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En su moción, Integrand también alega que altos oficiales de la Oficina del Comisionado de Seguros no han estado disponibles para atender los pedidos de la aseguradora relacionados a la controversia legal entre la empresa y sus reaseguradores. (Luis Alcalá del Olmo)

Integrand Assurance Company ha solicitado a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) que revoque las órdenes emitidas en su contra, por entender que son contrarias a la reglamentación vigente y de un patrón de discrimen que no dejó otra alternativa al asegurador que recurrir al proceso de rehabilitación.

El Nuevo Día tuvo acceso a un pedido de reconsideración que Integrand envió a la OCS a principios de esta semana y en el que se alega que el subcomisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui, habría requerido a Integrand responder a ciertas reclamaciones de clientes comerciales como condición para que la OCS no emitiera una orden en contra del asegurador. Los clientes comerciales se habrían querellado ante la OCS contra Integrand.

El comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, expresó su rechazo tajante a los señalamientos de Integrand y aseguró que estos serán refutados en los foros pertinentes.

Según el recurso de Integrand, el pasado 8 de febrero, durante una reunión para dilucidar una querella de la empresa Caribbean Franchise, el subcomisionado Cestero Lopategui indicó al abogado de Integrand, Eduardo J. Cobián Roig, que la OCS tenía una orden para restringir las operaciones de Integrand que “estaba redactada y que solo faltaba la firma”. Según el documento, las expresiones de Cestero Lopategui se interpretaron como un intento del funcionario de condicionar las operaciones de Integrand a que este pagara unos $80,000 a Caribbean Franchise, pago que fue desembolsado.

“No se supone que un subcomisionado (de Seguros) esté abogando por un asegurado enviando textos al abogado de Integrand”, reza el recurso de Integrand.

Unos 32 días después de lo acontecido con Caribbean Franchise, la OCS prohibió a Integrand suscribir seguros de propiedad y contingencia a nuevos clientes.

El pasado 14 de marzo, Integrand solicitó a la OCS acogerse al proceso de rehabilitación bajo el Capítulo 40 del Código de Seguros. Integrand tomó dicho curso de acción, alegando que la movida de la OCS afectó sus negocios y provocó una degradación de parte de la agencia de clasificación, A.M. Best. El pasado viernes, la OCS emitió una orden suscrita por Cestero Lopategui para que Integrand proteja sus activos.

Partiendo del recurso de Integrand, luego del huracán María en septiembre de 2017, el asegurador parece vivir otro ciclón, pero esta vez desde el lado regulatorio, y que tendría su génesis en el momento en que Cestero Lopategui fue nombrado como el segundo al mando en la OCS. Según el documento, el funcionario se molestó al conocer que el presidente de Integrand, Víctor Salgado, se habría opuesto a su designación.

De acuerdo con Integrand, algunos de los clientes que se han querellado ante la OCS estarían representados por abogados identificados con el partido de gobierno o exfuncionarios de la administración en el poder. Entre los clientes mencionados en el recurso de Integrand se encuentran la Asociación de Empleados del ELA (AEELA), Puma Energy, Vieques Hotel Partners y el Municipio de Caguas.

Según el documento, a raíz de las querellas de los asegurados, la OCS habría establecido “un proceso especial” con miras a que las partes pudieran transar las discrepancias, cosa que El Nuevo Día reportó anteriormente.

De acuerdo con el escrito, el pasado 6 de diciembre, Cestero Lopategui habría citado a Integrand a otra reunión para atender el caso de Vieques Hotel Partners. En ese momento, representaron a Integrand dos de sus ejecutivos y el asesor legal externo, Rafael J. Vázquez González, y cuando este último preguntó a Cestero Lopategui la base legal que daba pie al “proceso especial” que llevaba la OCS, el funcionario amenazó con sacarle del encuentro.

“Durante el curso de la reunión, Cestero (Lopategui) pretendió obligar a Integrand a que se comprometiera a presentar una oferta monetaria al asegurado en una fecha específica”, alegó Integrand.

Mientras la OCS habría requerido a Integrand tomar acciones específicas con varios clientes, el asegurador alega que Rivera Ríos y Cestero Lopategui no han estado disponibles para atender sus pedidos como sería el caso de la controversia legal entre Integrand y sus reaseguradores, los que en conjunto adeudarían a Integrand sobre $50 millones.

En su recurso, Integrand pidió que Cestero Lopategui y Rivera Ríos se inhiban de cualquier proceso en su contra y que las acciones tomadas por la OCS se anulen, porque el regulador divulgó información confidencial a destiempo y no dio al supervisado la oportunidad de defenderse.

OCS niega imputaciones

“Nosotros vamos a continuar con nuestro proceso regulatorio que no solamente es contra un asegurador sino contra todo regulado”, dijo Rivera Ríos a El Nuevo Día, al rechazar “al 100%” los alegatos de Integrand.

“Aquí se ha multado a todos los aseguradores”, agregó el funcionario al descartar que Integrand haya sido tratado de manera distinta a otros jugadores del sector.

“Esa moción, en ningún momento, entra a los méritos de la orden”, dijo Rivera Ríos al reiterar que el asegurador atraviesa por retos particulares que no afectan a otros jugadores.

Rivera Ríos sostuvo que la OCS no puede intervenir en la disputa entre Integrand y cinco reaseguradores internacionales, pues el asunto se ventila en el foro judicial, y agregó que la OCS continuará con el proceso de rehabilitación en el momento que lo entienda pertinente. Acto seguido, Rivera Ríos dijo que la moción de reconsideración de Integrand se atenderá según los procedimientos administrativos de rigor.


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