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El gobernador Ricardo Rosselló. (Agencia EFE)

La carta que le envió hoy, viernes, la Junta deSupervisión Fiscal (JSF) al gobernador Ricardo Rosselló implica "una reducción en el número base (del presupuesto) significativa de $8.4 billones (mil millones)".

Así lo denunció esta tarde el funcionario, quien insistió en que no llegar a un acuerdo con la JSF implica una reducción en derechos y beneficios laborales, desde la eliminación del bono de Navidad hasta la reducción de días de enfermedad y vacaciones, entre otros, como un impacto directo a la reforma contributiva y a las pensiones.

Según Rosselló, bajo el escenario actual los próximos pasos de la JSF deben ir dirigidos a certificar un plan fiscal bajo su única discreción y a sacar un borrador del nuevo presupuesto.

"Me gustaría invitar a la asamblea legislativa y a la Junta (JSF) que, ante estas consecuencias, tomemos decisiones prudentes", insistió Rosselló.

A preguntas de la prensa, el primer ejecutivo admitió que un acuerdo no implica estar libre de conflictos, pero a su juicio otorga una vía más clara de cara al futuro.

"Mi prioridad es el pueblo de Puerto Rico. Si es una (sesión) extraordinaria, puede ser. Si es otro vehículo, puede ser. Ya estamos en la hora cero y es momento de tomar decisiones. Vamos a ver qué hay que hacer para que este acuerdo se cumpla", manifestó.

Sobre la posibilidad de acudir a tribunales, dijo que es una opción que siempre ha existido.

"Si no hay presión, esto se puede extender por múltiples años", sostuvo.

Según Rosselló, el acuerdo con la JSF relacionado a la Ley 80 tenía un impacto de crecimiento en la economía a largo plazo, así como en los recaudos del gobierno.

"Aún con los recortes es mejor tener unos incentivos para tener un retorno", dijo al insistir en que la incertidumbre actual podría guiar a litigios legales y más gastos para el gobierno.

Las expresiones de Rosselló surgieron tras una conferencia de prensa donde anunció el establecimiento de la compañía Sunrun en la isla. Esta es una empresa que ofrece servicios de energía solar residencial y de almacenamiento.

Se informó que los clientes interesados podrían pagar unos $500 por el precio de la batería y luego estar pagando una tarifa mensual por 25 años.

Tras el huracán María, esta compañía instaló varios sistemas en tres estaciones de bomberos del país y se comprometió a instalar ocho más.

Esta compañía, se anunció, planifica asociarse con compañías locales y ya ha capacitado a unas 50 personas en la isla.


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