audiencia del 25 de julio.

Riposta la JSF

La JSF refutó el calendario sugerido por la Aafaf y propuso que en lugar de que los argumentos escritos sobre la controversia se presenten en o antes del 23 de julio, que la JSF tenga hasta el próximo 18 de julio para determinar si contestan la demanda o hacen una contrademanda y que luego las partes se reúnan para acordar el calendario de trabajo y discutir este en la audiencia general del 25 de julio.

La JSF sostuvo que no es apropiado utilizar como referencia para determinar el calendario de discusión de la demanda del gobierno, el proceso que se siguió en la controversia sobre el oficial de Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pues los asuntos planteados por Rosselló Nevares en torno a las facultades de la JSF revisten de mayor trascendencia.

“La supuesta ‘incertidumbre’ acerca de cuál presupuesto es el presupuesto operacional es hechura propia del demandante”, indicó la JSF, al agregar Promesa establece que los únicos planes fiscales y presupuestos sean los certificados por el organismo federal.

“Conociendo este hecho elemental, el gobernador firmó un presupuesto sin certificar que no tiene fuerza o efecto”, agregó la JSF haciendo referencia a las secciones 201 y 202 de Promesa.


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