Puerto Rico podría liberarse de la disminución legislada para el reembolso del impuesto federal al ron. (GFR Media) (horizontal-x3)
Puerto Rico podría liberarse de la disminución legislada para el reembolso del impuesto federal al ron. (GFR Media)

Washington - El Senado estadounidense aprobó esta madrugada (71-28), la resolución presupuestaria que extiende los gastos federales hasta el 23 de marzo e incluye un estimado de $15,000 millones en asignaciones directas de emergencia para el gobierno de Puerto Rico.

De ser aprobada en la Cámara baja en las próximas horas, la legislación, que establece los topes presupuestarios para este año fiscal federal y el siguiente, podrá poner fin al cierre parcial del gobierno federal que técnicamente comenzó a las 12:01 a.m. de hoy viernes.

“Esta es una gran victoria para todos aquellos que todavía están luchando por recuperarse de las devastadoras tormentas del verano pasado", indicó el senador demócrata Bill Nelson (Florida), tras la votación en el Senado.

Durante varias horas del jueves, el senador republicano Rand Paul (Kentucky) bloqueó la votación final sobre la medida, intentando sin éxito que se le permitiera enmendar el acuerdo presupuestario para reducir los topes de los gastos que incluye la legislación.

Al comenzar el viernes, en espera de una decisión final en el Congreso,  director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, Mick Mulvaney, comenzó a implantar el cese de operaciones no esenciales del gobierno federal, dijo a AP su portavoz, John Czwartacki.

La resolución presupuestaria aprobada en enero, venció oficialmente a la medianoche. Aunque puede durar solo unas horas, ésta es la segunda vez en las últimas tres semanas en que el gobierno federal se queda sin fondos suficientes para poder financiar todas sus operaciones.

El principal reto está en lograr los votos en la Cámara, que debe llevar a votación el acuerdo aprobado en el Senado en las próximas horas.

Los republicanos más conservadores han elevado la voz en contra del costo de la legislación, y muchos demócratas se opondrían porque el presidente de la Cámara baja federal, Paul Ryan, seguía sin ofrecer garantías para una discusión abierta sobre un proyecto a favor de los “soñadores”, los cientos de miles de indocumentados que llegaron a EE.UU. de la mano de sus padres.

“Vamos a llevar una solución al hemiciclo… Debemos pasar este acuerdo presupuestario primero”, dijo ayer el speaker Ryan, en torno a los “soñadores”, aunque acentuó que será una propuesta que el presidente Donald Trump quiera firmar.

En solidaridad con los “soñadores”, la líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, solicitó a sus legisladores votar en contra del acuerdo.

“Esto es un gasto negligente”, dijo, por su parte, el senador republicano Paul, al mencionar el escándalo del contrato de $156 millones que otorgó FEMA a una empresa de Atlanta, que solo tiene como empleado a su propietaria, y falló en cumplir con el envío de platos de comida a Puerto Rico.

La legislación le ofrece a Puerto Rico $4,800 millones de ahora al 30 de septiembre de 2019 en fondos de Medicaid, lo que el liderato del Senado calculó representa el 100% de acceso al programa dentro de las limitaciones bajo las cuales la isla recibe esos fondos.

Pero, la medida condiciona la entrega de $1,200 millones de esa asignación a que el gobierno de Puerto Rico cumpla con las normas federales sobre la presentación de sus estadísticas de Medicaid contra el fraude y a que el secretario de Salud de Estados Unidoscertifique, el próximo 1 de julio, que las condiciones impuestas se han superado.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, indicó que el gobierno de Ricardo Rosselló “ya cumplió” con el establecimiento de la unidad contra el fraude en Medicaid, y que los Centros para Servicios Medicare y Medicaid (CMS) lo han validado.

Puerto Rico recibe unos $322 millones anuales como tope en asignaciones de Medicaid, bajo una ley permanente. El proyecto no solo le otorga $4,800 millones para los próximos 20 meses al gobierno de Puerto Rico en fondos de Medicaid, sino que le ahorra unos $1,200 millones anuales que aporta de su presupuesto al plan Mi Salud, que ha dependido de $1,800 millones en fondos federales.

Puerto Rico puede aspirar a obtener unos $10,000 millones del programa para desarrollo comunitario del Departamento de Vivienda federal, conocido por sus siglas en inglés CDBG, que financia proyectos de infraestructura.

El texto de la legislación, divulgada ayer, precisa, como adelantó El Nuevo Día, que de los $28,000 millones en fondos de CDBG que se otorgan para mitigar desastres, $11,000 millones tienen que ser para gobiernos estatales y locales afectados por el huracán María. Solo Puerto Rico e Islas Vírgenes, entre las jurisdicciones federales, fueron asolados por el ciclón María, por lo que tendrían acceso exclusivo a esos $11,000 millones.

De ese pote saldrán $2,000 millones para ayudar a reconstruir, con tecnología moderna, el sistema eléctrico de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes.

Cuando el gobernador Ricardo Rosselló calculó en $94,000 millones los daños causados por el huracán María, también estimó en cerca de $17,000 millones el costo de construir un sistema eléctrico moderno y resistente.

La medida, a su vez, retuvo el lenguaje que permitirá que la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) financie la reconstrucción del sistema eléctrico, no solo repararlo.

$16,500 millones

En un resumen, la comisionada González indicó que al sumar también las asignaciones para reparar instalaciones militares y civiles federales, el acuerdo bipartidista separa unos $16,500 millones para Puerto Rico.

Destacó, entre otras cosas, $519.3 millones para instalaciones de la Guardia Nacional que resultaron dañadas en Puerto Rico e Islas Vírgenes, y unos $200 millones para estructuras de las oficinas de Aduana e Inmigración, entre otros.

La legislación, entre otras asignaciones para la Isla, otorga $16 millones para reparar el telescopio del Observatorio de Arecibo.

De la versión final, desapareció la oferta de una nueva línea de crédito de hasta $4,000 millones para jurisdicciones que han sido devastadas por desastres naturales y han sufrido una pérdida significativa de ingresos.

Pocos se sorprendieron. Tres meses y medio después de aprobada otra línea de crédito de FEMA de hasta $4,900 millones, dela que Puerto Rico aspiraba a obtener cerca de $4,700 millones, el Tesoro federal –dudoso de los reclamos del gobierno de la isla en el sentido de que iba a quedarse sin liquidez en noviembre y ante los informes de que en diciembre aparecieron unos $6,875 millones en cientos de cuentas– no ha entregado un solo centavo.

Islas Vírgenes ya ha asegurado $371 millones de ese préstamo.

El gobierno de Ricardo Rosselló no logró sacar de la legislación el lenguaje incluido en la resolución aprobada en diciembre en la Cámara baja que exige a agencias federales y a la Junta de Supervisión Fiscal presentar informes sobre la puesta en marcha de un plan de recuperación.

Bajo la legislación, en consonancia con medidas que se han visto desde el escándalo Whitefish, la Junta podrá revisar cada contrato que otorgue el gobierno de Puerto Rico y que alcance los $10 millones para labores referentes a la reconstrucción de la isla.

La medida ofrece $150 millones en préstamos del programa para atender desastres comunitarios (CDL) y para costear el pareo de fondos de proyectos de FEMA. Es decir, reconocen que Puerto Rico no tiene fondos suficientes, pero ofrecen ayuda como préstamo.

La medida sí exime a Puerto Rico de parear los fondos que se asignen a través del Cuerpo de Ingenieros y para carreteras federales a través de esta legislación. Para reparación de carreteras en estados y territorios, la asignación alcanza los $1,374 millones.

Para todas las jurisdicciones afectadas por huracanes y fuegos forestales, como Texas y Florida, la medida ofrece hasta $15,000 millones en fondos del Cuerpo de Ingenieros. El fondo tradicional para atender desastres de FEMA, por medio del cual las familias y gobiernos locales reciben reembolsos para mitigar daños reportados, será incrementado también en $23,500 millones.

Arbitrio al ron

La medida extiende hasta el 2022, retroactivo a 2017, el aumento en el reembolso por el arbitrio federal al ron importado desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En ese sentido, el reembolso alcanzará $13.25 por cada galón de ron importado,como ha sido la norma durante los últimos años.

Además, excluye el ron importado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los cambios que hizo la reforma contributiva federal en el arbitrio al ron y las cervezas.

La reforma contributiva federal redujo de $13.50 a $2.70 el arbitrio federal por los primeros 100,000 galones de bebidas alcohólicas importadas, incluido el ron.

Luego, el tributo sube a $13.34 hasta superar los 22.13 millones de galones importados, cuando entonces retorna al arbitrio fijo de $13.50. Pero, el acuerdo excluiría a la isla de esos recientes cambios.

El incremento en el reembolso representa una diferencia de cerca de $67 millones para la economía de Puerto Rico, una cifra que, junto con el incremento en los fondos de Medicaid, podría incluirse en el Plan Fiscal revisado que la Junta de Supervisión Fiscal quiere aprobar el 23 de febrero, según un portavoz del gobierno de Rosselló.

La comisionada González dijo, además, que la legislación extiende a todo Puerto Rico los créditos tributarios del programa “zonas de oportunidad” que creó la reforma contributiva federal, que considera pueda ayudar a empresas en la isla por inversiones en propiedad y el sector turístico.

También va a permitir a las empresas estadounidenses que hacen negocios como compañías domésticas de EE.UU. reclamar por el año contributivo 2017 la reducción tributaria de 35% a cerca de 32% que les concedió una enmienda a la sección 199 del Código de Rentas Internas federal. A partir del pasado 1 de enero, sin embargo, la tasa corporativa doméstica en EE.UU. bajó de 35% a 21%.

Votos en contra

Mientras, los demócratas boricuas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez votarán en contra de la legislación, ante “la falta de compromiso” para resolver la incertidumbre de 760,000 indocumentados que quedarán sin autorización de trabajo el 5 de marzo.

Velázquez y Gutiérrez lamentaron tener que votar en contra de una medida que ofrece importante ayuda federal para la isla.

Pero, indicaron que moralmente no pueden dejar a un lado a los jóvenes indocumentados que, tras la derogación del decreto DACA, temen ser deportados del país que conocen desde pequeños.

Velázquez sostuvo que “independientemente del destino de este proyecto, continuaré luchando por más ayuda y no descansaré hasta que Puerto Rico esté recuperado”.


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