El comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, estima en el monto de las reclamaciones en la isla en unos $5,000 millones. (horizontal-x3)
El comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, estima en el monto de las reclamaciones en la isla en unos $5,000 millones. (Ramón Tonito Zayas)

“El sector de seguros será uno de los principales responsables de levantar a Puerto Rico y ayudar a su recapitalización”, aseveró el comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, en entrevista con El Nuevo Día.

Señaló que todos los riesgos asegurables serán para ayudar a poner de pie al país y para construir algo mejor. Durante las primeras dos semanas después del paso del huracán María por Puerto Rico, las aseguradoras ya han recibido más de 18,000 reclamaciones, en su gran mayoría por daños a la propiedad privada y a los automóviles, dijo Rivera Ríos.

Más adelante, se espera recibir las reclamaciones por concepto de interrupción de negocios. “El volumen fuerte de reclamaciones no ha comenzado. Después del segundo mes, vamos a ver el volumen mayor. Hay negocios que pudieran estar inoperantes por dos meses y eso representa ingresos millonarios que dejarán de generar”.

Aunque el funcionario indicó que todavía es muy prematuro para estimar el monto de las reclamaciones, manifestó que “conservadoramente la cifra podría rondar los $5,000 millones”. Aclaró que esa cantidad solo incluye las pérdidas que se reclamen por concepto de daños a la propiedad causados por el viento o por el agua; y no incluye las reclamaciones por interrupción de negocios.

Ofreció su estimación preliminar basado en un informe que publicó la empresa de modelos de riesgo por catástrofe RMS en una edición reciente del Insurance Journal, en la que dicha compañía estimó los daños asegurables para el Caribe en María entre $40,000 y $85,000 millones. De esa cifra, Puerto Rico representa el 85%. En la región caribeña, según RMS, hay riesgos asegurados entre $15,000 y $30,000 millones.

“En Puerto Rico podrían sobrepasar los $4,000 millones por daños a la propiedad y pérdidas asegurables. La cifra podría estar entre $4,000 y $10,000 millones”, sostuvo el Comisionado, quien indicó que la primera línea de reclamo son las compañías aseguradoras. Luego FEMA entra a suplementar esas ayudas.

Rivera Ríos dijo que el gobierno federal otorgó una extensión al Programa Nacional de Seguros contra Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés), hasta el viernes, 8 de diciembre del presente año. El programa asegura a cinco millones de hogares y negocios en los Estados Unidos.

De otro lado, a raíz de los estragos causados por el huracán María, el Comisionado emitió varias cartas normativas para que el sector se atempere a la situación de emergencia. Una de esas notificaciones es la 2017-221-D, la cual habla sobre el despacho de medicamentos y los servicios que ofrecen los proveedores de salud.

Explicó el entrevistado que dicha normativa establece, entre otras cosas, que ninguna aseguradora podrá requerir pre-autorización ni aprobación para ofrecer un servicio o despachar medicamentos. Las organizaciones de seguros de salud, con cubierta de farmacia, deben suspender cualquier requisito utilizado regularmente para el despacho de medicinas recetadas.

Entre esos requisitos, la orden incluye eliminar el tiempo de espera para obtener las repeticiones, así como también el procedimiento para despachar los medicamentos de manera extendida. Incluso, si un paciente tuviera que visitar un consultorio durante la emergencia ocasionada por María y el galeno, de ordinario, no acepta el plan médico que el paciente tiene, la carta normativa establece que el profesional de la salud tiene que atenderlo y la aseguradora está obligada a pagar por dicho servicio.

“Por medio de esta carta normativa, todas las aseguradoras tienen que pagar por el servicio o medicamento, aunque no lo hayan aprobado o pre-autorizado”, insistió.

Este diario ha reseñado situaciones en municipios en que se ha denunciado que farmacias y entidades de salud están exigiendo a los pacientes que paguen la totalidad del costo del servicio o del medicamento, debido a que no hay sistema electrónico y no se puede verificar si el paciente está activo en el plan médico. Tal práctica está totalmente prohibida, reiteró Rivera Ríos.

Línea directa

En cuanto a cómo la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) está orientando a los asegurados, el funcionario indicó que la dependencia está en funcionamiento, aunque el cuadro telefónico está fuera de servicio, como consecuencia de los estragos que causó María en las telecomunicaciones. No obstante, se estableció una línea telefónica alterna en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y un centro de llamadas (“call center”) en Kansas City.

Este último lo levantó la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de Estados Unidos (NAIC, por sus siglas en inglés) y en el mismo se contestan dudas y preguntas que tengan los asegurados, y se tramitan asuntos pendientes.

El centro de llamadas es parte del apoyo que brinda la NAIC a todos los estados o jurisdicciones que han pasado por eventos catastróficos y han resultado afectados. Las llamadas son libres de costo y el teléfono es 1-866-874-4905.

Mientras, el teléfono de la línea alterna en el COE es el (787) 725-7192. Ambos servicios operan de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. y todos los empleados atienden en español, comentó el Comisionado.

De otro lado, dijo que en las últimas semanas ha sostenido varias conversaciones telefónicas con sus homólogos de Texas y Louisiana, con el objetivo de tratar de adoptar las mejores prácticas en la isla en cuanto a la reclamación de seguros. Como ejemplo, mencionó que una de las recomendaciones que le han ofrecido es que cuando FEMA vaya a visitar los municipios para inspeccionar los daños, incluya a un representante de la OCS en dichas visitas. Y él se propone adoptar esa sugerencia, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio al asegurado.


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