Aparte de eximir de responsabilidad a oficiales pasados y presentes de la BGF, la reestructuración de la deuda de   esa entidad también crea gravámenes sobre ciertos activos para pagar a sus bonista (semisquare-x3)
Aparte de eximir de responsabilidad a oficiales pasados y presentes de la BGF, la reestructuración de la deuda de esa entidad también crea gravámenes sobre ciertos activos para pagar a sus bonistas. (GFR Media)

El proceso de reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) descansa en una ley que sería contraria a la ley federal Promesa y de concretarse, libraría de responsabilidad a dos directivos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a los actuales asesores legales y financieros de ese organismo y a funcionarios del gobierno sin haberse efectuado una investigación abarcadora de la deuda de la isla, según el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

En una última réplica a la jueza Laura Taylor Swain, el principal abogado del UCC, Luc A. Despins, indicó que modificar la deuda del BGF bajo el Título VI de Promesa constituye una violación a la orden que se emitió hace más de un año. Esta orden, entre otras cosas, requiere que cualquier parte interesada en avanzar su caso acuda a la corte y solicite el levantamiento de la suspensión automática de litigios que prevalece contra el gobierno y sus instrumentalidades.

El UCC pidió a Swain, en una moción separada, que se le conceda autoridad limitada para intervenir en la reestructuración de la deuda del BGF.

Ambos reclamos se discutirán hoy, cuando Swain presida la audiencia general del mes de septiembre de los casos de Título III en la corte de distrito federal en Hato Rey.

Contradicción

Según el UCC, la JSF se contradice al defender a capa y espada la reestructuración del BGF bajo el Título VI de Promesa, mientras en otras ocasiones, se ha opuesto a levantar la suspensión automática de litigios.

El pasado 22 de agosto, el UCC pidió a Swain frenar la reestructuración de la deuda del BGF, entre otras cosas, porque puede haber acreedores del gobierno central que tengan reclamaciones contra el otrora agente fiscal y porque esta liberaría de responsabilidad a quienes contribuyeron al colapso fiscal, incluyendo a la firma Proskauer & Rose, que ahora asesora a la JSF.

Mecanismo prohibido

La reestructuración de la deuda del BGF, se lleva a cabo según la Ley 109 de 2017, que aparte de eximir de responsabilidades a oficiales pasados y presentes de esa entidad, también crea gravámenes sobre ciertos activos para pagar a sus bonistas.

La moción del UCC recibió el rechazo de la JSF, el BGF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) porque, entre otras cosas, el UCC no tiene autoridad para entrar en la reestructuración del BGF y de permitirse, ello sería una intervención en los poderes del estado.

Para el UCC, en cambio, la reestructuración del BGF debe detenerse porque, entre otras cosas, la transacción contempla mecanismos contrarios a la sección 362 del Código de Quiebras y a la orden de suspensión automática de litigios vigente.

La reestructuración de la deuda del BGF contempla principalmente que los municipios que mantienen préstamos con esa entidad puedan cancelarlos pagando estos con los depósitos que mantienen en la misma institución, lo que se identifica en inglés como “setoff”.

Según el UCC, ese mecanismo dispuesto en la Ley 109, está prohibido porque daría ventaja a unos acreedores sobre otros, cuando el objetivo de las leyes de quiebra es maximizar los activos del deudor para beneficiar a “todos los acreedores”.


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