En total, la aprobación de la medida asignaría unos $4,670 millones para la recuperación en la isla luego de los recientes eventos naturales. (GFR Media)

Washington - La Cámara de Representantes de Estados Unidos programó oficialmente para el viernes el debate y la aprobación del proyecto de ley que permitiría asignar $4,670 millones en nuevos fondos de emergencia para Puerto Rico, tras los terremotos de principios de año.

La legislación, además, impulsa una serie de subsidios contributivos – como los créditos por ingresos devengados (EITC) y niños dependientes-, que pueden tener un impacto adicional en la Isla de cientos de millones de dólares.

Aunque el gobierno de Donald Trump ha advertido que la legislación no es necesaria en este momento, la demócrata Nydia Velázquez – una de las promotoras del proyecto de ley-, dijo hoy que tanto la speaker Nancy Pelosi como la presidenta del Comité de Asignaciones, Nita Lowey (Nueva York), están comprometidas a impulsar añadirla a cualquier proyecto que los republicanos del Senado o la Casa Blanca quieran echar hacia delante.

“Es un asunto que puede estar como negociación” para otros proyectos”, afirmó la puertorriqueña Velázquez, quien criticó que en las miles de palabras que habló el presidente Donald Trump en su mensaje sobre el Estado de la Unión no aparecieran anoche una referencia a la emergencia que su propio gobierno declaró en la Isla tras los terremotos.

Un proyecto de asignaciones que debe interesar al gobierno de Trump, según los demócratas, sería una respuesta adecuada al coronavirus. Lowey exhortó el martes al secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, a preparar una solicitud de fondos para atender ese asunto.

La semana pasada, el líder de la mayoría demócrata de la Cámara baja, Steny Hoyer (Maryland), indicó a El Nuevo Día que enviarían la legislación esta semana al Senado, el cual los republicanos dominan 53 a 47-, “en busca de atender de inmediato las consecuencias de los terremotos”.

El proyecto de ley 5687 de la congresista Lowey persigue otorgar a Puerto Rico $4,670 millones en fondos de emergencia, que pudieran utilizarse indistintamente con los fondos previamente legislados para atender la catástrofe causada por el huracán María.

La legislación asigna $3,260 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), $1,250 millones para mejoras a carreteras y $100 millones para las necesidades en el área de educación.

Incluye, además $40 millones en asistencia alimentaria, $15 millones para apoyo técnico a la red eléctrica y $6.75 millones para análisis deriesgos de terremotos, mejorar la planificación energética a largo plazo, crear conciencia sobre la situación energética y fortalecer la seguridad cibernética de la infraestructura crítica.

La comisionada González, quien había solicitado los fondos de asistencia alimentaria, presentó una enmienda para que se eleve de $40 millones a $210 millones esa ayuda. Dijo que en la reunión que tuvo con el senador republicano Rick Scott (Florida), junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, hablaron de la legislación, aunque volvió a cuestionar que los republicano no se sentaran antes con los republicanos a trabajar el proyecto.

Dijo, sin embargo, que no discutió el proyecto en la reunión que tuvieron con el que sería el próximo coordinador federal de la Casa Blanca para la reconstrucción de Puerto Rico, Peter Brown.

“Voy a estar a favor y lo voy a impulsar”, señaló la comisionada González.

La medida incorpora el lenguaje de un proyecto aprobado en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes para financiar en gran medida en Puerto Rico la puesta en marcha de créditos contributivos por ingresos devengados (EITC, por su siglas en inglés) y niños dependientes (CTC), que pueden tener un impacto económico en la Isla de más de $800 millones.

Así mismo, persigue hacer permanente el aumento en el reembolso por el arbitrio al ron – garantizando 46 centavos al Fideicomiso de Conservación- revive, para la emergencia de los terremotos, los créditos federales a patronos que han retenido empleados y asigna $500 millones para créditos por inversiones en comunidades de escasos recursos, y $50 millones en créditos para vivienda a personas de escasos recursos.

Informe de Recursos Naturales

Previo a la votación, la dirección del Comité de Recursos Naturales publicó un informe en el que resume la situación en la que se encontraba la isla después de los terremotos de los días 6 y 7 de enero, que fueron los más fuertes.

El informe alude al escándalo sobre la negligencia en el uso del almacén de suministros de Ponce que administra el Negociado para el Manejo de Emergencias y Asistencia por Desastres (NMEAD). “Un plan para atender terremotos hubiese facilitado la distribución de los suministros de emergencia”, indica el documento, suscrito por el presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

También apunta a los daños que recibió el sistema eléctrico de Puerto Rico. “Los terremotos otra vez desestabilizaron el sistema eléctrico de Puerto Rico y acentuaron la importancia de dar prioridad a la inversión en una sistema energético confiable y con fuentes renovables”, agrega el informe.

Grijalva – cuya comisión tiene jurisdicción primaria sobre los temas de la Isla – recomienda la aprobación del proyecto de asignaciones de emergencia para “asegurar que Puerto Rico tenga la ayuda federal que necesita para inversión en vivienda e infraestructura y su recuperación de los terremotos”.

El jefe del Comité de Recursos Naturales reitera, además, el respaldo a legislación que financie adecuadamente el acceso de Puerto Rico al crédito por niños dependientes, y los programas Medicaid y Medicare.

Y advierte de la importancia de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la Isla de prioridad a un financiamiento adecuado para “los servicios esenciales públicos de la isla”.

Grijalva ha tenido bajo consideración un borrador de ley sobre reformas a la ley Promesa que incluyen poner trabas a los recortes a servicios esenciales públicos, como en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Su interés era llevar a votación en diciembre o enero pasados un proyecto de ley. Todavía no ha programado la sesión de votación sobre ese asunto.


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