Una de las casas que sufrió daños severos tras el paso del huracán María. (semisquare-x3)
Una de las casas que sufrió daños severos tras el paso del huracán María. (Gerald López Cepero)

La Asociación de Compañías de Seguro (Acodese) consignó esta mañana su oposición a que el propuesto Código Civil que se discute en la Cámara de Representantes extienda de uno a dos años el término que tiene un ciudadano para hacer una reclamación de daños y prejuicio tras advenir conocimiento del daño sufrido. Según su postura, este cambio tendría el efecto de aumentar el costo de las primas, incluyendo los seguros del gobierno.

El Código Civil vigente establece el año como término fijo para que caduque dicho plazo.

Precisamente, ayer el gobierno de Ricardo Rosselló, a través de la Oficina del Comisionado de Seguros y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), presentó dos recursos legales contra las aseguradoras del país. En el caso del DACO, busca evitar que una aseguradora reclame como defensa que se alcanzó el término de caducidad de un año para no atender una reclamación.

Gretchen Alvarado, asesora legal de Acodese, indicó a preguntas de la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, que, si bien algunos tratadistas sostienen que el término de un año para ejercer este tipo de reclamación, “contamos con un rico andamiaje jurisprudencial que proteger a los reclamantes”.

“Ampliar el plazo prescriptivo a dos años habrá de trastocar ese balance, en detrimento de las partes sujetas a reclamaciones”, dijo Alvarado en alusión al lenguaje del propuesto artículo 1288.

La representante de Acodese trajo a colación al posible aumento de costos en las primas que, precisó, “no parece la mejor alternativa. Es forzoso concluir que, lejos de beneficiar al público, esta medida va a perjudicar al consumidor”.

Al defender su postura, Alvarado mencionó que la compañía de seguros no debe “esperar mucho” para conocer lo que describió como la “actitud” del perjudicado y que la parte agraviada tiene todo un año para interrumpir el término. Argumentó también que el término de prescripción tiene como justificación “castigar la inercia de los acreedores” y que alargarlo complica el manejo de la evidencia o la necesidad de localizar testigos.

“Por consiguiente, la parte afectada no está obligada a iniciar una acción judicial en o antes del transcurso del año”, dijo. “La jurisprudencia ha ofrecido soluciones a numerosas situaciones conflictivas de este precepto para preservar los intereses de todos los involucrados”.

A preguntas, Charbonier indicó que no ha asumido una postura en cuanto a si mantiene el lenguaje propuesto en el código o no, aunque expresó que encontró “lógica” la postura de Acodese en el sentido de que con los avances tecnológicos no hay razón para que un individuo necesite dos años para iniciar una reclamación extrajudicial.

En cuanto a la posibilidad de que aumenten los costos de las primas, opinó que ellos “pueden alegar eso”.

Alvarado también consignó su oposición al propuesto artículo 568, que propone limitar la autonomía la cantidad de dinero que una persona puede destinar a otra como parte de una póliza de seguros de vida. El propuesto artículo dispone que el dueño de una póliza de seguro de vida tendrá que dejar, como mínimo, el 50% del beneficio al cónyuge supérstite (que sobrevive).

“No encontramos justificación alguna en derecho para realizar este cambio que tiene un profundo arraigo en la industria de seguros”, dijo Alvarado.


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