Sede de la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce. (GFR Media) (semisquare-x3)
Sede de la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce. (GFR Media)

Washington - Treinta y seis demócratas del Congreso exhortaron hoy a los presidentes de las cámaras legislativas de Puerto Rico a frenar el acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el cual consideran deficiente y dañino para la economía de la isla.

Los expertos nacionales y locales están de acuerdo en que el nuevo RSA de la AEE es excesivamente generoso para los acreedores”, indicaron cuatro senadores y 32 congresistas demócratas en una carta – adelantada a El Nuevo Día-,  que fue enviada a los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

La carta fue promovida por el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, Raul Grijalva (Arizona), y la  congresista boricua Nydia Velázquez (Nueva York).

Los firmantes incluyen a los senadores Elizabeth Warren (Massachusetts), Bernie Sanders (Vermont), Robert Menéndez (Nueva Jersey) y Kirsten Gillibrand (Nueva York), y los congresistas boricuas Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), José Serrano (Nueva York) y Darren Soto (Florida). Grijalva y Velázquez se habían expresado previamente en contra del acuerdo.

Warren, Sanders y Gillibrand son aspirantes a la candidatura presidencial demócrata.

Al acentuar que representa un mal negocio para Puerto Rico, los legisladores demócratas indicaron que expertos en política pública fiscal recomiendan reducir la deuda total de la Isla en un 80% y la transacción sobre la AEE pudiera solo recortar el 22.5% de las obligaciones generales de la corporación pública.

Prevén que el acuerdo generará aumentos en las tarifas, y  chocará con los esfuerzos dirigidos a crecer la economía y transformar el sistema energético en uno fundamentado en fuentes renovables.

“La ley de política pública energética de Puerto Rico reconoce que el futuro crecimiento económico de Puerto Rico depende de lograr energía asequible. Tarifas eléctricas más altas son perjudiciales para la economía local, causando que las empresas operen con márgenes de ganancia reducidos, dejándoles con menos capacidad para expandirse y contratar empleados”, indicaron los senadores y congresistas en la carta.

También advirtieron que “el nuevo RSA va directamente en contra de la política pública energética que busca ir hacia un sistema más descentralizado y una generación de energía basada en fuentes renovables”.

Al impulsar el asunto en la Cámara baja, Grijalva y Velázquez advirtieron que “los puertorriqueños todavía se recuperan de los impactos devastadores del huracán María”.

Aunque el acuerdo de reestructuración deberá ser aprobado en el tribunal de bancarrota que preside la jueza Laura Taylor Swain, para poder ser viable se requerirán enmiendas de ley, como al estatuto 4 de 2016 sobre la transformación de la AEE, según el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer.

El senador Eduardo Bhatia, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, sostuvo que hasta 15 leyes pudieran tener que ser revisadas.

El miércoles, la jueza Swain advirtió que una moción presentada por la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas y la AEE para aprobar el RSA, carece de datos macroeconómicos y conclusiones de derechos que permitan examinar si la transacción es razonable.

Ante el tribunal, la Unión Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el Instituto de Sostenibilidad y Competitividad Energética, entre otros, han argumentado que el RSA altera las prioridades de pago en esa corporación pública y afectarían negativamente la economía de la isla.

Cuando solicitó firmas para la medida, el demócrata Grijalva afirmó que de acuerdo al Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA, en inglés) el RSA significará para Puerto Rico $23,000 millones adicionales en tarifas durante los próximos 48 años.

Bajo el RSA, la AEE impondría un cargo de transición que para 2044 alcanzaría los 4.552 centavos por kilovatio hora (c/kWh), lo que representa un incremento del acuerdo rechazado en 2018, cuando se fijó en 4.348 (c/kWh). Mientras el cargo de transición es más alto, sin contar otros impuestos que establece el acuerdo, el recorte de la deuda de $9,000 millones es similar al alcanzado hace unos 10 meses: 32.5%, aunque puede bajar a 22.5% si mejoran las finanzas de la AEE.

El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, ha prometido que las alzas serán mitigadas por ahorros como la conversión a gas natural de plantas que ahora utilizan combustible. Pero, los grupos como IEEFA han advertido que no han visto ningún plan concreto a esos efectos.


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