Según la OIG, el contrato entre Hacienda y el productor de seguros, conllevó el desembolso de fondos públicos por la cantidad de $182,630.38. (Archivo)

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) encontró irregularidades y deficiencias, así como posibles violaciones legales en el otorgamiento del contrato a un productor de seguros otorgado por el Departamento de Hacienda, tras investigar dicho contrato.

De la investigación se desprende que el productor de seguros, al que la OIG no identificó, fue incorporado el mismo día en que Hacienda comenzó el recogido de los requisitos para las solicitudes de propuestas para la contratación de productores.

El contrato entre Hacienda y el productor tuvo vigencia desde abril de 2017 a marzo de 2018, lo que conllevó el desembolso de fondos públicos por la cantidad de $182,630.38. En ese entonces, el titular de Hacienda era Raúl Maldonado.

Hacienda es el que selecciona y asigna a las entidades gubernamentales los productores que gestionan los distintos seguros que estas tengan que adquirir.

Entre las irregularidades detectadas por la OIG figuran que, al momento de la firma del contrato, no existía una resolución corporativa que facultara al representante de productor de seguros a comparecer en dicho acto, como se establecía expresamente en el contrato mencionado. La resolución corporativa contenida en el expediente, días después de la firma del contrato.

Además, certificaciones requeridas por virtud de la Ley 237-2004, según enmendada; la Carta Circular 1300-16-16, e indispensables para la contratación gubernamental del productor de seguros, se expidieron después de la fecha del otorgamiento del contrato y una certificación no se encontró del expediente.

Según la OIG, Hacienda validó y certificó a la fecha del otorgamiento del contrato documentos tales como: Certificación de Radicación de Planillas, el Certificado de Existencia y la Certificación Negativa del Programa de Seguro Social para Choferes, a pesar de que estos fueron expedidos y presentados en fecha posterior a la que ya se había concretado el otorgamiento del contrato.

Asimismo, el contrato y varias enmiendas se remitieron y registraron tardíamente en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en violación a lo dispuesto en el Artículo 1 (A) de la Ley 18 de 1975, según enmendada.

“El otorgar un contrato público, en el que a la fecha del otorgamiento el contratista no había demostrado estar autorizado para comparecer a su firma y sin cumplir con la documentación requerida, trastoca los procesos de contratación dentro del Gobierno de Puerto Rico y las aspiraciones de un gobierno transparente”, sostuvo la OIG en declaraciones escritas.

La conducta anteriormente señalada, pudiese representar violaciones a diferentes leyes entre las cuales se encuentra: la Ley Núm. 146-2012, según enmendada conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, la Ley Núm. 230 del 23 de julio del 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, la Ley Núm. 237-2004, según enmendada, conocida como “Ley para establecer parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales o consultivos para las agencias y entidades gubernamentales”, Ley Núm. 84-2002, según enmendada, vigente al momento de los hechos y conocida como “Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias Ejecutivas del E.L.A.” y sustituida por la Ley Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico; Ley 18 de 1975, según enmendada conocida como “Contratos-Deber de Radicar en la Oficina del Contralor”.

Cabe destacar que la Oficina de Auditoría Interna de Hacienda había emitido en el 2018, un informe de investigación en el que habían identificado y señalado algunas deficiencias en el proceso para el otorgamiento del contrato a dicho productor de seguros.

“En cumplimiento con nuestra facultad ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de públicos, corresponde realizar los correspondientes referidos a las entidades concernientes, para que evalúen posibles infracciones por parte de los funcionarios públicos a los estatutos”, manifestó la OIG.

Reacciona Hacienda

Francisco Parés, actual secretario de Hacienda, señaló que recién recibió el informe de la OIG, pero aclaró que esas irregularidades ocurrieron antes de que él asumiera la secretaría. “Vamos a estar analizando el informe, pero te puedo decir que Hacienda ya ha estado trabajando para mejorar los procesos de contratación. Cuando llegué a la secretaría, no había un procedimiento registrado en el área de administración”, dijo Parés.

“Este grupo gerencial de Hacienda ha implementado un rigor mayor en el proceso de contrataciones”, agregó el titular de Hacienda.


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