El Comité de Acreedores alega que la transacción sería contraria a Promesa y el Código de Quiebras
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El proceso de reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) descansa en una ley que sería contraria a la ley federal Promesa y de concretarse, libraría de responsabilidad a dos directivos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a los actuales asesores legales y financieros de ese organismo y a funcionarios del gobierno sin haberse efectuado una investigación abarcadora de la deuda de la isla, según el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).
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