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Tribunal Supremo de Estados Unidos. (Agencia EFE)

Washington — El Tribunal Supremo permitió que el gobierno del presidente Donald Trump mantenga su política de restricciones a refugiados.

Los jueces accedieron el martes a una solicitud del gobierno para bloquear el fallo de un tribunal menor que habría aliviado las restricciones migratorias y permitiría que unos 24,000 refugiados ingresaran al país antes de que finalizara octubre.

Pero la orden no es la última palabra de la corte sobre la restricción migratoria que decretó Trump en enero pasado. Los magistrados tienen programada una audiencia de argumentos para el 10 de octubre sobre la legalidad de las restricciones a viajeros de seis naciones de mayoría musulmana y a refugiados de cualquier lugar del mundo.

Sin embargo, no está claro qué es lo que queda por decidir. La restricción de viaje por 90 días vence a finales de septiembre y la prohibición de ingreso de refugiados por 120 días expira un mes después.

El gobierno aún no ha dicho si buscará renovar las medidas, establecerlas de manera permanente o expandir las restricciones para viajantes de otros países.

Tribunales menores han fallado que las restricciones violan la Constitución y la ley migratoria federal. La Corte Suprema ha accedido a revisar dichas decisiones. Hasta el momento, ha intervenido para evaluar qué partes de la política pueden entrar en vigor mientras tanto.

En junio pasado, los jueces dijeron que el gobierno no podía ejercer las restricciones contra personas que cuentan con una relación “bona fide” con personas o entidades dentro de Estados Unidos. Los jueces se negaron a definir de manera más precisa los requerimientos de relación.

Un panel de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito, con sede en San Francisco, ratificó la orden de un juez de distrito que habría permitido el ingreso de refugiados a Estados Unidos en caso de que una agencia de reasentamiento en el país hubiera accedido a acogerlos.

El gobierno federal apeló, argumentando que la relación entre refugiados y agencias de reubicación no debería ser considerada. La Corte Suprema admitió el alegato, al menos por ahora.


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