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Congresista Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal. (GFR Media)

Washington - El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva (Arizona), pidió hoy públicamente a la jueza Laura Taylor Swain que rechace el acuerdo preliminar de reestructuración sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Este acuerdo sentenciará a los contribuyentes a décadas de pagos de deuda insostenibles y evitará que alcancen sus metas de energía más renovable y asequible. Es una victoria para los fondos de cobertura y otra derrota para el pueblo de Puerto Rico. La jueza Swain debería rechazarlo”, indicó el demócrata Grijalva.

Grijalva aludió al análisis que ha hecho el grupo de estudio Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), que concluyó que el acuerdo preliminar de reestructuración, RSA por sus siglas en inglés, va a representar un desafío para el cumplimiento de la política pública energética que el gobierno de Puerto Rico estableció por ley el mes pasado y un costo muy alto para los residentes de la Isla.

“Entre ahora y el próximo verano, las tasas subirán un 13%”, 2.8 centavos por kilovatio, han indicado Cathy Kunkel y Tom Sanzillo, de IEEFA. Pero, a largo plazo, como han advertidos otros conocedores, indicaron que el aumento puede alcanzar a largo plazo 4.6 centavos por kilovatio.

Grijalva sostuvo que el acuerdo preliminar provocará que el uso prioritario del dinero de la AEE se destine “a pagar la deuda”, en vez de “ir a mejorar el sistema eléctrico puertorriqueño o mejorar la calidad de vida en la isla”.

La semana pasada, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno de Puerto Rico anunciaron un acuerdo con el 51% de los acreedores de la AEE y la aseguradora de bonos Assured Guaranty para reestructurar la deuda de la corporación pública.

El acuerdo puede recortar un 32% del principal de la deuda por concepto de bonos de la AEE. No obstante, si las finanzas de la corporación pública mejoran, el recorte de principal se reduciría a 22%, pues los bonistas tendrían derecho a cobrar sobre una segunda serie de bonos como resultado de la transacción.


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