Las organiaciones también aseguran que la decisión se basó en una “animadversión racial y étnica” y un deseo de limitar la inmigración no europea y, por lo tanto, en violación de la Constitución. (AP / Marco Ugarte)AAA

Boston — Grupos de derechos civiles presentaron el jueves una demanda en contra del gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de dejar de considerar solicitudes de inmigrantes para que se les permita permanecer en el país por motivos de salud y otras adversidades.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Massachusetts y la asociación Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Civiles) presentaron la demanda en un tribunal federal de Boston en contra de la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) de poner fin al programa "Acción Diferida” a partir del 7 de agosto.

La agencia, en cartas enviadas el mes pasado, rechazó las peticiones pendientes y ordenó a los solicitantes salir del país en un lapso de 33 días o enfrentar una deportación.

Los grupos de derechos civiles argumentaron que la decisión de poner fin a la política de asistencia humanitaria que está vigente desde hace décadas se tomó sin anunciarse públicamente y con antelación, y sin la explicación requerida por la ley para modificar una normativa importante del gobierno federal.

También asegura que la decisión se basó en una “animadversión racial y étnica” y un deseo de limitar la inmigración no europea y, por lo tanto, en violación de la Constitución.

Días antes de que el USCIS cancelara el programa, el director interino de la agencia, Kenneth Cuccinelli, dejó entrever en una entrevista que la famosa frase grabada en la Estatua de la Libertad de “dadme vuestros seres pobres y cansados” se refería a las “personas provenientes de Europa”, no de otras naciones, según la demanda.

La ACLU y Lawyers for Civil Rights también mencionan varias declaraciones públicas de Trump y las decisiones políticas con las que se pretende restringir la inmigración legal e ilegal de personas provenientes de naciones no europeas.

“El gobierno de Trump está empeñado en causar tanto sufrimiento como sea posible a las familias inmigrantes”, dijo Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU en Massachusetts. “Este ataque contra los menores y sus familias es inhumano e ilegal”.

El USCIS señaló que no hace declaraciones sobre casos pendientes en tribunales.


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