El Gobierno de Puerto Rico sufrió ayer su primer revés judicial desde que entró en vigor la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), luego  que el juez federal Francisco Besosa denegara una moción del Estado con la que se buscaba mantener la suspensión automática de litigios provista por el estatuto federal.