Representación de la plataforma Access Terminal, que junto a MapPlus permite a quienes invierten en el mercado de gravámenes contributivos contra la propiedad (“tax liens”) conocer el estado de sus inversiones. (horizontal-x3)
Representación de la plataforma Access Terminal, que junto a MapPlus permite a quienes invierten en el mercado de gravámenes contributivos contra la propiedad (“tax liens”) conocer el estado de sus inversiones. (Toma de pantalla)

La firma de inversiones BCMG ha creado -gracias a la contribución de programadores puertorriqueños- la plataforma Access Terminal que permite a decenas de estados, condados y ciudades en todo Estados Unidos vender sus gravámenes contributivos (“tax liens”) sobre la propiedad a miles de inversionistas sofisticados.

En paralelo, tras una inversión de sobre $7 millones y también con el ingenio de puertorriqueños expertos en cartografía digital, BCMG ha creado MapPlus, una solución de inteligencia contributiva por geolocalizador, que permite a participantes del mercado de gravámenes contributivos contra la propiedad (“property tax liens”) conocer el estado real de sus inversiones.

Ambas soluciones tecnológicas son fruto de la visión de Thomas McOsker, un manejador de inversiones que se mudó a Puerto Rico con la expectativa de tomar partido de las leyes 20 y 22 y ha terminado relocalizando parte de sus empresas y creando nuevas iniciativas, como Access Terminal y MapPlus.

Vía para allegar dinero al fisco

“El mercado de gravámenes contributivos es un mercado nicho dentro de la financiación municipal y por eso disfrutamos de una cuota de mercado tan grande. Es un mercado pequeño muy bueno y por eso, nos gusta”, dijo McOsker.

La venta de gravámenes de impuestos de propiedad no es nueva. Por décadas, los gobiernos han vendido la deuda de contribuciones a terceros, sea en subastas a viva voz o a firmas de cobranza de estas obligaciones.

En esencia, la venta de gravámenes contributivos contra la propiedad puede verse como un adelanto de efectivo por parte de un inversionista al gobierno que no ha logrado cobrar la deuda del contribuyente.

El inversionista recupera su capital, a medida que el contribuyente paga su obligación.

“Puerto Rico, la ciudad de Chicago o Illinois no son los únicos gobiernos que atraviesan por problemas presupuestarios”, dijo McOsker, cuya firma ha gestionado unos $4,000 millones en este tipo de transacciones.

De la misma forma en que millones de individuos, bancos, fondos y casas de inversiones compran y venden acciones, bonos y otros instrumentos a través de sistemas automatizados, McOsker lleva más de una década creando soluciones para la venta en línea de deudas contributivas. La automatización, a su vez, ha contribuido a ampliar el universo de fondos institucionales, bancos de inversiones y fondos de cobertura de riesgo que invierten en estos productos, lo que implica más liquidez a los gobiernos y un mercado secundario más amplio.

McOsker cree que la venta de deudas contributivas contra la propiedad continuará en ascenso, pues los gobiernos necesitan allegar más ingresos para prestar servicios a la población.

Subrayó que los estados que han incorporado la venta de gravámenes tributarios han mejorado sus niveles de captación alcanzando, en algunos casos, tasas de hasta 80%.

Exportando a 29 estados y Washington DC

Hace unos 18 meses, El Nuevo Día reseñó la llegada de BCMG a la Isla, cuando McOsker apenas tenía un puñado de empleados. Ahora, desde Puerto Rico, BCMG presta servicios a gobiernos en 29 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia. La firma emplea 35 personas, sirviendo a unos 2,670 municipios o condados estadounidenses.

Cuando McOsker se mudó a Puerto Rico en 2015, trajo consigo la compraventa de gravámenes contributivos, pues se veía como una operación de exportación de servicios.

BCMG es ahora una empresa de investigación en tecnología, una vez McOsker reclutó a varios programadores en la isla con la expectativa de crear una solución que permitiera a cualquier inversionista completar la compraventa de sus gravámenes contributivos desde su ordenador o teléfono móvil.

La ciencia del “tax lien”

“Access Terminal es una solución 100% puertorriqueña”, dijo McOsker, haciendo referencia a la aplicación que permite al inversionista comprar o vender un portafolio de gravámenes y hasta un gravamen individual en cualquier parte de Estados Unidos.

Según McOsker, tras la creación de Access Terminal, fue necesario ofrecer a los inversionistas la mayor cantidad de información posible acerca del valor que adquieren y así surgió MapPlus. En dicha plataforma, por ejemplo, un inversionista en el estado de Nueva York puede acceder desde su escritorio, en tiempo real, a fotos e información de la deuda contributiva que posee en el estado de la Florida, así como conocer el estatus de pago, la condición de la propiedad (si está en venta o alquiler, destruida o en buen estado, por ejemplo) y la zona donde está enclavado el inmueble.

MapPlus, creada por expertos puertorriqueños en cartografía digital e inteligencia geográfica, tiene la capacidad de combinar múltiples bases de datos, así como las soluciones de mapas creadas por Google, con información visual de cada propiedad capturada por drones y recorrido en tierra. Por ejemplo, el sistema permite identificar si se trata de propiedades residenciales, comerciales, cívicas, educativas o gubernamentales. Tales detalles permiten al inversionista conocer el tipo de riesgo en el que incurre antes de invertir, pues la propiedad será el colateral de su inversión, dijo McOsker.

El asunto parece sencillo, pero las deudas contributivas sobre la propiedad son una ciencia en sí misma. Según McOsker, dado que cada condado o municipio tiene reglas distintas para cobrar sus impuestos, la firma tiene que ajustar su solución para cada jurisdicción, lo que también aplica a los mapas e información de la propiedad que se hace disponible al inversionista.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a la aplicación de tales soluciones en Puerto Rico, McOsker indicó que las herramientas diseñadas podrían aplicarse en la isla.

En ese sentido, McOsker entiende que a diferencia de otros estados, los municipios de Puerto Rico podrían beneficiarse, pues cuentan con una estructura uniforme para el cobro de los impuestos a la propiedad a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).


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