La situación se encuentra en niveles críticos ante la proximidad de una "avalancha" de casos que afectarían a aproximadamente 750,000 personas

La situación de las ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico se encuentra en niveles críticos ante la proximidad de una “avalancha” de casos que afectarían a aproximadamente 750,000 personas, reveló este miércoles un análisis de la organización Ayuda Legal Puerto Rico.

Ariadna Godreau-Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, explicó que “la crisis no afecta a todas las personas por igual. Sufren tanto personas como entidades, pero hay personas más vulnerables y suelen enfrentar solas este doloroso proceso, y no tiene que ser así. Tienen derechos y opciones, y pueden recibir ayuda”.

“El huracán María dejó 300,000 viviendas afectadas en un país que ya sufría una crisis económica y tiene un nivel de pobreza de entre 42 y 53 por ciento de su población. En 2017, el año que pasaron los huracanes Irma y María, se registraron 16 ejecuciones de hipotecas por día. Este año, solo en los dos primeros meses (enero y febrero 2019), 459 viviendas fueron ejecutadas por los bancos, lo cual es alarmante, y nos motivó a crear este protocolo para ayudar tanto a personas como a instituciones a enfrentar la situación”, indicó la abogada Godreau-Aubert en una mesa redonda con la prensa.

La organización sin fines de lucro analizó las cifras de hipotecas con más de 90 días de atraso, quiebras, cuentas vendidas a otras instituciones financieras, propiedades en subasta y en ejecución sometidas al tribunal federal y viviendas en moratoria de pagos. Todos los casos totalizan más de 250,260 viviendas en riesgo.

La organización catalogó la situación como una “emergencia nacional” por estimar que más de un 25 por ciento de la población o sobre 750,000 personas se ven afectadas.

Godreau-Aubert, junto con los abogados Ricardo Ramos, director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Verónica Rivera Torres y Tania Morales Cruz, ambas de Ayuda Legal Puerto Rico, señaló que las cifras reales trascienden las que publica la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que no incluye los casos en el tribunal federal de quiebra.

“Los datos oficiales no lo dicen todo”, afirmó Ramos. “Según la OCIF, la cifra de viviendas ejecutadas por los bancos entre 2016 y 2018 ha bajado, pero eso es una merma artificial pues OCIF no incluye los préstamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra, ni las subastas o hipotecas revertidas, conocidas como reverse mortgage”.

Ramos explicó que se esperaba un aumento en el 2017, pero las moratorias a los pagos de hipotecas y el cierre temporero de los tribunales aplazó los casos, creando una merma artificial.

Los problemas de acceso a la justicia agravan más la situación para la población, indicaron los abogados.  “Como la información es muy técnica, muchas veces en inglés; la orientación de la banca es inadecuada, falta educación y representación legal y la situación causa una gran carga emocional, mucha gente enfrenta este proceso sola y no tiene que ser así”, señaló Godreau-Aubert.

Un nuevo protocolo

Ante la alarmante cifra de personas que enfrentan la posibilidad de perder su vivienda este año, la entidad presentó un novel “Protocolo de primeros auxilios para casos de ejecuciones de hipotecas” con el fin de armar a las personas, proveedores de servicios y organizaciones sin fines de lucro con las herramientas e informaciones acerca de los derechos de las personas frente a la posibilidad de perder el hogar.

El manual de la organización recomienda varios pasos para que las instituciones proveedoras de servicios puedan identificar y canalizar los casos de ejecución de hipotecas de forma adecuada y los dueños de préstamos hipotecarios sepan qué opciones tienen.

“Queremos que las personas conozcan sus derechos y reciban el acompañamiento legal que necesitan. Especialmente, nos interesa que grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con diversidad funcional, mujeres, reciban la asistencia necesaria”, indica el documento confeccionado por la entidad.

En la mayoría de las ocasiones, indicaron, es posible detectar cuando una persona se encuentra en riesgo de que su vivienda sea ejecutada. Si la persona no ha incumplido con un pago, pero se contempla que eventualmente tendrá dificultades para cumplir, se puede solicitar al banco una negociación para mejorar las condiciones del préstamo hipotecario y salvar la propiedad.

Ninguna persona puede ser removida de su casa por el banco. Se requiere que se inicie y complete un proceso judicial, dice el documento.

El protocolo cubre temas como: atención de llamadas telefónicas, orientación, proceso judicial, alternativas antes de la ejecución de la hipoteca, responder la demanda judicial, mediación compulsoria, sentencia, subasta, mitigación de pérdidas, venta judicial, cronología de eventos, personas vulnerables, y directorio de servicios legales gratuitos, entre otros.

Una veintena de organizaciones, señalaron, han expresado interés en el protocolo, que es abierto y accesible a todo público en el sitio web ayudalegalpr.org.

La organización también ofrece acompañamiento legal gratis vía telefónica a través del 787-957-3106 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Estado de emergencia

El grupo concluyó la presentación de los hallazgos y recomendaciones durante haciendo un llamado a la banca de hacer más accesible la información a su clientela y adoptar criterios de responsabilidad social y al gobierno para “declarar un estado de emergencia ante la avalancha de ejecuciones de hipoteca que se avecina”.

El gobierno, añadió Godreau-Aubert, debe tomar medidas para paralizar todos los procesos, incluidas las subastas, y convocar una comisión especial para atender la crisis hipotecaria en Puerto Rico.


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