La firma Víctor Salgado & Associates, propietaria de Integrand, alega un patrón de discrimen, represalias, conflictos de interés y extorsión por parte de oficiales en la Oficina de Comisionado de Seguros. (GFR Media)

El juez federal Jay A. García Gregory dio al Departamento de Justicia hasta el próximo 3 de septiembre para contestar una demanda incoada por Víctor Salgado & Associates,Víctor y Ana Salgado Micheo, contra varios funcionarios de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en la que alegan una conspiración para liquidar a Integrand Assurance y en la que reclaman $30 millones en daños.

La orden de García Gregory se produjo a instancias de Juan C. Ramírez Ortiz, abogado del Departamento de Justicia. En la demanda, los Salgado alegan una retahíla de supuestas violaciones al Código Anticorrupción de Puerto Rico, la reglamentación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, en inglés) y a derechos constitucionales al no otorgarles el debido proceso de ley y discriminarles políticamente.

“A la luz de las numerosas alegaciones y reclamos hechos por los demandantes, el suscribiente necesita tiempo adicional para efectuar un análisis apropiado y responsable”, planteó Ramírez Ortiz, consiguiendo así una extensión de un mes.

El pasado 11 de julio, justo cuando Puerto Rico quedó inmerso en los escándalos de corrupción y el chat de Telegram que provocó la renuncia forzada de ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, los Salgado y la firma Víctor Salgado & Associates, propietaria de Integrand, acudieron a la corte federal con un pedido de sentencia declaratoria, interdicto y juicio por jurado. Ello, con la expectativa de que ese foro ponga fin a un alegado patrón de discrimen, represalias, conflictos de interés y extorsión que habría puesto al asegurador al borde del colapso. Los demandados en su carácter individual son el comisionado Javier Rivera Ríos, el subcomisionado Rafael Cestero Lopategui, el comisionado auxiliar de Asuntos Legales, Alexander Adams, y el oficial rehabilitador y oficial liquidador de Integrand y Real Legacy Assurance, respectivamente, Juan A. Moldes Rodríguez.

Alegan uso de influencias

De acuerdo con el litigio y entre otras cosas, Cestero López habría exigido a Integrand el pago de una reclamación luego del huracán María -ascendente a $80,000- de la empresa Caribbean Franchise (dueña de Subway), propiedad del empresario José Vázquez Barquet. Esto, como condición para no emitir una orden administrativa contra Integrand. Según la demanda, en la que se hace referencia a la existencia de mensajes de texto, Vázquez Barquet es tío de Anamalie Manzanal Vázquez, esposa de Cestero Lopategui.

Luego de que Integrand pagó la cifra que habría solicitado Cestero Lopategui a favor de Caribbean Franchise, la OCS emitió la orden de restricción de negocios a Integrand, evento que Rivera Ríos describió como una medida en favor del interés público.

Anteriormente, Rivera Ríos negó a El Nuevo Día, los señalamientos en su contra y los de su equipo de trabajo e indicó que contestaría las alegaciones en los foros apropiados.

La demanda de los Salgado es el desarrollo más reciente entre Integrand y la OCS. Desde marzo pasado, las partes están enfrascadas en una batalla legal por la forma en que la OCS atendió la rehabilitación de Integrand.

Además de los alegatos contra Cestero Lopategui, los Salgado plantean que Rivera Ríos y Moldes Rodríguez han incurrido en conflicto de interés.

Según Integrand, Rivera Ríos encara un conflicto de interés porque, como presidente de la junta de directores en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), autorizó la contratación del ajustador público Scott Favre al tiempo que como jefe de la OCS debe examinar varias querellas radicadas contra el ajustador público. En el caso de Moldes Rodríguez, Integrand alega que el oficial designado por la OCS ha radicado demandas contra el asegurador, lo que le impediría gestionar imparcialmente el proceso de rehabilitación. Esa controversia debió dirimirse el mes pasado en una vista judicial, pero esta fue detenida por el Tribunal Supremo en medio de la crisis de gobernabilidad de la isla.

Por su parte, la OCS alega que Integrand incumplió con sus clientes tras el paso del huracán María y que su condición financiera es débil.


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