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En la foto está Raúl Maldonado Gautier, secretario del Departamento de Hacienda.  (horizontal-x3)
En la foto está Raúl Maldonado Gautier, secretario del Departamento de Hacienda. (GFR Media)

Tres años después del plazo para cumplir con su responsabilidad de informar la situación de sus finanzas, el gobierno de Puerto Rico presentó sus estados financieros consolidados sin que los auditores externos puedan dar fe absoluta de que la información provista en el documento es confiable.

Entrada la noche del pasado 30 de junio, la administración de Ricardo Rosselló Nevares dio a conocer el estado financiero consolidado auditado para el año fiscal 2014-15 (CAFR-2015), radiografía que revela que hasta hace tres años fiscales, el déficit acumulado del gobierno y sus instrumentalidades crecía hasta alcanzar los $67,037 millones, es decir, casi 27% más que al cierre del año fiscal 2013-14.

Para el año fiscal 2014, el déficit acumulado del gobierno se estimó en $49,200 millones.

La insuficiencia acumulada para el año fiscal 2015, sin embargo, descansa en un cálculo especial que tuvieron que realizar el Departamento de Hacienda y sus asesores. Esto, porque al examinar los libros del gobierno, la firma de auditores externos KPMG encontró que diversas agencias e instrumentalidades del gobierno no siguieron los estándares de contabilidad aplicables, no incluyeron el pago de pensiones como parte de su responsabilidad presupuestaria o aplicaron fórmulas “inapropiadas” para llegar a ese cómputo. Incluso, algunas agencias nunca hicieron ajustes a sus finanzas, salvo la Universidad de Puerto Rico (UPR), a pesar de que era sabido que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ya no tenía dinero para devolverles los depósitos que tenían allí.

Golpe reputacional

Como resultado, ante los errores “materiales” identificados, y probablemente por primera vez en un estado financiero de una jurisdicción estatal de Estados Unidos, KPMG ha provisto una opinión mixta del estado de las finanzas públicas de Puerto Rico. En algunos casos, emitió una opinión adversa, en otros, una lectura cualificada o emitió una advertencia o “disclaimer” ante la imposibilidad de obtener información requerida o constatar la razonabilidad de la información que recibió.

“Si no hubiéramos hecho esto, los estados no habrían salido”, admitió el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, al reconocer que la decisión de KPMG supone un duro golpe a la proyección de Puerto Rico y su capacidad para llevar sus finanzas de manera apropiada.

“Había corporaciones públicas que ya habían emitido sus estados financieros. Para corregirlos, habría sido necesario hacer ajustar cada estado (financiero) y volverlos a emitir. Para el Estado, es oneroso pagar cargos adicionales para efectuar esas auditorías”, indicó Omar Rodríguez, responsable de las tareas de contabilidad gubernamental en el Departamento de Hacienda.

Para el año fiscal 2015, Puerto Rico, al igual que todos los gobiernos de Estados Unidos, estaba obligado a incorporar en sus proyecciones financieras cuánto representa en sus presupuestos y estados de situación el pago de las pensiones de sus empleados.

Lo que dice KPMG

Dicho requisito quedó establecido en el principio de contabilidad gubernamental GASB-68, pero en el caso de Puerto Rico, según la opinión de KPMG, ello no se siguió y casi una treintena de agencias, cada cual con distintos auditores, cerró sus libros.

Rodríguez explicó que, en lugar de adoptar el GASB-68, “no se estableció un plan de trabajo para cumplir esta responsabilidad, y permitieron que los estados financieros fueran emitidos sin cumplir con estas disposiciones”.

Algo similar pasó con agencias que continuaron contando con los depósitos que tenían en el BGF, aunque era claro que el agente fiscal iba en picada.

“No pudimos obtener suficiente evidencia de auditoría apropiada acerca de las cantidades (de la obligación) de pensiones incluidas en los estados financieros”, reza una de las explicaciones de KPMG, al emitir su juicio cualificado sobre una docena de agencias y dependencias.

El análisis incluye, entre otras, a la Superintendencia del Capitolio, el Senado y la Cámara de Representantes, la Administración de Vivienda Pública y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

“En nuestra opinión, basada en los procedimientos de auditoría que realizamos y el reporte de otros auditores, por lo significativo del asunto discutido en (el segmento) ‘Bases para una opinión adversa para el Fondo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM)’, los estados financieros a los que se hace referencia no presentan razonablemente la posición financiera del fondo de ASEM al 30 de junio de 2015 o los cambios en la posición financiera y flujos de efectivo para ese año de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos”, reza otra parte de la opinión de KPMG.

El asunto no es cosa ligera. De la misma manera en que el informe crediticio habla de la capacidad de una persona para cumplir con sus obligaciones a tiempo o con atrasos, la contabilidad de empresas y del gobierno debe llevarse siguiendo métodos o fórmulas específicas. Ello permite hacer un análisis de la salud financiera de una entidad partiendo de parámetros uniformes y, a su vez, es referente para que se pueda pedir prestado en los mercados de capital. En el caso del gobierno, demostrar un buen manejo de las finanzas y que se cumple con métricas establecidas también sirve de referencia para acceder a fondos federales.

Además, por requisito de ley federal, el gobierno debe presentar estados auditados cada año, habida cuenta que emite deuda en el mercado estadounidense.

Incumplimiento en método y en la caja

A principios del mes pasado, Maldonado y Rodríguez adelantaron a El Nuevo Día, que el CAFR reflejaría el impacto del GASB-68, y dijeron que la opinión de KPMG sería compleja, pero no soltaron prenda del impacto que suponía contabilizar el pago de las pensiones. Tampoco indicaron que KPMG plantearía en su opinión que no pudo pasar juicio adecuado sobre el estado de las finanzas públicas de Puerto Rico.

La decisión de KPMG sale a la luz justo cuando el gobierno intenta obtener un respiro en sus multimillonarias obligaciones a través de los pedidos del Título III de la Ley Promesa que ya radicó ante la corte de distrito federal y que examina la jueza Laura Taylor Swain.

Esta semana, el presidente del Comité de Recursos Naturales en el Congreso, Rob Bishop, elogió la publicación del CAFR-2015. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a través de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, hizo lo propio en una conferencia de prensa sobre la pugna presupuestaria.

Aparte de la crítica de incumplimiento con las normas contables por parte de KPMG, se suma la práctica de gastar más de lo que se tiene, cosa que la firma de auditores había advertido en el CAFR 2014.

En ese año, por primera vez, KPMG indicó que tenía dudas “sustanciales” de que el gobierno de Puerto Rico pudiera continuar operando a futuro, lo que en la jerga contable se describe como “going concern”.

En ese momento, el reporte del gobierno admitía que tanto el aparato central como la mayor parte de las corporaciones públicas estaban insolventes.

En la lectura del CAFR-2015, la situación solo empeora. Mientras las obligaciones del gobierno (que incluyen pago de pensiones, deuda, gastos operacionales y similares) totalizaban $84,400 millones para ese año, los activos apenas se calculaban en $16,100 millones.

En el caso del presupuesto con cargo al Fondo General, el año fiscal 2015, según el CAFR de ese año, cerró con un déficit de $735 millones, excluyendo financiamientos.

¿Cómo atajar la insolvencia?

“Como resultado de estas dificultades fiscales, el 3 de mayo de 2017, la JSF, por solicitud del gobierno, radicó una petición bajo el Título III de Promesa”, reza el segmento del CAFR, donde la gerencia explica la situación del fisco.

El CAFR-2015 detalla los malabares que ha hecho el gobierno para enfrentar la crisis de liquidez que ha vivido por tres años. Desde no pagar a los bonistas y sacar dinero mediante la cláusula de “clawback” de corporaciones públicas para seguir financiando el gobierno central hasta los préstamos internos que tomó de aseguradoras estatales.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a las alternativas que tiene Puerto Rico para encarar obligaciones que continúan en ascenso, Maldonado dijo que del lado administrativo ya hay progresos.

Sostuvo que, durante los próximos seis meses, Hacienda tomará control de los departamentos de Finanzas y Presupuesto de todas las agencias del gobierno, a través de la nueva oficina del Principal Oficial Financiero (CFO), lo que evitará sobregiros en el gasto y facilitará que los estados financieros se radiquen a tiempo.

La segunda alternativa es intentar limpiar ese déficit acumulado reduciendo, a través del Título III de Promesa, lo que se debe a acreedores, contratistas y bonistas, aceptó Maldonado.

En ese cuadro, sin embargo, en lo que atañe a los préstamos que el gobierno se tomó a sí mismo y que en parte explican el déficit acumulado, no hay certeza de que las agencias y aseguradoras estatales recobren lo que prestaron al Fondo General.

Estamos en un proceso de reorganización bajo la protección de Título III, esto nos permite ejecutar un plan de trabajo de reducción de gasto gubernamental y, basado en esto y cumpliendo con lo establecido en el plan fiscal, tendríamos una economía sostenible y podríamos pagar una cantidad que sea razonable y justa”, dijo Maldonado al aceptar que si bien el gobierno posee niveles de liquidez históricos, eso se debe -en parte- a que no se paga a los bonistas hace dos años.


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