Eduardo Pagán, presidente de la Asociación de Navieros de Puerto Rico (semisquare-x3)
Eduardo Pagán, presidente de la Asociación de Navieros de Puerto Rico. (GFR Media)

Washington - La Asociación de Navieros considera que Puerto Rico tiene tiempo para prepararse para asegurar el transporte de gas natural desde Estados Unidos, si la transformación del sistema eléctrico se dirige hacia un mayor uso de ese combustible e importarlo de Estados Unidos fuese la mejor opción económica.

Eduardo Pagán, presidente de la Asociación de Navieros y gerente general de Tote Maritime, indicó que en otras jurisdicciones el tipo de transformación tecnológica que puede querer hacer el gobierno de Puerto Rico en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) toma mucho tiempo, quizá cuatro o cinco años.

Por el contrario, la construcción de una barcaza que cumpla con el potencial de las necesidades del gobierno de Puerto Rico puede tardar dos años, si se diera un acuerdo entre el gobierno o la empresa que vaya a querer transportar gas natural desde EE.UU. y una empresa naviera interesada en fabricarlo, sostuvo Pagán.

Bajo las normas federales de cabotaje, el transporte de carga marítima entre Estados Unidos y Puerto Rico tiene que hacerse en barcos que son fabricados, propiedad, bandera y tripulación estadounidenses.

El gobierno de Puerto Rico ha argumentado que no hay barcos estadounidenses disponibles de cara a su interés en comprar gas natural en Estados Unidos para sus planes de transformación del sistema eléctrico de la Isla, por lo que solicitó al gobierno federal una dispensa de 10 años en las normas de cabotaje, reguladas por la ley Jones de 1920, para el transporte de ese combustible.

Para Pagán, el gobierno de Puerto Rico se equivocó al solicitar una dispensa de 10 años en las normas de cabotaje para el transporte de gas natural, si la petición se hizo a base de una defensa de la “seguridad nacional” de Estados Unidos.

“El tema para Puerto Rico no es de seguridad nacional, sino de corte económico”, asumiendo que les es más barato adquirir el gas natural en EE.UU., dijo.

En ese sentido, Pagán indicó que la alternativa que verdaderamente tiene el gobierno de Puerto Rico es solicitar el transporte de gas natural con una dispensa específica para ciertos barcos no estadounidenses, como el que se otorgó a la Isla en 2012, pero no se puso en marcha debido a la cancelación del proyecto del Gasoducto.

A corto plazo, el gobierno de Puerto Rico quiere gasificar dos unidades de la central de San Juan. Pero, Pagán dijo que tiene entendido que la propuesta de la AEE persigue adquirir el gas natural para esas dos unidades en Jamaica.

“Para incrementar el uso de gas natural se tiene que hacer una transformación significativa de la tecnología que tienen en estos momentos, en cualquiera de las plantas que vayan a hacer ese proyecto. Eso es un proceso que va a tomar mucho, pero mucho tiempo, en lo que procuras la tecnología, en lo que la transportas, la comisionas, es decir la instalas y la pones a trabajar”, indicó.

Pagán sostuvo que la Asociación de Navieros no ha intervenido en la solicitud presentada por el gobierno de Puerto Rico ante los departamentos de Defensa y Seguridad Interna.

Pero, consideró acertados los argumentos del liderato del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes en contra de la dispensa, por considerar que no cumple con los requisitos de que sea en beneficio de la “seguridad nacional” de Estados Unidos. “Estamos avalando esa posición, porque es lo correcto”, dijo Pagán, al indicar que las posibilidades para Puerto Rico de obtener alguna dispensa son de corte económico, si es más barato comprar y transportar el gas natural desde EE.UU..

Esta semana, el liderato del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes pidió al Departamento de Seguridad Interna negar la dispensa solicitada por el gobierno de Puerto Rico.

“Pensamos que no existen razones válidas de defensa nacional para respaldar esta solicitud de exención de la ley Jones para Puerto Rico, especialmente por un período de 10 años”, indicaron el presidente del Comité, el demócrata Peter DeFazio (Oregón), y el portavoz republicano Sam Graves (Misuri), en una carta a la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen M. Nielsen.

La carta, divulgada el miércoles en la noche, está suscrita también por el presidente del subcomité de la Guardia Costera y Transportación Marítima, el demócrata Sean Patrick Maloney (Nueva York), y el portavoz republicano de esa subcomisión, el republicano Bob Gibbs (Ohio).


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