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El lado oscuro de renegociar la deuda boricua (horizontal-x3)
El empresario y bonista Angel Acevedo (izq.), junto a sus hijos Juan Manuel y Angel, se pregunta si tendrá que irse de Puerto Rico como ha hecho su hija. (Juan Luis Martínez Pérez)

La propuesta del Gobierno para renegociar la deuda pública podría asestar otro golpe a la economía de Puerto Rico, al sacar de los bolsillos de la gente unos $1,400 millones por la vía de intereses y dividendos dejados de devengar.

De igual forma, si se consuma la oferta que la administración de Alejandro García Padilla hizo recientemente a los bonistas, miles de inversionistas puertorriqueños -en su mayoría, personas retiradas- podrían perder, al menos otros $5,500 millones.

En tanto, aseguradoras, cooperativas, bancos, la Asociación de Empleados del ELA (AEELA) y hasta los planes de pensiones del propio gobierno pueden perder otros $1,500 millones del capital que prestaron al erario.

Los estimados descansan en cifras recopiladas por  Negocios a través de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés), la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec). También descansan en múltiples conversaciones con conocedores del mundo de valores en Puerto Rico.

En total, partiendo de las cifras obtenidas y de fuentes de este diario, en Puerto Rico, existen entre 60,000 y 80,000 cuentas de inversiones que en su mayoría, pertenecen a individuos. En tales cuentas, así como en las carteras de empresas y organizaciones sin fines de lucro como museos e iglesias hay entre $13,000 millones y $15,000 millones invertidos en bonos de Puerto Rico o en fondos de inversiones, que a su vez, compraron la deuda del Gobierno. La concentración en valores y bonos de Puerto Rico en tales cuentas promedia hasta 70%.

A septiembre pasado, la deuda pública de la Isla, según cifras oficiales, rondaba $69,900 millones.

Golpe comparable a la recesión

Si las cifras son certeras, la renegociación de la deuda pública, bajo los términos propuestos, implicaría un ajuste que equivaldría al 12% del producto bruto de la Isla. Dicho porcentaje, se acerca a la contracción de 14% que ha experimentado la economía de Puerto Rico desde 2006.

Además, partiendo de la distribución total de la deuda de Puerto Rico, podría concluirse que todavía, con todo y la venta masiva de bonos de Puerto Rico que se dio en 2013, una quinta parte de la deuda de la Isla está en manos de puertorriqueños.

Así las cosas, al parecer, la oferta que de renegociación de la deuda pública, afectará más a los propios puertorriqueños que el impacto que reciba el millón de inversionistas individuales que son clientes de OppenheimerFunds, Franklin Advisors y Goldman Sachs -los tres bonistas más grandes de Puerto Rico- y los llamados fondos de cobertura de riesgo o hedge funds, bautizados por muchos, desde la crisis argentina como “buitres”.

Según el perito en inversiones,  Mario Iturrino, la quita que sugiere el Gobierno, “es ingreso y capital y eso es dinero que no entra en la economía”.

Iturrino deja claro que obtener números específicos acerca del impacto que tendría la renegociación de la deuda en Puerto Rico  es complicado porque todavía se desconoce qué acción, si alguna, se tomará en el Congreso estadounidense para atender la crisis fiscal de Puerto Rico.

Impacto por todos lados

Preliminarmente, Iturrino atisba tres líneas de impacto: el ingreso que reciben los inversionistas para cubrir sus gastos, la siquis del consumidor, pues este procurará obrar con más cautela y sobre todo, la renuencia de personas y entidades a invertir nuevamente en Puerto Rico.

El experto, quien dictó cátedra en la Universidad de Puerto Rico, subraya que desde 1970, en Puerto Rico, siempre ha habido una tendencia a invertir en valores de la Isla porque “el gobierno y la industria financiera ayudaron en muchos aspectos para llevar a los inversionistas a comprar esas emisiones”. Fueran estos los bonos de hipotecas -conocidos como GNMAs-  o los bonos del Gobierno.

Además, una tendencia de “buenos rendimientos exentos de pagar contribuciones, hacía que los inversionistas estuvieran muy satisfechos”.

Hasta ahora.

El golpe de 2013

Hace casi tres años, el mito de la prosperidad con los bonos de Puerto Rico se quebró cuando los fondos mutuos de Puerto Rico -que invierten el 67% del dinero de la gente mayormente en bonos del Gobierno- perdieron $2,382 millones. En parte, la pérdida se produjo una vez la precariedad fiscal que por años, denunció  El Nuevo Día, se hizo tema común a nivel continental cuando la revista financiera Barron's reseñó el tema.

Ahora, la propuesta del Gobierno -que contempla un recorte promedio de 45% y una moratoria de dos años- es como si lloviera sobre mojado.

Iturrino explica que la ronda de pérdidas que se daría con la renegociación de la deuda acontece, luego de que los puertorriqueños han experimentado otros procesos de descapitalización reciente. Entre estos, la caída del sector bancario, que se estima dejó unos $10,000 millones en pérdidas al inversionista local; la corrección en los valores de las bienes raíces y la caída de los fondos mutuos que se produjo en 2013 y que al parecer, continúa.

“Muchas de estas personas tenían esos ahorros para su retiro, por lo que ahora tendrán que trabajar o buscar otra manera de cubrir esos ingresos”, dice Iturrino.

Indignación

 Ese es el caso de  Olga Torres, una profesora universitaria retirada; de  Joaquín García, un trabajador por cuenta propia y del empresario   Angel Acevedo y sus hijos  Angel  y  Juan Manuel.

“Decidí invertir en bonos de Puerto Rico porque me garantizaban que, con la Constitución, era una inversión segura”, explica Torres, quien asegura que los ahorros de 28 años de trabajo han perdido más de 50% de su valor.

El padre de Torres, quien se desempeñó como servidor público, sufrió las penurias de la Gran Depresión y la experiencia le enseñó  a ahorrar. “Mi papá invertía en bonos de Puerto Rico porque quería que Puerto Rico echara para adelante y lo mismo hice yo”.

¿Cómo se siente al escuchar que el gobierno no tiene dinero para pagarle y que considera decretar una moratoria?

“Me siento defraudada, pero también indignada. Cuando uno lee en la prensa que solamente en multas de automóviles se le deben al gobierno $650 millones... Hay tanto gasto superfluo y no han podido controlar los gastos. Cómo es posible echar para adelante un país que necesita crecer entre un 3 y 4% anualmente para salir del atolladero en que estamos. Una oye hablar, pero no ve acción, no se toman medidas para sacar a Puerto Rico de esta situación”, dice Torres.

La educadora se dice afortunada porque no tomó prestado contra sus inversiones, pero ahora que el Gobierno contempla no pagar nada por dos años, la  educadora se pregunta si podrá continuar como voluntaria en el Museo de Arte de Puerto Rico o cómo pagará un medicamento, cuyo costo ronda $400 al mes.

“En lo que se refiere al trabajo, estoy más o menos estable, pero si el otro dinero no entra hay que hacer unos ajustes tremendos”, dice por su parte, García.

García lleva 36 años en el oficio de cerrajero  y de su madre - doña María- aprendió, la disciplina de ahorrar.

Según García, los ingresos mensuales que recibe su progenitora -de 96 años y en silla de ruedas- son mayores que los ingresos de la pensión del Seguro Social. “Imagínese que en los últimos años de su vida haya que hacer ajustes de esa manera”, dice el también integrante de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico.

García explica que el grado de frustración que siente le movió a llamar a la organización Main Street Bondholders con la esperanza de que alguien le escuche.

Una propuesta “ridícula”

“Hay que tomar unas decisiones que estos políticos de carrera no quieren tomar... ¿El Colegio de Carolina (de la Universidad de Puerto Rico) que está a 15 minutos de Río Piedras se justifica? Multiplique eso cientos de veces en las cientos de agencias de Puerto Rico. Cuántos  Anaudi Hernández  no habrán sueltos por ahí o el relajito de las becas... el relajo del petróleo... son millones largos.  Esa es la indignación que a mí me da”, dice García.

Recientemente, el principal asesor de Puerto Rico en el tema de la deuda, Jim Millstein, indicó que trabajan en una solución para atender las necesidades particulares de los bonistas en Puerto Rico.

Los bonistas entrevistados favorecen que se establezca una junta de supervisión o de control fiscal y dicen estar dispuestos a negociar si son condiciones razonables. Por el momento, empero, los bonistas dan otros calificativos a la oferta del Gobierno: “inaceptable”, “ridícula” y “un chiste, una broma de mal gusto”.

Mala asesoría

De acuerdo con el abogado de valores y otrora asesor financiero,  Julio C. Cayere, el impacto de la renegociación de la deuda de Puerto Rico no sería tan adverso, de no ser porque en Puerto Rico hubo, casi de manera generalizada, “mala asesoría” en inversiones.

“Desafortunadamente, en Puerto Rico, la gran mayoría de los asesores recomendaron invertir en Puerto Rico y obviaron los principios de diversificación”, dice Cayere.

Para el año 2012, o sea meses antes de la debacle en los precios de los bonos de Puerto Rico, los activos de clientes en casas de corretaje llegaron al pico de $35,230 millones, según datos de la OCIF. Al tercer trimestre de 2015, los inversionistas locales tenían unos $24,865 millones, lo que implica una reducción de 30%.

Mutis del sector

Negocios solicitó información a las cinco principales casas de inversiones en Puerto Rico, a saber: UBS Financial Services, Santander Securities, Popular Securities, Merrill Lynch y Oriental. Se preguntó el número de clientes, cuántos de estos poseen bonos de Puerto Rico o inversiones similares y cuánto pagaron en dividendos o intereses entre los años 2012 y 2015. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.

Según la OCIF, aunque ahora en negativo, entre el 2004 y mediados de 2015, las casas de corretaje de Puerto Rico, así como los fondos mutuos que estas firmas venden a sus clientes, hicieron $1,365 millones en ganancias. En buena parte, tal bonanza provino de la venta de los bonos que Puerto Rico emitía y de los millones de dólares en comisiones que pagaron miles de individuos en Puerto Rico.

Empero, ni el sector de valores ni el regulador financiero han desarrollado una base de datos o una herramienta de consulta que permita acceder, de manera rápida e independiente, a los rendimientos  o desempeños históricos o eventos significativos en los valores registrados en Puerto Rico.

La responsabilidad del asesor

Según Cayere, las dos fallas constantes en las cuentas de inversionistas locales son la concentración geográfica -o sea, todo o casi todo invertido en valores de Puerto Rico- y el riesgo de apalancamiento. Este último, porque se instaba a tomar prestado utilizando los valores de la Isla como colateral  y algunos de estos -los fondos mutuos- toman prestado para invertir. Por lo general, ninguna de esas observaciones se hacía a los inversionistas del patio.

Según Cayere, en Puerto Rico, hay “miles” de personas que son dueños directos o indirectos de los bonos del Gobierno.

El abogado reconoce que, en parte, el gobierno es responsable de la situación. Pero deja claro que, en última instancia, el asesor financiero y el corredor de valores son responsables de advertir al inversionista acerca de los riesgos de no diversificar sus inversiones o de comprar valores que no son compatibles con sus objetivos o tolerancia de riesgo.

Impacto de gran escala

El economista y profesor de Finanzas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Antonio Fernós Sagebién, coincide en que resulta difícil calcular el impacto de la renegociación de la deuda en Puerto Rico, porque no hay datos específicos acerca de quién o qué entidades poseen bonos en Puerto Rico o bajo qué condiciones fueron adquiridos.

De entrada, Fernós Sagebién señala el caso de las cooperativas. El sector ha dicho públicamente que invirtió unos $1,300 millones en bonos de Puerto Rico.

No obstante, según Fernós Sagebién, no se sabe a ciencia cierta qué cooperativas poseen suficiente capital para absorber el impacto de una renegociación o si el fondo de Cossec podría resistir una avalancha de cooperativas en problemas.

Hasta septiembre del año pasado, según Cossec, las cooperativas tenían pérdidas no realizadas de $500 millones con los bonos de Puerto Rico y Cossec tendría sus propias pérdidas no realizadas porque posee unos $50 millones en bonos del Gobierno.

El sector dice estar capitalizado, y recién logró legislación para reconocer las pérdidas ocasionadas por la deuda pública hasta un plazo de 15 años.  No obstante, si el Gobierno declara una moratoria en el pago de la deuda, las pérdidas no realizadas se materializan, lo que colocaría a por lo menos, 30 cooperativas -que  según Cossec ya están en problemas- de cara a la insolvencia.

“Los planes de retiro del Gobierno, el propio Cossec, que debe responder por los depósitos de las cooperativas, podría afectarse con esta propuesta”, señala Fernós Sagebién.

Solo en el caso de las cooperativas, el sector tiene un millón de socios, que reciben dividendos de la gestión favorable de sus operaciones.

¿El sector cooperativo es el que se ha mantenido prestando durante esta crisis. Un evento de este tipo podría resultar en un freno al crédito?

“El acreedor institucional, es un intermediario. Los fondos mutuos, los fondos de cuentas de retiro individual (IRA), los fondos de pensiones, las cooperativas. A fin de cuentas, el dinero en esas entidades es de la gente y si hay que incurrir en pérdidas, puede haber una reducción en la oferta monetaria, en la posibilidad de que la gente pueda tomar prestado”, explica el economista.

Los bancos comerciales, que por instrucciones de sus reguladores llevan tres años reduciendo su riesgo de prestar al Gobierno, tenían hasta septiembre pasado, unos $160 millones en bonos de Puerto Rico.

De igual forma, al concluir el 2014, las aseguradoras que operan en la Isla -obligadas por ley a comprar valores de la Isla- poseían unos $1,300 millones en bonos de Puerto Rico.  La OCS, que solo recopila información de las inversiones de las aseguradoras una vez al año, asegura que el sector está capitalizado.

Mientras, en total, la Administración de los Sistemas de Retiro y la Judicatura (ASR), la Autoridad para la Compensación de Accidentes Automovilísticos (ACAA) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) tienen, en conjunto, $362 millones en bonos del Gobierno.

Una propuesta incompleta

De acuerdo con Fernós Sagebién, la propuesta del Gobierno “no es factible”, porque esta otorga el mismo trato a bonistas con necesidades y con protecciones distintas.

En principio, la estructura contempla pagar al bonista, según el valor actual de la deuda emitida por cada uno de los 13 emisores que intercambiarían su deuda.

Pero en última instancia, la propuesta plantea que en 10 años, los bonistas recuperarían el resto de su acreencia, si la economía mejora y el gobierno opera con superávit.

En ese sentido, el economista opina que la propuesta provocaría “una destrucción de riqueza” sin que se sepa el uso que se dará al dinero que se ahorre el Gobierno.

“En la propuesta, no hay una sola mención de cómo se va a reestructurar el Gobierno; no hay un programa de mejoras permanentes, reformas estructurales, ni siquiera un plan de reducción de gastos en las ramas de gobierno, en los municipios”, dice el economista.

El impago en carne propia

Y eso precisamente es lo que Acevedo, y sus hijos, Angel y Juan Manuel, más resienten ahora que llevan 10 meses sin cobrar un centavo. Esto, una vez la Legislatura, decidió no aprobar fondos para el pago de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés).

Acevedo forjó su patrimonio a pulmón. Primero, como vendedor de autos desde los 18 años y luego como desarrollador de viviendas de interés social. El negocio familiar, incluso ganó reconocimientos y llegó a emplear más de un centenar de trabajadores. Para echar adelante la empresa, Acevedo tomó prestado contra lo suyo. Padre e hijos trabajaban de sol a sol.

La crisis inmobiliaria llevó a los Acevedo contra las cuerdas. Su último proyecto de vivienda, cuyo costo por unidad  era de $90,000, tardó cuatro años en venderse.

Acevedo, ya entrado en edad adulta, albergaba la esperanza de que los ahorros de una vida de trabajo, le permitieran darse uno que otro viajecito y disfrutarse los nietos. Ahora, se pregunta si tendrá que irse de Puerto Rico como ha hecho su hija.

“A nosotros esto nos llevaría a la ruina... Este cantazo ha sido grande, esto nos ha sacado de carril... liquidando lo que no tenemos para pagar”, señala Acevedo al tiempo que Angel indica que consideran acudir a los tribunales.

Según Juan Manuel, la degradación crediticia, tuvo el efecto de desplomar el valor de la inversión de PFC hasta llevarlo a unos 15 centavos. Eso provocó que no pudieran vender los bonos que poseían, en especial, porque dicho papel se vendió únicamente en Puerto Rico. “El sentir fue de engaño... cuando se nos dijo en todas las reuniones a las que fuimos, que el gobierno iba a pagar”.

“Llevo casi 60 años llenando planillas, nunca he fallado, nunca le debo na' al gobierno, dejo de comer yo y le pago al estado, yo no le cojo chavos a plazos al gobierno, yo no le pago las contribuciones tarde de ninguna propiedad, nunca, mi deuda primero y lo que sobre, lo repartimos y así lo enseñe a ellos y por eso, estamos vivos.

“Si no pagan intereses en dos años, cómo viven esos bonistas. A (mi papá) el Seguro Social no le da para vivir, el retiro de él está en los bonos de Puerto Rico... en qué mente cabe que no pagues intereses por dos años, lo vas a dejar en la calle, con qué va a comer”, exclama Juan Manuel.

Angel señala que más allá del dinero, la situación impacta emocionalmente a toda la familia. “Le dije a mi esposa que todo lo que le había prometido, todos los planes que teníamos con los niños... todo eso cambió. Tengo que empezar a trabajar de nuevo”.

Angel prosigue: “Trabajé, produje y todo se cayó. Fue por un error mío, por confiar en el gobierno. Si confiar en el gobierno de Puerto Rico es un error. Sí, lo cometimos”.


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