Bebo’s BBQ es uno de 195 negocios que ha sido demandado por el mismo abogado, el licenciado José Carlos Vélez Colón, alegando que incumple con las disposiciones de la Ley ADA. (semisquare-x3)
Bebo’s BBQ es uno de 195 negocios que ha sido demandado por el mismo abogado, el licenciado José Carlos Vélez Colón, alegando que incumple con las disposiciones de la Ley ADA. (Imagen de web)

En los últimos tres años, casi dos centenares de casos se han radicado en el Tribunal Federal para el distrito de Puerto Rico en Hato Rey en contra de pequeños comercios y negocios familiares por presuntamente violar las disposiciones de la Ley ADA (American with Disabilities Act), que protege a las personas con discapacidad.

Uno de esos 195 negocios es Bebo’s BBQ en la marginal de la avenida Baldorioty de Castro, en Carolina. La demanda contra Bebo’s BBQ y el resto de los comerciantes la radicó el abogado José Carlos Vélez Colón, quien presuntamente le pidió al restaurante $5,000 para evitar que los demandara, a lo que sus propietarios se opusieron, por lo que el abogado radicó el recurso legal a nombre de su cliente María Suárez Torres.

En agosto de 2018, Natanael Lantigua, gerente general de Bebo’s BBQ, sometió una declaración bajo pena de perjurio en la que aseguró que nunca en su vida ha visto a Suárez Torres, y reconoció por fotos al abogado Vélez Colón y a su esposa o compañera, Zuleyka Castro de Jesús, como los que fueron al negocio.

Otros demandados han ofrecido un testimonio similar al de Lantigua, que nunca han visto a Suárez Torres en sus negocios, pero sí al abogado Vélez Colón, quien les ha pedido dinero para evitar llegar al tribunal.

De hecho, en el 2017, el Centro Unido de Detallistas radicó una querella ética contra Vélez Colón debido a la gran cantidad de comerciantes que se sentían extorsionados por las prácticas de dicho abogado. Nelson Ramírez, quien presidía el CUD en ese entonces, fue quien radicó en el Tribunal Supremo la querella contra Vélez Colón, y según dijo a El Nuevo Día, todavía la reclamación está pendiente de ser atendida.

Presuntamente, Vélez Colón les enviaba una carta genérica a los comerciantes en la que se identifica como representante de una persona con impedimentos que le trajo a la atención alguna barrera arquitectónica en el negocio. Al final de la carta, le requería el pago en 10 días, de lo contrario, les advertía que procedería con la demanda.

El abogado José Enrico Valenzuela-Alvarado, del bufete Valenzuela-Alvarado LLC, quien representa a Bebo’s BBQ, pide al tribunal que descalifique a Vélez Colón por conflicto de interés, ya que, según Valenzuela-Alvarado, “él es quien hace el esquema de extorsión”. Solicita además que declare el caso frívolo. Estas mociones tendrían que verse antes de que inicie el juicio en su fondo.

Valenzuela-Alvarado indicó que contrató un investigador, quien entrevistó a diversos comercios que fueron demandados por Vélez Colón. Algunos le dijeron al investigador José Meléndez que pagaron el dinero y arreglaron la propiedad, pero que el abogado nunca regresó a verificar. Otros firmaron un documento de confidencialidad con el abogado y comentaron que no podían ofrecer detalles.

“La inmensa mayoría de los comerciantes, como el 95%, le pagan por miedo a que los demande”, afirmó Valenzuela-Alvarado.

Habla Vélez Colón

El abogado de Suárez Torres afirmó que el tribunal federal ha determinado que las demandas contra negocios que violan la Ley ADA no son frívolas y lamentó que los comerciantes se sientan intimidados con la acción legal.

“Si alguien recibe una demanda de este tipo, en lugar de demonizar al abogado de la persona con discapacidades, debe procurar establecer un diálogo sosegado y respetuoso para buscar soluciones que sean sensibles a los derechos de las personas con impedimentos y que tomen en cuenta la situación económica particular de cada comercio”, sostuvo Vélez Colón.

Sobre las imputaciones de que sus acciones rayan en la extorsión, el abogado de los discapacitados aseveró que todos los que han pagado lo han hecho en el contexto de un procedimiento judicial y que todas las ofertas de transacción que ha hecho incluyen hacer modificaciones para cumplir con la ley ADA. “La extorsión es un asunto tipificado como delito y hay que tener mucho cuidado al hacer imputaciones de conducta criminal”, añadió.

El año pasado, los legisladores Manuel Natal Albelo y Nelson del Valle radicaron una resolución en la Cámara de Representantes para investigar el efecto que está teniendo en las pymes esta práctica de alegada intimidación. Según la resolución cameral 223, la posibilidad de entablar pleitos legales bajo la Ley ADA ha dado paso a la presentación de demandas conocidas como “drive-by lawsuits”.

Dicha práctica consiste “en sujetar, de manera premeditada, a los dueños de pequeños y medianos comercios a la aceptación de un acuerdo monetario extrajudicial, subordinado a la presentación de una demanda en el foro federal por violaciones a la Ley ADA”, dice la resolución. Agrega que los “drive-by lawsuits” no ha sido exclusivo de la jurisdicción de Puerto Rico, pues comerciantes en los estados de Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, New York y Texas han recibido intimidaciones similares por parte de abogados.


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