Charles Grassley (AP)

Washington - El presidente del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, el republicano Charles Grassley (Iowa), tiene su mira en el porcentaje de la aportación federal que recibe Puerto Rico a través del programa Medicaid y ha expresado que necesitará mayores explicaciones antes de comprometerse con una nueva asignación de fondos para la isla. 

“El Congreso debe tener una discusión exhaustiva y seria antes de promulgar" cambios en la aportación federal al sistema de salud de Puerto Rico, indicó hoy Grassley, en una declaración, al dar a conocer la contestación que le dio el Centro para Servicios Medicare y Medicaid (CMS) a una petición de información que le hiciera el pasado 17 de julio al secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar.

Cuando escribió a Azar en el verano, Grassley hizo referencia a los cargos por corrupción que involucraron a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y sostuvo que “las recientes y desafortunadas acusaciones sobre el uso indebido de fondos públicos en el sistema de salud de Puerto Rico, junto con una falta continua de transparencia en el gobierno de Puerto Rico, plantea preguntas importantes ya que el Congreso una vez más tiene que enfrentarse a decisiones sobre los fondos federales de Medicaid para Puerto Rico”.

Entonces, Grassley – junto a varios de sus colegas republicanos-, expresó tener “dificultades” para entender lo que debe ser un financiamiento de Medicaid “equitativo para Puerto Rico”, pues el programa depende de ls ingresos del fondo general de EE.UU. y los residentes de la Isla, como norma, “no participan del sistema de contribuciones sobre ingresos”. “Es importante entender”, agregaron los senadores republicanos en la carta del 17 de julio, el financiamiento que recibe la Isla y “nuestra capacidad para supervisar y asegurar rendición de cuentas”. 

La respuesta a Grassley se la dio la administradora de CMS, Seema Verma, en una carta con fecha del 17 de septiembre que la oficina del senador republicano divulgó hoy. Verma proveyó un listado del total de fondos de Medicaid recibidos por el gobierno de Puerto Rico a partir de 2014, como solicitó, y el porcentaje que representa de aportación federal para los servicios de Medicaid en la isla, que se dan a través del plan de salud Vital.

Verma sostuvo que en estos momentos el programa Medicaid excluye a Puerto Rico de ciertos requisitos, como poner en marcha un sistema de contabilidad para verificar cómo se manejan los programas y otra estructura administrativa que permita conocer los errores en los sistemas de pagos. 

Pero, la directora de CMS advirtió que desde 2002 el Departamento de Salud de Puerto Rico ha operado una unidad antifraude para detectar abuso y fraude que ha recibido elogios del Departamento de  Salud federal.

La legislación que está pendiente en la Cámara de Representantes, de carácter bipartidista y que asignaría a la Isla $12,000 millones durante los próximos cuatro años fiscales federales, incluye lenguaje para requerir auditorías sobre el plan de salud de la Isla, exigir la puesta en marcha del sistema de contabilidad para verificar cómo se manejan los programas y la estructura administrativa para conocer los errores en los sistemas de pagos.  

Esa legislación fue frenada después de los recientes cargos de corrupción, aunque se aprobó por unanimidad en el Comité de Energía y Comercio. 

Según el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York), los demócratas promoverán una nueva asignación en fondos de Medicaid en un ómnibus presupuestario que se puede aprobar en noviembre.

En su declaración de hoy, Grassley reconoció estar particularmente atento al porcentaje de la aportación federal por servicio de Medicaid, pues a pesar de que el tope para la Isla es de 55%, ha superado el 62% a partir de 2014, hasta llegar al 91.8%, después de autorizarse en febrero de 2018 $4,800 millones en fondos de emergencia e incrementarlo al 100%, debido a la catástrofe causada por el huracán María.

Varias fuentes han indicado que Grassley rechaza que la aportación federal aumente a 83%, como permite el proyecto cameral durante los años federales 2020 y 2021. Ese porcentaje bajaría a 76% en los años 2022 y 2023, según la medida cameral.

“Las discusiones a largo plazo han estado en curso, y como he estado revisando las declaraciones hechas por los funcionarios puertorriqueños y los nuevos datos del Departamento de Salud federal, hay inconsistencias que necesitan más explicaciones”, indicó Grassley.

Esta semana, el Senado debe aprobar una resolución de continuidad del presupuesto que permitiría mantener a un 100% la aportación federal a los servicios de Medicaid en Puerto Rico y utilizar hasta el 21 de noviembre el remanente de los $4,800 millones en fondos de emergencia, que rondarán los $400 millones a partir del 30 de septiembre. La resolución aprobada la semana pasada en la Cámara baja extiende temporalmente el presupuesto federal vigente hasta el 21 de noviembre.

La resolución, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, tiene que ser aprobada a más tardar el 30 de septiembre para evitar un cierre parcial del gobierno federal, al comenzar el 1 de octubre el nuevo año fiscal.

Aunque aportaciones especiales hayan aumentado la aportación federal a los servicios de Medicaid en Puerto Rico, el gobierno federal limita por ley permanente a $380 millones anuales el acceso a ese programa y exige al gobierno de la isla que financia el 45% del costo del cuudado médico que se provee.


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