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Alice Meléndez, presidenta del capítulo local de la Asociación de Productores de Seguros, dio la bienvenida al proceso de valoración, pero también hizo un llamado a la “uniformidad en los procesos”. (GFR Media)

Las empresas que no están conformes con el monto que quiere pagarle su compañía de seguros tendrán una nueva opción para intentar llegar a un acuerdo, ya que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) aprobó la implementación del proceso de valoración.

Este es un método alterno de resolución de conflictos -conocido en inglés como “appraisal”- que busca facilitar la resolución de desacuerdos relacionados a la cuantía de una pérdida. “Es una alternativa que ha tenido éxito en otros estados y sobre todo puede agilizar las reclamaciones comerciales, incluyendo las de condominios, y las de municipios. Confiamos en que puede ser una gran herramienta”, dijo el Comisionado de Seguros Javier Rivera Ríos a El Nuevo Día.

Bajo este mecanismo, de manera voluntaria y por mutuo acuerdo, el asegurador y el asegurado someten ante la consideración de un árbitro neutral sus desacuerdos en cuanto a la cuantía de reclamación. Dependiendo de la naturaleza de la reclamación -ya sea interrupción de negocios o daños a la propiedad-, el árbitro podrá ser un contador público autorizado (CPA) o un ingeniero. Rivera Ríos indicó que ya conversó con ambos colegios profesionales para que le ayuden a identificar los que cualifiquen.

“Este proceso no suplanta o sustituye el derecho del asegurador ni del asegurado o reclamante de recurrir a los tribunales”, dijo el Comisionado, aunque aclaró que es más económico que entablar un pleito en las cortes. Agregó que tampoco será un impedimento para que un asegurado presente una solicitud de investigación ante su oficina o inicie cualquier otro proceso legal que en derecho proceda.

El funcionario no precisó cuánto puede aligerarse las negociaciones con esta alternativa, pero indicó que la misma estará disponible de inmediato.

No obstante, Ramón Ponte, presidente del Colegio de CPA, dijo que entiende que la colaboración será para eventos futuros, ya que primero es necesario adiestrar a sus socios. Indicó que algunos están fungiendo como peritos de aseguradoras y otros han sido contratados como ajustadores públicos por los asegurados, y por lo tanto no cualifican para ser árbitros neutrales.

Ponte señaló que hace falta capacitar a un grupo mayor de CPA, y agregó que su entidad tiene casi listo el currículo de los seminarios, pero planifica empezar a ofrecerlos en agosto porque en julio muchos CPA están de viaje.

Por su parte, Rodolfo Mangual, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, estima que hay entre 60 y 100 socios de la entidad que podrían cualificar como árbitros. Mangual dijo que está a la espera de que el Comisionado le informe cuáles son los requisitos para enviarlos a su matrícula y poder determinar cuántos están interesados.

Mientras, Alice Meléndez, presidenta del capítulo local de la Asociación de Productores de Seguros (PIA, por sus siglas en inglés), le dio la bienvenida a la valoración, siempre y cuando esta opción no se convierta en la norma. “Necesitamos que haya uniformidad en los procesos”, indicó en referencia a que muchas de las controversias en las reclamaciones surgen por la disparidad en los estimados de costos de cada una de las partes.

Explicó que en Puerto Rico, cada aseguradora tiene su manera particular de estimar los costos y no utilizan “software” ni tablas estándares con información actualizada de costos de materiales, como hacen en los estados.

Sobre el proceso de valoración, una vez las partes acuerden por escrito someterse al mismo, deberán llenar un formulario en la OCS. Cada una tendrá un perito que les representa durante el procedimiento, en el caso de la compañía de seguros podrá ser el ajustador independiente, mientras al asegurado lo representará el ajustador público.

Ambas partes se pondrán de acuerdo para escoger al árbitro, y serán responsables de pagarle sus honorarios (cada uno pagará la mitad). Los honorarios no excederán los $125 por hora.

Se espera que el árbitro concluya un caso en 30 días aproximadamente y su determinación no necesariamente tendrá carácter obligatorio para las partes, señaló el Comisionado.


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