El asesor del organismo federal, Adam Chepenik, hizo el comentario en un correo electrónico. (GFR Media) (semisquare-x3)
El asesor del organismo federal, Adam Chepenik, hizo el comentario en un correo electrónico. (GFR Media)

Si en el proceso de conferencia sobre la reforma contributiva la Legislatura atempera el lenguaje del proyecto a las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal(JSF), los consumidores no verían la reducción del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) en las comidas preparadas hasta por lo menos octubre del año que viene.

Ese parece ser el escenario que la Legislatura y la JSF negocian a juzgar por un correo electrónico del asesor del organismo federal, Adam Chepenik, sobre las fuentes de recaudos para financiar la reforma contributiva.

Según el correo electrónico examinado por El Nuevo Día, Chepenik escribió a unas 19 personas, entre ellas, una persona de nombre “Natalie”, quien pudiera ser la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sobre los mecanismos para financiar la reforma contributiva. En el correo electrónico, Chepenik señala que si el gobierno considera dilatar la rebaja en el IVU, la JSF no se opondría a esa propuesta, en especial, si retrasa la reducción del IVU hasta octubre de 2019, pues ello cumpliría con los criterios de la Junta.

En cambio, según el correo electrónico, si el ajuste se implementa unos dos meses antes, es decir en agosto de 2019, ello “no sería aceptado” por la Junta.

El Nuevo Día no pudo corroborar de inmediato con la JSF la autenticidad del correo electrónico.

Partiendo del correo electrónico de Chepenik, es posible que el Ejecutivo y la Legislatura hayan considerado posponer la reducción de 4% a la tasa del IVU cuando se trate de alimentos preparados como un mecanismo para financiar el alivio que se ha prometido a los contribuyentes. En semanas recientes y en especial, luego que se incluyera lenguaje para legalizar miles de máquinas tragamonedas en la isla, la viabilidad de la reforma contributiva ha quedado en entredicho.

Habida cuenta que el Senado hizo enmiendas sustanciales al proyecto tributario de la Cámara de Representantes, la pieza se encuentra en comité de conferencias. El Nuevo Día supo que si ambos cuerpos llegaran a un acuerdo, la pieza podría bajar a votación mañana, martes.

Empero, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, dijo a El Nuevo Día que la aprobación de la pieza podría posponerse hasta enero del año entrante.

La vídeolotería

El pasado 2 de noviembre, la JSF advirtió a la Legislatura que el proyecto de reforma contributiva no cumplía con los objetivos de recaudos y ahorros establecidos en el plan fiscal y señaló además, que adoptar legislación para legalizar tragamonedas fuera de casinos, podría “canibalizar” los recaudos que recibe el fisco por concepto de casinos.

El gobierno encomendó a la firma Spectrum Gaming, un estudio sobre el impacto de la legalización de tragamonedas fuera de casinos. El estudio develado por este medio concluyó que Puerto Rico está saturado de juegos de azar y que la instalación de otras 30,000 máquinas de juego acabaría quitando recaudos al fisco en lugar de aumentarlos, en aproximadamente unos $56 millones por año.

En ese particular, Chepenik indica en el correo electrónico que se proponía conversar con la Compañía de Turismo sobre la propuesta de la llamada videolotería y que no había recibido un estudio o data suficiente que atienda los señalamientos de la JSF en el tema.

Por su parte, Natalie Jaresko reiteró esta tarde que si el proyecto de reforma contributiva contempla la implementación de la vídeolotería, este no cumplirá con los objetivos establecidos en el plan fiscal.

“Lamentablemente, a pesar de varios intentos, la Junta aún no ha recibido datos que apoyen la perspectiva de que la disposición relacionada a los terminales de videolotería en el proyecto de ley tiene un efecto neutro sobre los ingresos y que no canibalizará otras fuentes de ingreso presentes en el plan fiscal”, indicó Jaresko.


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