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Duncan Hunter. (AP)

Chicago -  Hace un mes, el republicano Duncan Hunter – aunque ya advertido de la investigación en su contra-, presionaba con fuerza en el Congreso en contra de cualquier reclamo para Puerto Rico obtener una exención en la vigencia de las normas federales de cabotaje.

Ahora, sus prioridades han cambiado. Hunter fue imputado esta semana de cargos criminales, junto a su esposa, por utilizar ilegalmente más de $250,000 de su comité electoral para productos y servicios de beneficio personal.

El jueves, en un tribunal de California, Hunter y su esposa se declararon no culpables de 60 cargos que incluyen desde fraude hasta falsificación de récords.

Ha tenido que renunciar temporalmente a la presidencia del subcomité de Transportación Marítima de la Cámara baja, y a otros puestos de liderato en el Congreso.

Hunter fue el segundo republicano del Congreso en respaldar la candidatura presidencial de Donald Trump. El primero, Chris Collins (Nueva York), también fue acusado de corrupción hace unas semanas.

Como representante de un distrito de San Diego, Hunter ha tomado la batuta en el Congreso de la defensa de la vigencia de las normas de cabotaje en Puerto Rico, que obligan a utilizar la Marina mercante estadounidense – la más cara del mundo-, para el transporte de carga entre la Isla y puertos de Estados Unidos.

Cuando sectores de la industria marítima se percataron de que el plan preliminar de recuperación que el gobierno de Puerto Rico sometería al Congreso incluiría una clara recomendación para eximir a Puerto Rico de las normas federales, el congresista Hunter se quejó el 18 de julio pasado ante la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (OCRR).

“La Ley Jones efectivamente restringe la capacidad de Puerto Rico para importar una variedad de bienes y servicios a precios más competitivos... Aunque se desconoce la magnitud exacta del efecto debido a limitaciones de datos, es probable que los precios de las importaciones en Puerto Rico, y de los bienes y servicios producidos a partir de estas importaciones, se inflen artificialmente, lo que reduce el bienestar de los productores y consumidores”, indicaba el plan preliminar del gobierno de Puerto Rico, publicado el 9 de julio.

Duncan censuró que la propuesta no incluyera data para fundamentar el reclamo. “Recomendaciones como esa hacen menos probable que recomendaciones legítimas sean apoyadas por el Congreso”, indicó Duncan en su carta del 18 de julio a la OCRR.

Una semana más tarde, el 25 de julio, Duncan celebró una mesa redonda en el Congreso, con defensores de la vigencia en Puerto Rico de las normas de cabotaje, como el vicepresidente de la empresa naviera Crowley, Michael Roberts, el vicepresidente de la unión Seafarers, Agustín Tellez, el vicepresidente para Asuntos Legislativos de Navy League, Jon Kaskin, y el socio de Reeve & Associates, John Reeve.

En San Juan, la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Rossana López advirtió entonces que la campaña de Duncan ha contado con apoyo importante de los sectores de la industria marítima que favorecen las normas de cabotaje, que exigen el uso de barcos de matrícula, propiedad y tripulación estadounidenses para el transporte de carga entre EE.UU. y Puerto Rico.

Entre los donantes de Duncan para esta sesión del Congreso, han estado los comités de acción política de American Maritime Offficers ($7,500), la unión Seafarers ($3,500) y Crowley Maritime ($3,500).


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