Rosselló habló en la convención de la Asociación de Contratistas Generales. (GFR Media) (semisquare-x3)
Rosselló habló en la convención de la Asociación de Contratistas Generales. (GFR Media)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares adelantó que está evaluando una serie de medidas contributivas que mitiguen el impacto económico que tendrá la orden ejecutiva que firmó aumentando a $15 el salario mínimo de los empleados en las obras de construcción del gobierno. 

Rosselló Nevares afirmó que una de las posibilidades es eliminar el cobro del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) entre negocios para aquellas empresa de construcción que operen bajo la orden ejecutiva. 

Del mismo modo, detalló que otras opciones son establecer un tope a lo que los contratistas pueden pagar de IVU en estos proyectos de construcción y alterar las contribuciones sobre la propiedad mueble (el llamado impuesto sobre los inventarios) reduciendo así la carga contributiva que tendrían esas empresas. 

¨Le he pedido al secretario de la gobernación (Raúl Maldonado) y a la secretaria de Hacienda (Teresita Fuentes) que trabajemos varios escenarios¨, dijo el gobernador durante su comparecencia en la convención de la Asociación de Contratistas Generales, donde fue recibido con una serie de críticas por su orden ejecutiva que eleva el salario de los trabajadores. 

Desde la introducción del gobernador como uno de los conferenciantes, en presidente de la Asociación de Contratistas Generales, Stephen Spears, criticaba el disloque que supuestamente causaría en la industria el aumento a $15 del salario mínimo en las construcciones que ejecuta el gobierno central. 

"Ahora mismo la construcción a nivel privado se detuvo para evaluar el efecto que la orden ejecutiva tiene en la iniciativa... Se estima un aumento de 35% en los costos de construcción en general", dijo Spears, mientras introducía al gobernador como conferenciante. 

"Vine aquí sabiendo que no iba a ser la persona más popular", expresó Rosselló Nevares al inicio de su intervención en la convención que se celebra en un hotel de Río Grande. 

El mandatario procedió entonces a enumerar las iniciativas que están desarrollando como parte de la reconstrucción de Puerto Rico. Habló de las reconstrucciones de carreteras, de viviendas, de cómo el gobierno federal estaba por desembolsar $1,500 millones de fondos de la Subvención de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) y que en los próximos meses se espera unos $18,000 millones adicionales. 

Del mismo modo, recordó el proyecto de Zonas de Oportunidad establecido por el Congreso de EE.UU., que estimula la inversión en áreas económicamente deprimidas a cambio de retrasar la tributación por ganancias de capital, y expresó que Puerto Rico tiene actualmente una gran oportunidad para reconstruir el país y mejorar la calidad de vida de las personas. 

El gobernador aceptó una pregunta del público en la que se insistía en que explicara el aumento en el salario mínimo en la construcción del gobierno. El mandatario en este instante indicó que la necesidad de trabajadores de la construcción es tres veces más alta que la cantidad de recursos humanos existentes en la isla por lo que se necesita incentivar la entrada de personas a este tipo de empleo. 

Indicó que el disloque es inevitable si la situación se añade el hecho de que muchas empresas y agencias estadounidenses están desarrollando iniciativas de construcción en la isla pagando salarios muchos más altos que el establecido en la orden ejecutiva que sube la paga por hora a $15. 

"El efecto será como sea. Cuando lleguen $100,000 millones en proyectos y necesiten los trabajadores, ese efecto va a estar y se va a tener que pagar", dijo Rosselló al precisar que Puerto Rico tenía 45,000 empleados en la construcción cuando se estima que se necesitarán para la reconstrucción unos 100,000. 


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