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El gobernador Ricardo Rosselló llega al Capitolio junto a su esposa Beatriz. (Ramón “Tonito” Zayas)

El gobernador Ricardo Rosselló presentó esta tarde a la Legislatura el primer presupuesto de su administración, concediendo a los pensionados del sistema público el primer lugar en la lista de pagos que hará el Gobierno a partir de julio próximo.

Lee aquí el presupuesto del Fondo General 

Según Rosselló, el presupuesto operacional del Gobierno central dedicará unos $2,038 millones al pago de las pensiones de unos 168,833 empleados públicos, maestros y jueces jubilados.

Es decir, a partir de julio próximo, una quinta parte de los ingresos proyectados en el Fondo General, los que se estimaron en $9,562 millones, irán al pago de una partida no asociada directamente con los servicios esenciales que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.

“Tenemos un presupuesto que protege a los pensionados y eso cambia el andamiaje histórico del presupuesto”, dijo Rosselló Nevares a miembros de la prensa en La Fortaleza, horas antes de dirigirse a la Casa de las Leyes.

Tal y como anticipó El Nuevo Día, el presupuesto con cargo al Fondo General será mayor que el presupuesto vigente y también mayor que lo estimado inicialmente en el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR), la hoja de disciplina y transformación gubernamental que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó el pasado 13 de marzo.

Partiendo del PFPR, para el año fiscal siguiente, se estimaba que el Fondo General recibiría ingresos de $9,248 millones.

Entre otras cosas, el alza estimada en los recaudos está asociada con mejor fiscalización contributiva, la concreción de los recaudos del arbitrio del 4% (lo que se legisló a principios de año) y estimados más favorables en los recaudos de los arbitrios de cigarrillos.

Mientras, el presupuesto consolidado, que incluye a las corporaciones públicas rondaría $25,700 millones.

“Este presupuesto que les presento hoy es uno completo, validado, que por su naturaleza contiene mucha profundidad”, dijo Rosselló Nevares. “Les adelanto que los números reflejan lo que hemos estado discutiendo por los pasados meses y conforme al plan fiscal”.

“Los años del despilfarro y la indolencia en la administración de los fondos del pueblo quedaron atrás”, aseguró Rosselló Nevares.

Según Rosselló Nevares, el pago de las pensiones es una obligación ineludible, pues en los próximos meses, la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) -que administra los planes de retiro de los empleados públicos y la Judicatura- y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) quedarán sin efectivo para el pago de las pensiones.

“La política pública es garantizar las pensiones a ese sector más vulnerable”, indicó el mandatario.

Habida cuenta que los planes de pensiones ahora se convierten en una responsabilidad directa del Gobierno central, el presupuesto recomendado por Rosselló Nevares contempla reducir las demás partidas de gastos operacionales, así como eliminar los subsidios a municipios y recortar la asignación presupuestaria a la Universidad de Puerto Rico.

Partiendo del impacto que representará el pago de las pensiones al Fondo General, los recortes en los demás gastos operacionales del Gobierno central totalizarían unos $1,600 millones en el año fiscal 2017-18. En el agregado, el recorte del gasto operacional rondaría 9%.

“Nuestro primer presupuesto está enmarcado en la disciplina fiscal; asegurando los servicios esenciales para nuestro pueblo, y facilitando las condiciones para activar la económica y la generación de nuevos empleos en Puerto Rico”, agregó el mandatario, indicando que no habrá necesidad de activar una reducción en la jornada laboral tan como sugirió la JSF como medida de contingencia.

De acuerdo con Rosselló Nevares, hace más de un año encara una crisis de liquidez, debido a la insolvencia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y a la falta de acceso a los mercados.

“Ante esa situación y para proteger los fondos depositados, recurrimos a solicitar la protección del Título III de PROMESA”, dijo Rosselló Nevares al tiempo que sostuvo que acudir a renegociar la deuda al amparo de la corte no incidirá en el proceso de renegociar la deuda de la Isla.

El pago de la deuda

A partir del año fiscal siguiente, el servicio de la deuda no se contemplaría dentro del Fondo General sino que se reflejaría en el presupuesto consolidado, explicó Rosselló Nevares.

Si bien el Primer Ejecutivo sostuvo que el Fondo General asumirá el pago de las pensiones y que habrá más recaudos, el presupuesto recomendado no contempla más fondos para el servicio a la deuda.

En el PFPR, esa partida se estimó en apenas $404 millones para el año fiscal 2018. El servicio a la deuda contratado para el año fiscal 2018 y que en parte, ahora queda en disputa con la activación del título III de PROMESA para el Gobierno central, ronda unos $3,283 millones.

Rosselló Nevares se presentó a la Legislatura sin que la JSF haya emitido una expresión acerca del presupuesto.

Según la ley federal PROMESA, una vez hay un presupuesto territorial de conformidad con el PFPR, es la JSF, la entidad que debe enviar a la Legislatura el presupuesto.


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