José Carrión III, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, junto a la directora ejecutiva del ente, en una imagen de archivo. (semisquare-x3)

La Junta de Supervisión Fiscal determinó hoy que la certificación de cumplimiento enviada por el gobierno sobre la nueva ley de reforma contributiva es deficiente.

Según la Junta, la certificación, enviada el pasado 19 de diciembre, no proveyó el estimado formal del impacto fiscal requerido para los artículos 132 al 163, que se refieren a los terminales de videolotería (“VLTs”, en inglés) o tragamonedas que operan fuera de los casinos.

La Junta plasmó su postura en una carta enviada hoy al gobernador Ricardo Rosselló, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

La Junta expresó en el pasado su temor a que esta ley lleve a que los casinos tengan menos ingresos y, por ende, el gobierno tenga menos recaudos por los juegos que se hacen en estas instalaciones turísticas.

Además, en la misiva señaló que, dado que el impacto fiscal de la videolotería dependerá de los reglamentos que emitan la Compañía de Turismo y el Departamento de Hacienda con relación a los permisos de VLTs que operan fuera de los casinos, y dado que esos reglamentos aún no se han promulgado, un estimado formal de los artículos 132 al 163 no puede estar completo sin un análisis del impacto fiscal de los reglamentos requeridos.

A su vez, esos reglamentos, deben ser aprobados por la Junta antes de su promulgación, de acuerdo con la Política de la Junta sobre Reglas, Reglamentos y Órdenes, según enmendada el 21 de diciembre de 2018.

Por lo tanto, la Junta le requirió al gobierno que proporcione el estimado que falta en un plazo de siete días, a partir de la fecha en que se promulguen los reglamentos requeridos.

Dado que el gobierno no cumplió con proporcionar un estimado formal del impacto fiscal de la ley en su totalidad, tal como lo exige la Ley Promesa, la Junta se reserva el derecho de tomar cualquier acción necesaria, incluyendo prevenir la aplicación o puesta en vigor de los Artículos 132 al 163, según un comunicado de prensa.

El ente que controla las finanzas públicas de la isla sí estuvo de acuerdo en que los artículos 1 al 131 y 164-165 de la Ley 257-2018 no son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal del gobierno.

Además de los permisos para las tragamonedas, la reforma contributiva incluye una serie de medidas como un crédito por trabajo, bajas las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, reduce prospectivamente el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados, y elimina el impuesto entre negocios (“Business to Business” oB2B) a las pequeñas y medianas empresas.






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