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En la foto, el exgobernador Pedro Rosselló González. (GFR Media)

Washington - El exgobernador Pedro Rosselló González ha solicitado una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la denuncia de violación de derechos humanos y civiles contra Estados Unidos por no concederle a los residentes de Puerto Rico el derecho al voto por el presidente ni  representación en el Congreso.

Orlando Vidal, abogado de Rosselló González, envió el lunes una carta al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, para que la audiencia sea incluida en el calendario del período de sesiones 169 de la CIDH - adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA)-, previsto para los días del 1 al 5 de octubre, en Boulder, Colorado.

Rosselló sometió su querella en 2006. El 27 de enero de 2017, la CIDH decidió a examinar a fondo la querella.

La CIDH notificó el 3 de marzo de 2017 al exgobernador Rosselló González y al Comité Asunto Inconcluso de la Democracia Americana la admisión de la querella. 

“Lo que está en juego en este caso son los derechos humanos fundamentales de tres millones y medio de personas, incluido su derecho a votar y participar en su gobierno, a un trato igual ante la ley y a ser reconocidos como personas que tienen y merecen derechos civiles. Respetuosamente, no podemos pensar en ningún otro caso pendiente ante esta Comisión cuya resolución afectaría tantas y tan significativamente como lo haría la resolución de este caso. En consecuencia, instamos a la Comisión a que otorgue audiencia a los peticionarios durante su próximo período de sesiones”, indica la petición hecha por el abogado Vidal, a nombre del exgobernador.

Rosselló González preside además la Comisión de Igualdad que creó su hijo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para promover la estadidad.

La Comisión de Igualdad y el gobierno de Puerto Rico han apoyado la iniciativa del exgobernador.

La CIDH ha indicado que si da la razón a los querellantes, Estados Unidos estaría violando el derecho de los puertorriqueños de la isla a ser tratados con igualdad bajo la ley y el derecho al voto y a la participación en el gobierno que establece sus leyes.

En 2003, la CIDH determinó que Estados Unidos le niega la “igualdad de derechos” a los residentes de Washington D.C., “debido a su lugar de residencia”, al no otorgarles representación plena en el Congreso de Estados Unidos. 

“La Comisión considera que los argumentos presentados por los peticionarios levantan preguntas concernientes a los derechos de las presuntas víctimas y las obligaciones correspondientes del Estado, que requieren un análisis en sus méritos”, indica el informe de la CIDH sobre la admisibilidad de la petición presentada por el exgobernador Rosselló González.

El gobierno de Estados Unidos ha respondido que “el derecho a trato igual bajo la ley significa que la ley no puede tratar de forma diferente a personas bajo la misma situación”.

En ese sentido, Estados Unidos mantiene, según la CIDH, que los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no están en la misma situación que los que residen en los estados y el Distrito de Columbia, “sino que en la misma situación que los ciudadanos que residen en otros territorios estadounidenses como Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses”, por lo que “los ciudadanos que residen en Puerto Rico son tratados igual que se trata a los ciudadanos que residen en otros territorios”.


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