En enero de 2017, la CIDH decidió a examinar a fondo la querella presentada por el exgobernador Pedro Rosselló hace 12 años. (GFR Media) (semisquare-x3)
En enero de 2017, la CIDH decidió a examinar a fondo la querella presentada por el exgobernador Pedro Rosselló hace 12 años. (GFR Media)

Washington -  Cuatro delegados de territorios ante el Congreso expresaron su respaldo a la petición para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgue una audiencia a la denuncia de que la falta de representación de los residentes de Puerto Rico en el gobierno federal violenta sus derechos humanos y civiles.

La comisionada de Puerto Rico residente en Washington, Jenniffer González, y los delegados de Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, Guam, Madeleine Bordallo, y las Islas Marianas del Norte, Gregorio Kilili Camacho Sablan, enviaron una carta a la CIDH en apoyo a la petición que ha hecho el exgobernador Pedro Rosselló.

En marzo, el exgobernador Rosselló solicitó una audiencia pública de la CIDH sobre la denuncia de violación de derechos humanos y civiles que mantiene contra Estados Unidos por no concederle a los residentes de Puerto Rico el derecho al voto por el presidente ni una representación en el Congreso.

La petición busca que la audiencia sea incluida en el calendario del período de sesiones 169 de la CIDH - adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA)-, que ha sido programada para los días del 1 al 5 de octubre, en Boulder, Colorado.

En enero de 2017, la CIDH decidió a examinar a fondo la querella presentada por el exgobernador hace 12 años.

En una carta del 31 de agosto, los delegados de territorios indicaron que como representantes de casi cuatro millones de ciudadanos estadounidenses que no pueden votar por el presidente de Estados Unidos ni elegir congresistas, consideran que el status territorial “es una violación de los derechos humanos fundamentales”.

Orlando Vidal, abogado del exgobernador Rosselló ante la CIDH, refirió el domingo la carta de los legisladores federales a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y sus otros seis miembros.

El abogado estadista Gregorio Igartúa también ha pedido una audiencia este otoño sobre su denuncia, en la que establece específicamente que la exclusión de Puerto Rico del colegio electoral estadounidense constituye una violación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando admitió la querella de Rosselló, la CIDH advirtió que, si le da la razón, Estados Unidos estaría violando el derecho de los puertorriqueños de la isla a ser tratados con igualdad bajo la ley y el derecho al voto y a la participación en el gobierno que establece sus leyes.

La CIDH determinó en 2003, en un caso parecido, que Estados Unidos le niega la “igualdad de derechos” a los residentes de Washington D.C., “debido a su lugar de residencia”, al no otorgarles representación plena en el Congreso de Estados Unidos.

“La Comisión considera que los argumentos presentados por los peticionarios levantan preguntas concernientes a los derechos de las presuntas víctimas y las obligaciones correspondientes del Estado, que requieren un análisis en sus méritos”, indicó el informe de la CIDH sobre la admisibilidad de la petición presentada por el exgobernador Rosselló.


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