El secretario Raúl Maldonado reconoció que aún no está listo el análisis sobre los incentivos y créditos contributivos que deben eliminarse para aumentar los recaudos. (horizontal-x3)
El secretario Raúl Maldonado reconoció que aún no está listo el análisis sobre los incentivos y créditos contributivos que deben eliminarse para aumentar los recaudos. (GFR Media)

La reforma contributiva que impulsa el gobernador Ricardo Rosselló y que por meses ha sido negociada con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe beneficiar a nueve de cada 10 contribuyentes en Puerto Rico sin afectar los recaudos del fisco, aseguró el secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado.

De acuerdo con Maldonado, el nuevo modelo contributivo, que ahora examina la Cámara de Representantes, constituye un paradigma distinto a la hora de cobrar impuestos en Puerto Rico y él confía en que ese nuevo enfoque contribuirá a reactivar la economía de la isla.

Por un lado, según Maldonado, la implementación plena del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), así como la introducción de la tasa contributiva fija, servirá para que los contribuyentes dediquen menos tiempo y recursos para cumplir con Hacienda.

Pero, del otro lado, aseguró el funcionario, la decisión del gobierno de aumentar la retención en el origen y reducir las deducciones que toman los individuos facilitará los trabajos de administración tributaria que realiza Hacienda y dará mayor estabilidad a los niveles de liquidez en el Fondo General.

En entrevista con El Nuevo Día, Maldonado -antes secretario auxiliar de rentas internas bajo la administración de Pedro Rosselló- les salió al paso a quienes plantean que los cambios propuestos no constituyen una reforma del Código de Rentas Internas y que su implementación no resultará en alivios a los contribuyentes porque la reforma debe ser “neutral” a los recaudos del fisco.

“Con este modelo, estamos devolviendo unos $850 millones en las manos de los contribuyentes. Si eso no es una reforma, ¿qué es?”, dijo Maldonado.

Según el secretario y su sucesor en Rentas Internas, Francisco Parés, la reforma contributiva se discutió ampliamente con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que la aprobó, por lo que la Legislatura debiera aprobarla sin mayores cambios o contratiempos.

¿Cómo se pagará la reforma?

Por primera vez desde que se planteó el cambio tributario, Maldonado explicó al detalle de dónde saldrá el dinero para aliviar a los contribuyentes.

La modificación de los incentivos contributivos cubriría una tercera parte de los beneficios que los contribuyentes recibirían.

Del total de recortes en los gastos operacionales del gobierno, unos $200 millones se utilizarán para financiar el Crédito por Ingreso Devengado (EITC, en inglés).

De acuerdo con Parés, la reactivacióndel EITC -que se estableció por primera vez bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá- contribuiría a aumentar la base contributiva y aumentar la retención en el origen, de 7% a 10%, allegaría de entrada más dinero al fisco. Esas iniciativas allegarían aproximadamente $380 millones al fisco.

En el caso del EITC, indicó Parés, la iniciativa debe beneficiar a unos 300,000 contribuyentes y aumentar la base contributiva de individuos por otros 103,000.

La diferencia del objetivo de $850 millones en alivios llegaría por la eliminación de ciertos créditos contributivos e incentivos a empresas.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a los incentivos que eliminarán o reducirán, Maldonado sostuvo que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no ha concluido el análisis y no precisó cuándo se radicaría la pieza legislativa.

Las cortapisas de la Junta

Aunque Maldonado asegura que la movida contributiva tiene el aval del organismo federal, la JSF estableció como condición que los cambios contributivos tendrían que dejarse sin efecto si los recaudos del fisco no alcanzan las proyecciones del plan fiscal, y esto lo reiteró la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el pasado viernes.

Además, si el EITC depende de los ahorros en gastos operacionales, su aplicación también podría ser incierta partiendo de lo dicho por Jaresko.

La semana pasada, la JSF rechazó el borrador de presupuesto del Fondo General del gobernador. La decisión, explicó Jaresko en una conferencia de prensa, respondió a diversas razones, incluido el hecho de que el gobierno proponía gastos operacionales de $200 millones sobre la proyección de recaudos al fisco.

Los asalariados

Bajo el nuevo modelo contributivo, Hacienda segmentaría sus contribuyentes en dos grandes tipos. Aquellos contribuyentes que pagarían impuestos tras reclamar ciertas deducciones o créditos, universo en el que quedan los asalariados y los contribuyentes que por la naturaleza de su industria o por trabajar por cuenta propia tendrán que decidir entre reclamar deducciones o pagar una tasa fija a Hacienda.

“A partir de enero (de 2019), todos los asalariados verán un aumento en su cheque”, dijo Maldonado al explicar que una reducción en tasas implicará que la retención del asalariado podría ser menor.

En esos casos, aparte de que el ingreso neto bruto ajustado estará exento hasta $12,500, la tasa mínima sería de 0.9% y la tasa máxima sería 31%. Bajo el sistema actual, la tasa mínima es 7% y la máxima 33%.

Los pensionados ahora no pagarán impuestos si reciben ingresos menores de $20,000.

Deducciones y tasa fija 

La potencial baja en recaudos por el lado de los asalariados tendría como contrapeso extender al sector privado la retención en el origen a un 10%.

“La llave de la partida zafacón se cerró”, agregó Maldonado, en referencia a la segunda iniciativa para hacer contrapeso a los recaudos al fisco.

Según Maldonado y Parés, al analizar las planillas de los contribuyentes, Hacienda identificó que los negocios y las personas que trabajan por cuenta propia y llenan el llamado “Anejo M” reclaman más deducciones bajo la partida de “otros gastos” que desembolsos del negocio como serían el pago de renta o los salarios de los empleados.

Hacienda eliminó esa partida y ahora obligará a que los contribuyentes tengan que presentar planillas informativas sobre los gastos que realizan a lo largo del año y, en ciertos casos, tendrán que ser certificados por un contador público autorizado.


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