El director de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá (centro), durante una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced. (Suministrada)

Washington - El sector privado de Puerto Rico reconoce que es en el Senado estadounidense donde se dará la batalla más dura para lograr nuevas asignaciones de Medicaid y evitar que el sistema de salud de la Isla caiga en un barranco fiscal de unos $1,200 millones anuales en la primavera de 2020.

“Sin acción inmediata por parte del Congreso, nos enfrentamos a una pérdida devastadora del 85% de nuestros fondos federales de Medicaid, lo que probablemente obligue a que una gran cantidad de los afiliados a Medicaid pierdan su cobertura se ponga en peligro la estabilidad financiera de cada hospital y proveedor de cuidado médico en Puerto Rico”, indicó la Coalición del Sector Privado, en una carta enviada ayer al presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa).

En la carta, la Coalición advirtió que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó en julio un proyecto de ley que asignaría a Puerto Rico $12,000 millones en fondos de Medicaid durante los próximos cuatro años fiscales federales - unos $3,000 millones anuales-, después de imponer nuevos controles y ordenar auditorías sobre el uso de los fondos que recibe la Isla. 

La orden para realizar auditorías sobre el uso de los fondos de Medicaid fue incluida en el proyecto de ley después de los cargos por corrupción contra ex funcionarias del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y contratistas, que incluyeron a la que fuera directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila.  La legislación todavía tiene que ir a votación en el pleno de la Cámara baja federal.

No obstante, ante los cargos por corrupción relacionados al plan de salud del gobierno de Puerto Rico, el liderato del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, encabezado por Grassley, solicitó al Departamento de Salud federal el pasado 17 julio, justo cuando el comité cameral aprobaba los fondos-, que detalle cómo se han utilizado y supervisado los fondos de Medicaid otorgados a la Isla desde 2014.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, a nombre de la Coalición del Sector Privado, indicó que el abismo fiscal en los fondos de Medicaid y la incertidumbre que genera ha sido un factor importante para la “pérdida de médicos, especialistasy profesionales de la salud” que son reclutados por instituciones médicas en EE.UU. que les ofrecen compensaciones económicas más generosas.

En entrevista con El Nuevo Día, Plá expresó preocupación con el impacto adicional que pueden tener en el proceso legislativo los recientes cargos de corrupción y la falta de credibilidad del gobierno de Puerto Rico en Washington.

Plá espera acompañar la semana próxima a la gobernadora Wanda Vázquez en algunas de sus primeras reuniones en Washington como primera ejecutiva de la Isla. Hace unos días, se reunió con la gobernadora en San Juan.

Los estimados del gobierno de Puerto Rico son que el plan de salud Vital tendrá un hueco presupuestario de por lo menos $1,200 millones anuales a partir de abril de 2020, al acabarse las asignaciones no permanentes de Medicaid, lo que pudiera dejar sin servicios médicos a unas 600,000 personas.

Con el proyecto aprobado en el Comité de Energía y Comercio, el sistema tendría un salvavidas de cuatro años. La legislación impulsa que el gobierno federal financie el 83% del costo de los servicios de Medicaid en Puerto Rico durante los años fiscales federales 2020 y 2021.  La aportación federal bajaría a 76% en los años 2022 y 2023.

Según fuentes del Congreso, republicanos del Senado pueden querer limitar a dos años las asignaciones y/o bajar a 76% desde el inicio la aportación federal. Plá confía en que un aliado importante en el Senado sea el republicano Rick Scott (Florida).

“Hay que hacer un énfasis importante, y creemos que la gobernadora está de acuerdo, en asegurarnos de que no nos cambien los muñequitos, que nos den las asignaciones para los cuatro años”, dijo el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales.

Al insistir en que una asignación de varios años que brinde certeza a las asignaciones de Medicaid es un reclamo de proveedores y los bancos, Plá confió en que el Congreso entienda que el sistema de salud de Puerto Rico requiere más fondos que los que recibía antes del huracán. En los últimos dos años, el gobierno de Puerto Rico ha recibido, por medio de los $4,800 millones en fondos de emergencia asignados tras el huracán María, unos $230 millones mensuales.

Plá considera que para acercar el programa de Medicaid al que existe en EE.UU. hay que lograr incorporar servicios médicos de rehabilitación, en el hogar y para medicamentos contra el virus de hepatitis C, entre otras cosas.

Entre las recomendaciones que harán al gobierno federal también estará que la misma unidad antifraude creada por el gobierno de Puerto Rico por exigencias del Congreso cuando se asignaron los $4,800 millones en fondos de emergencia tras el huracán María, pueda asumir responsabilidades de supervisión para evitar el fraude y garantizar la integridad del plan de salud Vital.


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