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Aunque la mayoría de los casos de arbitraje en Finra relacionados al colapso de los fondos mutuos y bonos de Puerto Rico han prevalecido a favor de los inversionistas, han ocurrido excepciones. (Shutterstock)

Un panel de árbitros de la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés) denegó la reclamación de un inversionista que alegó ser víctima de fraude y negligencia por parte de Popular Securities a la hora de adquirir bonos de Puerto Rico y el uso de una línea de crédito que habría tenido por colateral tales valores.

En una decisión que ofrece pocos detalles de la controversia, los árbitros Karl A. Vogeler III, A.J. Seier y Clarence B. Johnson denegaron el reclamo de Manuel G. Díaz, quien a través de sus abogados Eric Quetglas Jordán, Luis Miñana y W. Scott Greco, reclamaba unos $5.8 millones en daños —el dinero por intereses y cargos transaccionales y la eliminación de una línea de crédito que se alegaba nula— así como honorarios de abogados, entre otros remedios.

La reclamación de Díaz se radicó en septiembre del 2015, pero no fue hasta la semana pasada que el panel de árbitros emitió un fallo sobre esta, lo que evidencia el largo tiempo que le ha tomado a Finra, una entidad autoregulatoria del sector de valores, tramitar las reclamaciones de ahorristas puertorriqueños afectados por el colapso de los bonos de Puerto Rico y los fondos mutuos de la isla.

Según el laudo, en marzo pasado, el panel de árbitros habría emitido una orden dictando los procedimientos a seguir el caso, lo que según Popular Securities, el inversionista no habría cumplido a cabalidad. En agosto pasado, la casa de inversiones habría solicitado que se removieran las referencias en el caso, aunque admitió que los memorandos y resúmenes sometidos por el inversionista cumplían con la orden del panel de árbitros. Ese mismo mes, los árbitros concedieron la moción de la casa de inversiones al tiempo que indicaron que examinarían los reclamos enmendados del inversionista aunque se radicaron luego de la fecha que acordaron las partes.

Luego de 20 sesiones, Popular solicitó desestimar el caso, alegando que existía una limitación de dos años en el caso y que todas las transacciones en controversia, excepto dos, ocurrieron antes de la reclamación. La representación de Díaz refutó alegando un período prescriptivo de 15 años. Los árbitros denegaron la reclamación de Díaz y dividieron a partes iguales el pago de honorarios a Finra, calculado en $33,000.

Merrill Lynch vs Collado Schwarz

Aunque la mayoría de los inversionistas locales afectados por el colapso de los fondos mutuos y bonos de Puerto Rico que han esperado por el proceso de arbitraje en Finra han prevalecido, el revés que Díaz recibió la semana pasada en un caso donde se alegan millones en daños no es único.

En marzo pasado, otro panel de árbitros —integrado por Walter J. Wylie, Ruben Chevres y Rex D.K. Seymour— también rechazó la millonaria reclamación del expublicista y empresario, Ángel Collado Schwarz.

En ese caso, Collado Schwarz reclamó a Merrill Lynch casi $1.8 millones en daños punitivos y otros $1.8 millones en restitución de comisiones, cargos transaccionales y otros gastos. El empresario representó en su reclamación, según el laudo suscrito por los árbitros, que era de edad avanzada y con un perfil de inversión “conservador” y que por ello, Merrill había incumplido con su relación contractual e incurrido en fraude de valores, entre otros alegatos. Esto, en especial, por la compra de bonos del gobierno puertorriqueño, incluyendo aquellos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Según el laudo, Collado Schwarz habría transferido su cuenta de inversiones de otra firma hacia Merrill Lynch hace unos ocho años y creó dos cuentas, una personal y una corporativa —esta última de nombre Brentanos— a la que se adscribieron propiedades en Nueva York, Madrid, Viejo San Juan, la isla municipio de Culebra, así como inmuebles en Florida y Vermont. Las cuentas de inversiones del ejecutivo servían de colateral a líneas de crédito, por lo que estarían apalancadas en un 82% o prácticamente siete veces a una.

Merrill ofreció a Collado Schwarz unos $400,000 para acabar con la controversia, pero el ejecutivo se negó indicando que percibe ingresos anuales de unos $900,000 y que su patrimonio rondaba unos $20 millones. En la casa de corretaje previa, reza el laudo, el ejecutivo recibía ingresos anuales de unos $400,000 de una cartera invertida principalmente en valores de Puerto Rico.

Merrill contrademandó y evidenció con éxito que la casa de corretaje advirtió al ejecutivo de los riesgos en que incurría.

No existe base para que el reclamante transfiera su responsabilidad al querellado (Merrill) por las pérdidas que experimentó como resultado de sus decisiones de inversiones totalmente informadas”, concluyeron los árbitros, quienes ordenaron a Collado Schwarz pagar a Merrill unos $138,000.


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