Mark Elliott, Peter C. Hein y Lawrence B. Dvores informaron su decisión apenas un día laborable después de que el Primer Circuito de Apelaciones concluyera que los integrantes de la JSF fueron nombrados de manera inconstitucional. (AP) (semisquare-x3)
Mark Elliott, Peter C. Hein y Lawrence B. Dvores informaron su decisión apenas un día laborable después de que el Primer Circuito de Apelaciones concluyera que los integrantes de la JSF fueron nombrados de manera inconstitucional. (AP)

Tres bonistas subordinados de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) han notificado este martes a la jueza Laura Taylor Swain que apelarán la confirmación del plan de ajuste de esa corporación pública ante el Primer Circuito de Apelaciones.

Mark Elliott, Peter C. Hein y Lawrence B. Dvores informaron su decisión apenas un día laborable después de que el Primer Circuito de Apelaciones concluyera que los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fueron nombrados en sus cargos en contra de la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.

Elliot, Hein y Dvores acudirán al Circuito de Apelaciones por entender que sus acreencias en Cofina fueron modificadas injustamente, en especial, cuando la JSF aceptó dividir los recaudos comprometidos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) para el pago de la deuda de esa corporación pública con el Fondo General.

A mediados de enero pasado, durante la audiencia donde se discutió el plan de ajuste de Cofina, Elliott, Hein y Dvores se presentaron ante la jueza Swain para clamar a esta que no diera paso al plan de ajuste que la JSF negoció con un grupo mayoritario de bonistas principales y subordiandos de Cofina.

En ese momento, tanto Elliot como Hein y Dvores plantearon que durante el proceso de mediación y en la eventual negociación de la deuda de Cofina, no hubo representación adecuada de los bonistas subordinados, quienes llevaron la peor parte de esa reestructuración.

En síntesis, los bonistas subordinados de Cofina perdieron el 45% del principal que prestaron a esa entidad pública, recibieron una tasa de interés más baja y en el proceso de intercambio que se concretó la semana pasada, tampoco recibieron desembolsos del efectivo que se había acumulado en las cuentas de reserva para la deuda de Cofina y que estaba en manos del custodio Bank of New York Mellon.

De igual forma, tanto Dvores como Hein plantearon que la corte aprobaría un plan de ajuste cuando no quedaba claro qué determinación haría el Servicio de Rentas Internas federal para determinar si la nueva deuda de Cofina sería tributable o no a nivel federal.

Sin embargo, para la Coalición de Bonistas Senior de Cofina, el acuerdo pactado con la JSF permitió a sus contrapartes subordinados una recuperación a la que no tenían derecho, pues desde su perspectiva el pago de la obligación subordinada de Cofina solo podía efectuarse, una vez los primeros recuperaran su acreencia.

Además, para la Coalición Cofina Senior, otro aspecto que beneficiaría a los subordinados es que bajo la nueva estructura, los bonistas subordinados no estarían sujetos a cobrar en segunda línea en caso de incumplimiento como sucedía antes.

Los sindicatos también apelarán

La apelación de Elliott, Hein y Dvores para obtener el plan de ajuste no es la única ante el Primer Circuito de Apelaciones. Este martes, el abogado René Pinto Lugo, la organización activista VAMOS, el Movimiento de Concertación Ciudadana, siete sindicatos y el representante independiente Manuel Natal Albelo también presentaron un recurso para apelar la confirmación del plan de ajuste de Cofina en el Primer Circuito.

Los sindicatos demandantes son: Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos (UEOGAEP); Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas Inc. (UITICE); Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA); Unión de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas, Puertos (UEOCRA); Unión de Empleados Profesionales Independientes (UEPI); Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educacion, (UNETE), Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA).

Durante la audiencia de confirmación del plan de ajuste de Cofina, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) pidió a la jueza Swain intervenir en el caso para demostrar que el pacto negociado por la JSF sería negativo para Puerto Rico porque no se justificaba económica y financieramente hablando.

Swain rechazó el recurso de la Utier porque el sindicato no tenía legitimidad para intervenir en el caso. Esto, porque la Utier no es un acreedor de Cofina, una condición indispensable para una persona o entidad intervenga en un proceso de quiebra.

La Corte Suprema rechaza el pedido de Peaje Investment

De otra parte, y en lo que podría representar un respiro para la JSF, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó este martes un pedido de certiorari para que ese alto foro federal determine si los bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tienen derecho propietario sobre los recaudos de peajes que maneja la corporación pública.

El año pasado, la jueza Swain determinó que el fondo de inversiones -que posee unos $65 millones en bonos de la ACT- ni sus contrapartes inversionistas poseen un derecho propietario sobre la fuente de recaudos de donde emana el pago de sus acreencias. 

En la única ocasión en que ha coincidido con la corte de distrito, el Primer Circuito de Apelaciones concluyó que no existe un gravamen explícito en ley contra los peajes que recauda la ACT a favor de los bonistas de la corporación pública. Sin embargo, Boston anuló el fallo de Swain y recomendó a Peaje iniciar una nueva disputa para aclarar el asunto. Peaje optó por acudir a la Corte Suprema para que ese foro estableciera jurisprudencia, habida cuenta que otros foros apelativos han emitido fallos contrarios a la decisión de Boston. Empero, el alto foro denegó su pedido, lo que pondría fin a la controversia.

“Los tenedores de bonos de la ACT no mantienen derechos de retención estatutarios sobre los ingresos de los peajes de la ACT”, destacó la JSF al celebrar la decisión, que según el ente federal sirve para “adelantar” el proceso de la reestructuración de la deuda de la corporación pública.


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