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Donald Trump. (AP)

El gobierno del presidente Donald Trump anunció hoy que buscará endurecer, administrativamente, el requisito de trabajo para los beneficiarios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), que es el que sirve a los estados, Washington D.C., Guam e Islas Vírgenes estadounidenses.

La propuesta, anunciada por el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, limitará las posibilidades de condados y ciudades de solicitar dispensas y evitar exigir a los beneficiarios del SNAP con capacidad para trabajar y una edad entre los 18 y 49 años, cumplir con 80 horas laborales al mes.

Bajo las normas actuales, las personas entre los 18 y 49 años que tienen capacidad para trabajar solo pueden recibir los beneficios durante tres meses cada tres años.

La nueva regla que se sugiere impedirá que los estados con un desempleo de 7% o menos pueden eximir de los requisitos de trabajo a un 15% de los beneficiarios del plan, como ocurre ahora. Los gobiernos locales y estatales habían podido, además, sumar los porcentajes no solicitados para futuros años. La regla que se propone ya no lo permitirá.

La norma, además, requeriría que las dispensas a una ciudad o condado no exceda un año y que sea aprobada por el gobernador.

Puerto Rico – donde el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas forcejean sobre la implantación de requisitos de trabajo para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN)-, está fuera del programa SNAP.

La nueva norma administrativa – que ahora estará sujeta a 60 días de comentarios-, se intenta poner en vigor después de que el Congreso rechazara endurecer los requisitos del SNAP por medio de la ley agrícola, que era firmada esta tarde por el presidente Trump.

Bajo la propuesta que impulsó sin éxito la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, entre otras cosas, la edad de las personas a los que se le pudiera limitar el beneficio de SNAP se aumentaba a 59.

“A medida que los beneficios estén disponibles para quienes realmente los necesitan, también debemos alentar a los participantes a que tomen medidas proactivas hacia la autosuficiencia. Llevar a las personas al trabajo es una política pública de sentido común, particularmente en un momento en que la tasa de desempleo está en un nivel generacional bajo", indicó el secretario Perdue.

Robert Greenstein, del Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarias (CBPP), afirmó que los más afectados con la nueva norma “serían aquellos con mayores dificultades en el mercado laboral, incluidos los adultos que no tienen más que una educación secundaria, cuya tasa de desempleo es mucho más alta que la tasa general de desempleo, y las personas que viven en áreas rurales donde los empleos son a menudo más difíciles de conseguir”.

“Las personas de color correrían un riesgo particular, debido a sus tasas de desempleo mucho más altas y la discriminación racial continua en los mercados laborales”, agregó Greenstein.

Puerto Rico

Un portavoz del Departamento de Agricultura confirmó que la norma administrativa no aplicaría al PAN de Puerto Rico.

Pero, su puesta en marcha coincide con la presión que ejerce la JSF sobre el gobierno de Ricardo Rosselló para implante requisitos de trabajo a los beneficiarios del PAN.

“Si esto se implementa en Puerto Rico el resultado principal será una reducción en el número de beneficiarios y un aumento en el número de hombres, mujeres y niños pasando hambre”, indicó Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).


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