Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas. (GFR Media)

Una decena de asociaciones empresariales han levantado su voz para denunciar las inconsistencias y discrepancias del nuevo Reglamento Conjunto de Permisos con relación a la Ley 161 de 2009 y amenazan con acudir a los tribunales si el gobierno no detiene su implantación.

El reglamento no solo aumenta los trámites de permisos, sino que encarece los mismos, y, peor aún, los requiere de forma retroactiva, pese a que los negocios lleven décadas en operación.

“Estamos sumamente preocupados e indignados y lo tenemos que denunciar. Una de las mayores preocupaciones de los sectores empresariales aquí representados son los códigos de construcción aplicados de forma retroactiva, lo que impone requisitos adicionales onerosos”, señaló Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).

Explicó Argüelles que la Ley 161 buscaba simplificar el proceso de permisos, el cual ha sido un dolor de cabezas por años para el sector empresarial, pero el nuevo reglamento ha hecho justo lo opuesto: ha aumentado la burocracia y por ende, los costos para operar.

Para una muestra con un botón basta. “Para que tengan una idea de lo absurdo de este reglamento, se le requiere a las funerarias tres permisos de uso distintos, uno para la capilla, otro para los servicios funerales y otro adicional para la sala de embalsamamiento, aun cuando los tres servicios están atados y son componentes de una misma operación y servicio”, manifestó Eduardo Cardona, presidente de la Asociación de Funerarios de Puerto Rico. Antes, las certificaciones de las funerarias se otorgaban pro tres años, pero ahora el nuevo reglamento las requerirá cada año.

Este cambio triplica nuestros costos de hacer negocios. El problema es que en la medida en que nuestros costos aumenten, no tenemos más opción que aumentar los precios impactando el bolsillo del consumidor, que ya de por sí está en mal estado. El mayor problema es que la ley dicta una cosa y las agencias hacen otra”, sentenció Cardona.

Los comerciantes cuestionaron si el gobierno les exigirá a las iglesias estos permisos para que puedan utilizar sus capillas para los servicios funerarios.

Enid Monge, presidenta de Empresarios por Puerto Rico (EPPR), indicó que uno de los cambios principales en el reglamento de permisos es en el permiso único, que se había presentado para facilitar el proceso de operar negocios en Puerto Rico, pero que ahora el gobierno quiere interpretarlo como un permiso para negocio nuevo, aun cuando el comercio lleve operando décadas en el mismo lugar y con el mismo dueño. El permiso único era con el fin de compilar todas las certificaciones y licencias de operación del negocio en un solo registro.

Monge denunció que Bomberos y la propia OGPe están exigiendo que los negocios existentes cumplan con las disposiciones del Código de Construcción y del Código contra Incendios, de forma retroactiva.

“Esta interpretación es errada y contradice el Código de Internacional de Construcción, en el se basó el de Puerto Rico”, sostuvo Monge.

Pero tal vez, el sector empresarial más afectado son los negocios de cuidado de envejecientes y los establecimientos a cargo del cuido asistido de adultos mayores. Esto porque Bomberos les está exigiendo que, a más tardar el 30 de noviembre de este año, instalen rociadores bajo la categoría institucional (I2), que es para negocios grandes. Ello, alegan los comerciantes, no es compatible con las estructuras donde operan sus negocios, muchos de ellos en residencias convertidas en centros de cuido.

Tamara Pérez, presidenta de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado, dijo que el 85% de los hogares de envejecientes no cualifican para instalar el sistema de rociadores institucional, que requiere una cisterna de 18,000 galones, peso que no lo aguantan algunas estructuras residenciales. Además, el costo es oneroso y supera los $30,000.

Los empresarios cuestionaron el empeño de Bomberos en exigir los rociadores, a tal punto, que la agencia ha identificado tres empresas a las que endosa, siendo una de ellas Electric Services. Pérez dijo que los rociadores no salvan vidas, pues se activan cuando el calor asciende a 160 grados.

José Luis Romero, un dueño de hogar, indicó que le han sugerido al gobierno que permita la instalación de otras opciones, como paneles inteligentes que alertan cuando hay algún área de la estructura incendiándose, pero Bomberos se ha negado a aceptarlos. Además, los centros de cuido tienen también extintores y alarmas de detección de humo, los cuales son más eficientes para prevenir incendios y salvar vidas.

“El 85% de los hogares de cuido tendrían que cerrar si el gobierno insiste en ese requisito caprichoso que no salva vidas”, afirmó Pérez.

Agnes Martínez, asesora legal del CUD, mencionó que la OGPe siempre se opuso a que el reglamento de permisos se implantara de forma retroactiva, pero la postura de dicha agencia cambió cuando Evelyn Moya, esposa del jefe de Bomberos entró a laborar en OGPe.

Otro requisito absurdo del nuevo reglamento es que a los centros de inspección y estaciones de gasolina le piden permisos de uso distintos para una misma operación. Por ejemplo, las estaciones que venden marbetes tienen que solicitar un nuevo permiso para dicha función, dijo Argüelles.

“Yo me pregunto si a los bancos que venden marbetes también les están pidiendo esos requisitos o si a las tiendas por departamentos les piden un permiso por cada departamento. Basta ya del abuso a los pequeños y medianos comerciantes”, manifestó Argüelles.

“Quien único se beneficia del requisito de varios permisos de uso y de las renovaciones anuales es la empresa contratada para proveer el sistema de renovaciones, que le cobra al comercio por cada transacción”, denunció por su parte, Roberto Echevarría, presidente de la Asociación de Centros de Inspección.

El CUD y EPPR le cursaron una carta a la gobernadora hace dos semanas para discutir este tema, y aún aguardan por su respuesta.


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