En principio las querellas ante Finra eran de personas que tenían inversiones en carteras de fondos mutuos cerrados y perdieron sus inversiones en esos instrumentos o tenían préstamos al margen. (GFR Media) (vertical-x1)
En principio las querellas ante Finra eran de personas que tenían inversiones en carteras de fondos mutuos cerrados y perdieron sus inversiones en esos instrumentos o tenían préstamos al margen. (GFR Media)

Aunque la probabilidad de éxito de los inversionistas locales que han litigado sus querellas ante la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés) es más del doble que los casos registrados en Estados Unidos, y a pesar de múltiples acciones disciplinarias de parte de reguladores locales y federales, el monto de reclamaciones por mala asesoría financiera en la compra de los bonos y fondos mutuos cerrados de la isla continúa siendo ínfimo.

De igual forma, aunque los inversionistas de la isla han recibido prácticamente diez veces la compensación promedio que recibieron quienes transaron sus reclamaciones, el número de casos radicados que terminan siendo examinados por los árbitros de Finra ni siquiera llega al 2%.

Según la abogada experta en reclamaciones de valores, Verónica Irizarry, el largo tiempo de espera para que se vean los casos en Finra, los honorarios que deben pagarse, pero sobre todo, el desconocimiento que todavía prevalece sobre los efectos de la caída de los valores de la isla son varias de las razones que han impedido que cientos de miles de ahorristas locales reclamen sus derechos tras ser perjudicados por la mala asesoría que recibieron de sus casas de corretaje.

“Hay mucha incertidumbre y las personas todavía están bien confundidas”, dijo Irizarry.

Según la abogada, el proceso de reclamaciones de los inversionistas locales ha evolucionado desde que en el 2013, decenas de miles de estos clientes perdieron todo o buena parte de sus inversiones en fondos mutuos cerrados y los bonos del gobierno.

Una nueva oleada

En principio, indicó Irizarry, las querellas ante Finra eran de personas que tenían inversiones en carteras de fondos mutuos cerrados y perdieron sus inversiones en esos instrumentos o tenían préstamos al margen.

En esos casos, la mayor parte de las reclamaciones fueron contra UBS Financial Services of Puerto Rico. Luego, comenzaron a llegar las querellas de personas con carteras de inversiones que se describen como “híbridas”, es decir, personas a quienes sus asesores le recomendaron invertir en fondos mutuos (que son invertidos mayormente en bonos del gobierno) y comprar bonos directos de parte del gobierno.

“El despertar de las personas no ha sido tan rápido, especialmente de aquellos que tenían únicamente bonos de Puerto Rico”, dijo Irizarry al señalar que contrario a la percepción del público, reclamar a Finra porque se recibió mala asesoría de un corredor de inversiones es una dinámica distinta y no choca con el proceso de Título II que se está dando en el tribunal federal.

Según Irizarry,varios de los casos recientes que se han dado con personas que solo invertían en bonos de Puerto Rico han sido radicados contra Santander Securities, firma que cerró sus operaciones en la isla a principios de año.

Un análisis de la firma Securities Litigation Consulting Group (SLCG), realizado hasta abril pasado, encontró que el mayor número de querellas de ahorristas locales ante Finra era contra UBS, seguido de Santander Securities, Popular Securities, Oriental Managed Investment y Merrill Lynch.

Contra el reloj

Del total de 2,640 querellas radicadas, solo 41 han llegado a arbitraje. De ese universo, solo siete querellas no han prosperado y en tres casos no hubo compensación, lo que apuntaría a un 83% de éxito de parte de los abogados litigantes.

No obstante, según Irizarry, uno de los retos de llevar los casos de arbitraje es el largo tiempo de espera para procesarlos, lo que ha propiciado que las personas acepten transar los casos por 20% o 30% de la reclamación original.

En algunos casos, explicó la abogada, se trata de querellados que podrían tener hasta 90 años de edad, por lo que es posible que la persona fallezca antes de la resolución de su caso. En otras instancias, puede tratarse de personas enfermas, o “las personas simplemente no tienen los medios”, pues según Irizarry, algunas dejaron de recibir ingresos experimentando un serio deterioro de sus finanzas y estilo de vida.

El problema, según ella, es que la reglamentación de Finra solo provee un período de seis años para reclamar daños y, a la fecha, ya han transcurrido cinco años desde el descalabro de los valores de la isla.

“Todos los abogados deberíamos esforzarnos para que un número mayor de personas puedan reclamar sus derechos y duplicar el número de querellas actuales”, indicó.


💬Ver 0 comentarios